Esta Corte declaró: declara la NULIDAD PARCIAL del auto emitido por este Órgano Jurisdiccional en fecha 1 de noviembre de 2016, únicamente respecto a la determinación de la oportunidad para la celebración de audiencia de juicio, así como la nulidad de todas las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al mismo y en consecuencia: 1.- Se REPONE la presente causa al estado en que previa notificación de las partes, inicie el lapso para retirar, publicar y consignar el cartel de emplazamiento de los terceros interesados. 2.- Se ORDENA notificar a los interesados conforme al artículo 80 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sobre la presente demanda, (cuya acumulación fue acordada por la sentencia Nº 2015-228, de fecha 28 de abril de 2015), mediante un cartel de emplazamiento que a tal efecto, será librado al día siguiente de aquel en que conste en autos la última de las notificaciones ordenadas.

Esta Corte declaró: CON LUGAR la inhibición presentada por el Juez Víctor Martín Díaz Salas, en fecha 21 de marzo de 2017.

Esta Corte declaró: DECRETA LA EJECUCIÓN VOLUNTARIA de la sentencia Nº 2013-2505 dictada por esta Corte el 25 de noviembre de 2013, y en consecuencia, ORDENA a la sociedad mercantil VIVIR SEGUROS, C. A. (antes Seguros Canarias de Venezuela C.A.), realizar el pago, dentro del lapso de diez (10) días siguientes a que conste en autos la respectiva notificación, de las siguientes cantidades: a) "¿TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUARENTA Y TRES BOLÍVARES CON SETENTA CÉNTIMOS (Bs. 3.741.043,70), por concepto de reintegro de las cantidades entregadas como anticipo y ejecución de las Fianzas de Fiel Cumplimiento¿", y b) UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TRECE BOLÍVARES CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS (BS. 1.142.213,42), por concepto de intereses moratorios, determinados mediante la experticia complementaria del fallo, de fecha 25 de noviembre de 2013, (que riela inserta desde el folio 211 al 213 de la pieza II del expediente de la presente causa).

En la consulta de Ley de la sentencia dictada en fecha 14 de mayo de 2008, por el Juzgado A quo que declaró Parcialmente Con Lugar la querella interpuesta por el ciudadano RAFAEL ALBERTO GONZALEZ SOLORZANO y otros contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO APURE, esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer en consulta; 2. IMPROCEDENTE la presente consulta.

En el recurso de nulidad interpuesto por la empresa ADMINISTRADORA AMARVI, S.A. contra el INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL (IPC), esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso; 2. La ACUMULACIÓN del presente expediente a la causa signada con el Nº AP42-N-2006-000032; 3. El CIERRE SISTEMÁTICO de esta causa.

En la querella interpuesta por la ciudadana CANDELARIA PEÑA DE RODRÍGUEZ contra la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR (UPEL), esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1. INCOMPETENTE para conocer la querella interpuesta; 2. Se DECLINA la competencia a los Juzgados Superiores Contencioso Administrativo; 3. Se ORDENA la remisión del presente expediente al Juzgado Superior Civil Contencioso Administrativo del estado Lara.

En el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en fecha 23 de febrero de 2016, por el Juzgado A quo que declaró Inadmisible la querella interpuesta por el ciudadano JORGE CHANCHAMIRE contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO ANZOÁTEGUI, esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso; 2. SIN LUGAR el recurso de apelación; 3. CONFIRMA el fallo dictado.

En el recurso de nulidad interpuesto por la Asociación Civil INTERCIENCIA contra la DIRECCIÓN GENERAL DE FINANCIAMIENTO DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA CIENCIA Y TECNOLOGÍA, esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1. SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad.

En la solicitud de ejecución de la sentencia dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 5 de noviembre de interpuesta por el Abogado Ramón Carrillo, actuando en su carácter de tercero interesado en el recurso de nulidad interpuesto BANESCO BANCO UNIVERSAL C.A. contra la SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO, esta Corte dictó decisión mediante la declaró: 1. IMPROCEDENTE la solicitud de ejecución; 2. Se ORDENA practicar las notificaciones correspondientes.

Esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley declara que en virtud del recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana MARITZA JOSEFINA LUGO DE CASTILLO, debidamente asistida por los Abogados Wilmer José Pacheco y Carolina Lisbeth Lugo, contra el INSTITUTO AUTÓNOMO DE LA SALUD DEL ESTADO YARACUY (PROSALUD), ÚNICO solicitar a la Oficina de Recursos Humanos del Instituto Autónomo de la Salud del estado Yaracuy (PROSALUD), con base en lo previsto en el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa el expediente administrativos del caso.