En el recurso de apelación interpuesto por la Representación Fiscal del Ministerio Público en contra del fallo de fecha 26 de abril de 2006, emanado del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, que declaró Con Lugar la acción de amparo constitucional ejercida por la empresa BINGO MIRANDA, C.A. en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE CASINOS, SALAS DE BINGO Y MÁQUINAS TRAGANÍQUELES y EL DESTACAMENTO Nº 47 DE LA GUARDIA NACIONAL, esta Corte dictó decisión, mediante la cual declaró: 1. SU COMPETENCIA para conocer dicho recurso de apelación e; 2. INADMISIBLE la acción de amparo constitucional incoada.

En la medida cautelar de suspensión de efectos interpuesta en la demanda de nulidad incoada por el Representante Judicial de la Sociedad Mercantil Zoom International Services, C.A., contra la Resolución dictada en la sesión Nº10-2005 del punto Nº 14 de fecha 6 de mayo de 2005, emanada del Directorio del Instituto Autónomo Consejo Nacional de la Vivienda, esta Corte declara: 1.- Improcedente la medida cautelar de suspensión de efectos solicitada; 2.- Ordena anexar copia certificada de la presente decisión a la pieza principal de la causa, contenida en el expediente judicial Nº AP42-G-2012-000898, así como el presente cuaderno separado.

En el recurso de apelación interpuesto en fecha 4 de marzo de 2010, por el Abogado Francisco Sandoval, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de la ciudadana LILIAN MILAGROS NAVEDA MIRANDA, contra la decisión dictada en fecha 15 de enero de 2010, por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró Sin Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la referida ciudadana, contra el INSTITUTO MUNICIPAL DE CRÉDITO POPULAR DEL MUNICIPIO BOLIVARIANO LIBERTADOR DEL DISTRITO CAPITAL, esta Corte dictó decisión por medio de la cual declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación interpuesto, 2. CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto, 3. ANULA el fallo apelado, 4. PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.

En la presente demanda de reclamo por omisión interpuesta conjuntamente con medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar, por el Abogado Jesús Rafael González Sánchez, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de los ciudadanos OMAIRA JACQUELINE URIEPE, JESÚS RAFAEL URIEPE, GILBERTO JOSÉ URIEPE y ENMANUEL EDUARDO MARTÍNEZ URIEPE, contra la GERENCIA DEL DISTRITO CAPITAL Y ESTADO VARGAS DEL INAVI, DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA VIVIENDA Y HÁBITAT, esta Corte dictó decisión por medio de la cual declaró: 1. DESISTIDO el procedimiento contentivo de la presente demanda.

En el recurso de apelación interpuesto en fecha 28 de abril de 2003, por la Abogada Milagro Urdaneta Cordero, actuando con el carácter de Apoderada Judicial de la recurrida, y la apelación ejercida el 3 de abril de 2003, por el ciudadano Juan Carlos Pinto Giraldi, actuando en su propio nombre y representación, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Segundo de Transición de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 20 de marzo de 2003, que declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra la hoy día SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO (SUDEBAN), esta Corte dictó decisión por medio de la cual declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación interpuesto, 2. SIN LUGAR los recursos de apelación interpuestos, 3. CONFIRMA con la reforma indicada el fallo apelado, 4. Ordena una experticia complementaria del fallo.

En la inhibición planteada en fecha 23 de mayo de 2013, por la Jueza Hirda Soraida Aponte, en su carácter de Jueza Provisoria del Juzgado Superior en lo Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Región Sur, en el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el Abogado Marcos Goitia, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de la ciudadana DELSY DEL CARMEN MARTÍNEZ, contra la FUNDACIÓN DEL NIÑO SECCIONAL APURE, esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró: 1- Que es Competente para conocer la inhbición formulada 2- Con Lugar la inhibición propuesta y 3- Ordenó Notificar de la presente decisión, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la publicación del presente fallo, a la ciudadana Hirda Soraida Aponte, en su carácter de Jueza Provisoria del Juzgado Superior en lo Civil (Bienes), y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Apure, y Municipio Arismendi del estado Barinas.

En el recurso de apelación ejercido en fecha 1 de julio de 2003, por la Representación Judicial de los ciudadanos Wanessa Del Valle Luy Derett y otros, contra la sentencia dictada en fecha 12 de mayo de 2003, por el Juzgado Superior Segundo de Transición de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra el Ministerio De Educación, hoy Ministerio del Poder Popular para la Educación, esta Corte dictó sentencia por medio de la cual declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación interpuesto, 2. REVOCA por orden público el fallo dictado en fecha 12 de mayo de 2003, por el Juzgado Superior Segundo de Transición de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital; 3. INADMISIBLE el recurso contencioso administrativo funcionarial ejercido por los referidos ciudadanos; 4. SE ADVIERTE que aquellos ciudadanos que actuaron como recurrentes en la presente causa.

En el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con amparo cautelar y subsidiariamente medida cautelar innominada y de suspensión de efectos por el Abogado Pedro Ossorio Caraballo, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo el Nº 111.971, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de la Sociedad Mercantil ROLINERAS TÉCNICAS ROLITEC, C.A., contra el acto administrativo identificado bajo el Nº PRE-VECO-GCP-015402, de fecha 13 de junio de 2011, emanado de la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI), esta Corte dicto sentencia mediante la cual declaró: DESISTIDO el presente procedimiento del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: Se ACUERDA que el monto establecido mediante el oficio Nº CJ-Cjaaa-ALAP-2013- 0082 de fecha 10 de mayo de 2013, emanado de la Consultoría Jurídica del Banco Central de Venezuela el cual es de DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO NUEVE CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS (BS. 224.109,77), constituye el monto establecido para el pago de la justa indemnización a favor de la sociedad mercantil INVERSIONES MACARAO, C.A. en el presente juicio de expropiación. ORDENA a la República Bolivariana de Venezuela, por órgano del Ministerio del Poder Popular para las Finanzas libre la respectiva orden de pago que por justa indemnización le corresponde favor de la Sociedad Mercantil Inversiones Macarao C.A. en el presente juicio de expropiación por la cantidad señalada anteriormente.

Esta Corte declaró: Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 2 de mayo de 2013, interpuesto por el Abogado Wilfredo López Alzurutt, actuando con el carácter de Apoderado Judicial del ciudadano GILBERTO AQUILINO PARRA BARRET, contra la sentencia dictada en fecha 13 de mayo de 2013, cuyo dispositivo fue dictado en fecha 24 de abril de 2013, por el Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo del estado Aragua, en el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el precitado ciudadano contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA; DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto; y FIRME el fallo dictado en fecha 13 de mayo de 2013, cuyo dispositivo fue dictado en fecha 24 de abril de 2013, el por el Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo del estado Aragua.