Esta Corte se declaró COMPETENTE para conocer la apelación interpuesta contra la decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor Oriental en fecha 25 de mayo de 2010, que declaró Inadmisible in limine litis el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano AMILKAR JOSÉ TENÍAS VELÁSQUEZ, asistido por el abogado Joaquín Antonio Márquez Muñoz, contra la FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO DEL ESTADO SUCRE. SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto y en consecuencia se CONFIRMA la sentencia apelada.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- Que es COMPETENTE para conocer el recurso de apelación interpuesto en fecha 6 de marzo de 2008, por la representación judicial de la parte recurrida, contra el fallo dictado por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central en fecha 5 de marzo de 2008, que declaró improcedente la solicitud de perención solicitada por la parte recurrida que acompaña la demanda por estimación e intimación de honorarios profesionales interpuesta por la abogada HEIDY UTRERA NARANJO, actuando en su propio nombre y representación, contra la ciudadana ARELYS JOSEFINA RODRÍGUEZ. 2.- DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto. 3.- FIRME el fallo apelado.

Esta Corte declaró que es competente para conocer el recurso de apelación ejercido contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital en fecha 27 de abril de 2017, que declaró "¿PROCENDENTE, la oposición efectuada por la representación judicial del INSTITUTO MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR, contra la medida cautelar, decretada de oficio por [ese] Juzgado (¿) en fecha 1 de diciembre de dos mil dieciséis (2016) (¿)[y] deja SIN EFECTO la medida cautelar otorgada¿" interpuesto por el ciudadano CARLOS SALAZAR, asistido por el abogado Gustavo Villnueva, contra el INSTITUTO MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BOLIVARIANO LIBERTADOR DEL DISTRITO CAPITAL. DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto y en consecuencia, FIRME la sentencia apelada.

Esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte recurrida, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Quinto agrario y Civil Bienes de la Circunscripción Judicial del estado Monagas el 9 de julio de 2008, mediante la cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano ALEXIS BENJAMÍN GONZÁLEZ MÉNDEZ, debidamente asistido por la abogada Rita Katiuska Martínez Campos, contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO LIBERTADOR DEL ESTADO MONAGAS; 2.- DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto y en consecuencia, FIRME el fallo apelado.

Esta Corte Declaró: Su COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación ejercido por la representación judicial de la parte demandada contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital de fecha 30 de enero de 2017, mediante la cual declaró improcedente la petición formulada por la demandada, en el marco de la demanda por cumplimiento de contrato de arrendamiento y daños y perjuicios interpuesta conjuntamente con medida cautelar innominada por el abogado Francisco Nicolás Olivo Córdova, actuando en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil TAMANACO ADVERTAISING, C.A., contra el INSTITUTO MUNICIPAL DE AMBIENTE CHACAO (IMAC); SIN LUGAR la apelación interpuesta; y CONFIRMÓ la decisión apelada.

Esta Corte declara SIN LUGAR la demanda de nulidad interpuesta conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos por el Abogado Jorge Planas, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano Rito María Briceño Godoy, contra el acto administrativo de fecha 14 de febrero de 2013, dictado por la Unidad de Auditoría Interna de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), mediante el cual declaró parcialmente con lugar los recursos de reconsideración intentados por los apoderados judiciales de los ciudadanos María Elena Fumero, Daniel Alberto Suárez, Rito Briceño Godoy, Elvis Antonio Batatín, Lester Dávila Valera y Janette Salomón Mendible y en consecuencia, confirmó "¿la declaratoria de responsabilidad administrativa¿" y se rebajó a doscientos cincuenta unidades tributarias (250 UT), equivalentes a once mil quinientos bolívares (Bs. 11.500,00) la multa impuesta en la decisión del 28 de diciembre de 2012.

Esta Corte declaró: Su COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación interpuesto por el abogado Wilmer Ramón Castillo Mejías, actuando en su condición de apoderado judicial de la parte querellante, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 17 de enero de 2017, que declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano REINALDO JOSÉ HERNÁNDEZ TOVAR, contra el CUERPO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, PENALES Y CRIMINALÍSTICAS (CICPC); SIN LUGAR la apelación interpuesta; y se CONFIRMÓ la sentencia apelada.

Esta Corte HOMOLOGA el desistimiento planteado en la demanda de nulidad interpuesta conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos por los ciudadanos Matías Pérez Irazábal, María Auxiliadora Jurado, Ricardo Antonio Jaramillo Roa, María Alejandra Castillo González y Grelis Marcano Quintero, asistidos por los abogados Alexander Espinoza y Jhenny Rivas Alberti, actuando con el carácter de miembros de la JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO VENEZOLANO DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (COVAPI), contra el acto contenido en el Aviso Oficial de fecha 15 de mayo de 2015, emitido por la DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI).

Esta declaró su COMPETENCIA para conocer en primer grado de jurisdicción de la demanda por "abstención" interpuesta por la Asociación Civil sin fines de lucro TRANSPARENCIA VENEZUELA, debidamente asistida por la abogada Mildred Rojas Guevara, contra el SERVICIO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICACIÓN, MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA (SAIME); INADMISIBLE la de la demanda ejercida.

Esta Corte solicita al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte del estado Carabobo, se sirva remitir a esta Instancia decisora las copias certificadas del expediente contentivo del Procedimiento Disciplinario de Destitución que le tramitó el Consejo Disciplinario de la Región Central del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, al ciudadano Yohani José Escobar Colina, el cual deberá ser consignado dentro del lapso de diez (10) días de despacho, transcurridos una vez que conste en el expediente judicial la última de las notificaciones que del presente auto se hagan