Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- La NULIDAD PARCIAL del auto emitido por este Órgano Jurisdiccional en fecha 15 de mayo de 2012, únicamente en lo relativo al inicio del procedimiento de segunda instancia, así como la nulidad de todas las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al mismo. 2.- REPONE la causa al estado de que se libren las notificaciones a que hubiera lugar para que se dé inicio al procedimiento de segunda instancia de conformidad con los artículos 90, 91 y 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1.- SU COMPETENCIA para conocer de la apelación interpuesta por la abogada Nuris Elena Medina Rivero, actuando con el carácter de apoderada judicial de la ciudadana Yvonne Becker Mulich, contra el fallo dictado en fecha 28 de mayo de 2008, por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante el cual declaró sin lugar del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por los apoderados judiciales de la ciudadana YVONNE BECKER MULICH, contra la Providencia Administrativa Nº 226-2005 de fecha 18 de abril de 2005, emanada de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL MUNICIPIO GUAICAIPURO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, 2. DESISTIDA la apelación interpuesta y 3. FIRME el fallo dictado por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 28 de mayo de 2008.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto el 1º de noviembre de 2007 por la abogada Ofelmina Lozano Vargas, actuando con el carácter de apoderada judicial del ciudadano ANIBAL ROLANDO OCHOA ESCOBAR, antes identificados, contra la sentencia proferida por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 29 de octubre de 2007, mediante la cual declaró inadmisible el recurso contencioso administrativo funcionarial incoado; 2. SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido; 3.- CONFIRMA la sentencia apelada.

Se dicto decisión mediante la cual esta Corte: 1.- Que es COMPETENTE para conocer la apelación interpuesta por la apoderada judicial de la ciudadana NOEMÍ DEL CARMEN MARTINEZ DE SIVIRA, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Primero de Transición de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante la cual declaró inadmisible la querella funcionarial interpuesta contra la INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S), 2. La PÉRDIDA DEL INTERÉS y la EXTINCIÓN DEL PROCESO en el recurso de apelación ejercido por la abogada Aura Elena Rincón de Kassar, contra la sentencia de fecha 27 de junio de 2003, dictada por el Juzgado Superior Primero de Transición de los Contencioso Administrativo de la Región Capital. Se ordenó le remisión del expediente al Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte: 1. Declaró QUE ES COMPETENTE para conocer las apelaciones interpuestas en fecha 31 de julio de 2003, por el abogado Edgar Arteaga Chirinos, actuando con el carácter de apoderado judicial de la UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA (UCV), contra el auto dictado por el aludido Juzgado Superior, el 30 de julio de 2003, en cuanto a la negativa de la prueba de inspección judicial y el 5 de agosto de 2003, por el ciudadano EDUARDO SÁNCHEZ, asistido por la abogada Dorgi Doralys Jiménez Ramos, contra el mencionado auto en cuanto a la negativa de la admisión de la prueba de informes promovida en los Capítulos Segundo, Tercero y Cuarto de su escrito de promoción de pruebas. 2.- Declaró SIN LUGAR las apelaciones incoadas. 3.- CONFIRMÓ el auto de fecha 30 de julio de 2003, dictado por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital. Se ordenó la remisión del expediente al mencionado Juzgado.

Se dictó resolución mediante la cual esta Corte delcaró: 1.- La NULIDAD de las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al lapso de fundamentación a la apelación, salvo lo indicado en la parte motiva de la presente decisión. 2.- Se REPONE la causa al estado de iniciar el lapso de contestación a la fundamentación de la apelación, contado a partir de que conste en actas la última de las notificaciones de las partes y, por consiguiente, la continuación del procedimiento de segunda instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 92 y siguientes de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaróTEMPESTIVA la solicitud de ampliación de la sentencia Nro. 2012-0148 dictada por esta Corte en fecha 8 de febrero de 2012 en el punto 4.3 del referido fallo; PROCEDENTE la solicitud de ampliación. En consecuencia: Se AMPLIA la decisión Nº 2012-0148 de fecha 8 de febrero de 2012 dictada por esta Corte. Se ORDENA la Gobernación del Estado Miranda proceder al pago de las prestaciones sociales de la demandante. Se ORDENA al demandando el pago de los intereses de mora sobre las prestaciones sociales. ORDENA la designación de un único perito para la realización de la experticia complementaria del fallo. IMPROCEDENTE la solicitud de indexación sobre las prestaciones sociales. IMPROCEDENTE la solicitud del cálculo del monto de la jubilación realizada conforme al artículo 105 de la derogada Ley Orgánica de Educación. TÉNGASE la presente decisión como parte integrante de la sentencia Nro. 2012-0148 dictada por esta Corte el 8 de febrero de 2012

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- ACEPTA LA COMPETENCIA para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con acción de amparo cautelar por el ciudadano ANTONIO JORGE TAHHAN JUNCAL contra el oficio Nº DIVI-07-4-1407, de fecha 21 de marzo de 2011, emanado de la DIRECCIÓN NACIONAL DEL CUERPO TÉCNICO DE VIGILANCIA DEL TRANSPORTE TERRESTRE. 2. Se CONVALIDA la admisión de la demanda realizada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital y las notificaciones realizadas. 3. Se REVOCA la sentencia de fecha 2 de mayo de 2001 dictada por el Juzgado a quo . Se REPONE la presente causa al estado de fijar la audiencia de juicio, previa notificación de las partes, de conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Se dictó resolución mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por el abogado Agustín Iglesias V. y José Rafael Quintana Rosales, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil CENTRO MÉDICO DOCENTE ADAPTÓGENO, S.A., contra la decisión dictada en fecha 13 de octubre de 2006, dictada por el Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital que declaro SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad contra el acta de fecha 29 de septiembre de 2005 dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL MUNICIPIO GUACAIPURO DEL ESTADO MIRANDA, en la cual se ordenó la reincorporación del ciudadano José Gregorio Torrealba Terán de conformidad con el artículo 454 de la Ley Orgánica del Trabajo. 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3.- CONFIRMA el fallo apelado.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte: 1. Declaró IMPROCEDENTE la impugnación del poder incoada por Nelson E. Hernández, al poder otorgado por Bernardo Díaz en su condición de Director de Euramer, S.A., al abogado Armando Blanco Rodríguez. 2. ACOGIÓ el resultado de la aplicación de la corrección monetaria, a favor del ciudadano Martín José Figuera Salcedo y a la empresa Euramer, S.A. 3.- ORDENÓ notificar al ente expropiante de la presente decisión, a fin de que emitiera las órdenes de pago a favor de las personas identificadas supra, correspondientes a las indemnizaciones expropiatorias más el monto correspondiente por concepto de intereses moratorios calculados desde el 13-08-1999, hasta la fecha del pago definitivo. 4. ORDENÓ oficiar al INE, a los fines de que realice la actualización de la indemnización ordenada.