SIN LUGAR la cuestión previa por defecto de forma opuesta por los apoderados de la sociedad mercantil Sheraton de Venezuela C. A., parte co-demandada en el presente proceso, prevista en el ordinal 6º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, por no haberse llenado en el libelo los requisitos previstos en los ordinales 4° y 5° del artículo 340 eiusdem.

Por las razones antes expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo Accidental "A", declara: SIN LUGAR la apelación ejercida. Se CONFIRMA, con las modificaciones expuestas, la decisión dictada por el Juzgado Superior Tercero de Transición de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 31 de marzo de 2003.

DESISTIDO el recurso de apelación; FIRME el fallo apelado.

SIN LUGAR recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el abogado Juan José Barrios Padrón, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 71.290, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano ALBERTO JOSÉ DIAZ CASTRO, contra el acto administrativo emanado de la acto administrativo Nº 3 emanado en fecha 13 de diciembre de 2002, por la CONTRALORÍA INTERNA DE LA ASAMBLEA NACIONAL mediante el cual se declaró la responsabilidad administrativa del accionante, en su condición de Jefe de la División de Contabilidad de la Asamblea Nacional , mediante el cual se declaró la responsabilidad administrativa del prenombrado ciudadano y se le impuso sanción de multa por la cantidad de dos millones doscientos diecisiete mil seiscientos bolívares con cero centimos (Bs. 2.217.600,00)

En virtud de las consideraciones antes expuestas, se declara: CON LUGAR la inhibición presentada por la Jueza Anabel Hernández Robles, en fecha 7 de agosto de 2012.

SIN LUGAR el recurso de apelación interpuestos, en consecuencia: CONFIRMA el fallo apelado.

SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto; CONFIRMA la sentencia dictada por el Juzgado Superior Tercero de Transición de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 31 de marzo de 2003.

ORDENA notificar a LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, así como al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE TERRESTRE, una vez conste en autos el recibo de la última de las notificaciones ordenadas, para que en un plazo de quince (15) días de despacho se sirva de enviar toda la información relativa a los linderos de la porción de terreno a expropiar. Igualmente se ordena a la Secretaria de esta Corte practicar las notificaciones a los miembros de las SUCESIONES CORAO y PRIETO, así como de los ciudadanos CARLOS OWALDO GUERRA MAITA Y CLARA DIAZ, de acuerdo a lo expuesto en el presente fallo.

1.- La NULIDAD de todas las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al lapso de fundamentación a la apelación. 2.- Se REPONE la causa al estado de que se inicie el lapso de contestación a la fundamentación de la apelación, contado a partir de que conste en autos la notificación de las partes, y, por consiguiente, la continuación del procedimiento de segunda instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Se dictó auto en la presente causa, mediante lla cual esta Corte: ORDENA al ciudadano Presidente del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), remita a esta Corte en el lapso de diez (10) días continuos, contados a partir de la notificación del presente auto, los antecedentes administrativos relacionadas con la presente causa, y se advierte que la omisión o retardo en la remisión a esta Corte de dicha documentación, podrá ser sancionada con multa entre cincuenta unidades tributarias (50 U.T.) y cien unidades tributarias (100 U.T.), conforme a lo establecido en el artículo 79 ejusdem. Igualmente este Órgano Jurisdiccional advierte, que de no traerse a los autos la documentación requerida, esta Corte procederá a decidir conforme a los elementos que constan en autos.