1.-LA CORTE DECLARA SU INCOMPETENTE para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el abogado Ezra Mizrachi, inscrito en el Instituto de Previsión SoIcial del Abogado bajo el Nº 2523, actuando con el carácter de apoderado judicial de la Sociedad Mercantil TALLERES MECÁNICOS "G", C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui el día 28 de enero de 1991, bajo el N° 42, Tomo A-3, cuya Acta Constitutiva-Estatutaria fue reformada conforme al asiento de comercio inscrito en la mencionada Oficina de Registro el 4 de febrero de 2004, bajo el N° 15, Tomo A-3, contra la Providencia Administrativa Nº 1616-03 de fecha 12 de julio de 2004, emanada de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN EL TIGRE Y SAN TOMÉ DEL ESTADO ANZOATEGUI que declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos, incoada por la ciudadana Jennifer Josefina Orta Flores, contra la referida empresa. DECLINA la competencia para cono.....

LA CORTE SE DECLARA INCOMPETENTE sobrevenidamente para conocer el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el abogado Ítalo José Flores Zapata, actuando en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil Rental de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales "Ezequiel Zamora", S.A. (REUNELLEZ, S.A.), contra la Providencia Administrativa N° 180-04 de fecha 12 de agosto de 2004, dictada por la Inspectoría del Trabajo del Estado Barinas. ORDENA la remisión del presente expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia a los fines de que sea resuelto el conflicto negativo de competencia planteado.

LA CORTE SE DECLARA INCOMPETENTE sobrevenidamente para conocer y decidir el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por los abogados Maryuri Coromoto Romero Chacón y Miguel Ángel Pacheco B., inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 76.725 y 19.580, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de los ciudadanos JAQUELINE AGUIAR VELÁSQUEZ, AGUIRRE MARÍN LORENA JOSEFINA, MARÍA ODALY ARISTIGUIETA CEREZO, MARIBEL COROMOTO BATISTA SÁNCHEZ, ALVARO JOSÉ BLANCO HERNÁNDEZ, LUISA MIGDALIA BLANCO FUENMAYOR, YAMELY DEL CARMEN BUSTILLO APONTE, GISELA JOSEFINA CALDERÓN DE DÍAZ, JUANA DE DIOS CAÑA, INGRID YELITZA CASTILLO RIVAS, NAGHERSY MERCEDES CASTILLO ALVARADO, NIORKILIS LUISA CEDEÑO CASTRO, ESTHER CORRALES DE FALCÓN, EULOGIO ERNESTO CORREA, PETRA ESPERANZA CORRO, MARY CRISTAL ESCALONA RIVERO, VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ DELGADO, PETRA CELESTINA GÓMEZ, MARIBEL DE JESÚS GUARAN, ANGEL EDUARDO LISCANO OROPEZA, ZULAY ELADIA LÓPEZ, MARIO JOSÉ MADERA MARTÍNEZ, C.....

LA CORTE SE DECLARA INCOMPETENTE para conocer del recurso contencioso administrativo de anulación, interpuesto por la ciudadana DANIELA CRISTINA AGUILAR titular de la cédula de identidad N° 14.105.484, asistida por la abogada Norma J. Morán Ortiz, titular de la cédula de identidad N° 3.567.194 contra la Providencia Administrativa N° 26-2002 de fecha 26 de noviembre de 2002, emanada de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN EL MUNICIPIO SOTILLO Y GUANTA EN EL ESTADO ANZOÁTEGUI, mediante la cual se declaró sin lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos incoada por la prenombrada ciudadana al cargo de Bar Tenders en la empresa Baja Beach Club, C. A. ORDENA la remisión del presente expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia a los fines expuestos en la parte motiva del presente fallo.

LA CORTE DECLARA INCOMPETENTE para conocer del recurso contencioso administrativo de anulación ejercido conjuntamente con acción de amparo constitucional, por la abogada Eliana Solórzano de Rojas, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 8.774, actuando como apoderada judicial de la Sociedad Mercantil GARAJES SIREP, C. A., inscrita en el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, bajo el N° 18, Tomo 42-A, de fecha 15 de junio de 2001, contra la providencia administrativa N° 38-03 de fecha 28 de mayo de 2003, emanada de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN LOS MUNICIPIOS SOTILLO, GUANTA Y URBANEJA EN EL ESTADO ANZOÁTEGUI, mediante la cual se declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos incoada por el ciudadano Julio Muñoz, titular de la cédula de identidad N° 17.223.266, contra la referida Empresa.ORDENA la remisión del presente expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Sup.....

LA CORTE DECLARA INCOMPETENTE para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por los abogados Carmelo De Grazia Suárez y Horacio De Grazia Suárez inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Números 62.667 y 84.032 respectivamente, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil AEROPOSTAL ALAS DE VENEZUELA, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 14 de noviembre de 1996, bajo el Nº 53, Tomo 73-A-Qto; contra la Providencia Administrativa de fecha 13 de mayo de 2004, emanada de por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN LOS MUNICIPIOS VALENCIA, LIBERTADOR, SAN DIEGO, NAGUANAGUA, LOS GUAYOS, CARLOS ARVELO, BEJUMA, MONTALBÁN Y MIRANDA DEL ESTADO CARABOBO, que declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos, incoada por el ciudadano Juan Manuel Rodríguez Sánchez, contra la referida empresa.DECLINA la competencia para.....

LA CORTE DECLARA SU INCOMPETENTE para conocer del recurso contencioso administrativo de anulación interpuesto conjuntamente con solicitud de suspensión de efectos, por los abogados Eduardo García Aveledo y Ángel Eduardo García Clavier, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 8.166 y 62.596, respectivamente, en su carácter de apoderados judiciales de la Sociedad Mercantil "POLLOS Y PARRILLAS EL BUEN SABOR, C.A.", inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en fecha 23 de julio de 2002, bajo el N° 28, Tomo A-17, contra la Providencia Administrativa de fecha 22 de abril de 2003, emanada de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN BARCELONA EN EL ESTADO ANZOÁTEGUI.ORDENA la remisión del presente expediente a la Sala Polític Administrativa del Tribunal

1.-LA CORTE DECLARA INCOMPETENTE para conocer del recurso contencioso administrativo de anulación interpuesto por la ciudadana DORIS HERNÁNDEZ, titular de la cédula de identidad N° 6.524.780, asistida por los abogados Marlene Rondón y Gustavo Caro Porras, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 16.347 y 50.862, respectivamente, contra la Providencia Administrativa N° 99-026 de fecha 9 de abril de 1999, emanada de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN LA ZONA DEL HIERRO EN EL ESTADO BOLÍVAR, mediante la cual se declaró "(...) IMPROCEDENTE Y SIN LUGAR el presente procedimiento de reenganche y pago de salarios caídos intentada por la ciudadana (...)", contra la sociedad mercantil Corporación Galáctica, C.A. ORDENA la remisión del presente expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.

LA CORTE DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto por la abogada Alba C. Olivares M., actuando en su carácter de apoderada judicial del INSTITUTO DE PREVISIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN (IPASME), contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 12 de agosto de 2004, la cual declaró parcialmente con lugar la querella funcionarial interpuesta por el abogado José Luís Ramey Gutiérrez, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano JHON ALEXIS RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, contra el referido ente. En consecuencia, se declara FIRME la sentencia apelada.

LA CORTE DECLARÓ DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto, contra la sentencia emanada del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, de Protección del Niño y del Adolescente y Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar en fecha 7 de abril de 2005, la cual declaró con lugar la querella funcionarial interpuesta conjuntamente con acción de amparo cautelar y solicitud de suspensión de efectos. En consecuencia, se declara FIRME la sentencia apelada.