Esta Corte declaró su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la decisión dictada por el Juzgado Superior estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira en fecha 21 de marzo de 2013, interpuesto por el ciudadano YHONNY RANGEL URIBE, contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO JUNÍN DEL ESTADO TÁCHIRA; SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido y CONFIRMÓ el fallo apelado.

Se dictó decición mediante la cual esta Coprte declaró, que 1.- Este Órgano Jurisdiccional es COMPETENTE para conocer y decidir, en primer grado de jurisdicción, la demanda de nulidad interpuesta por la ciudadana BEATRIZ ELENA MORALES RICO, contra los actos administrativos Nº T-2302 y Nº T-1162, de fechas 16 de mayo de 2012, y 10 de julio de 2014, respectivamente, emanados de la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS, adscrita al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES; de los cuales, el primero, negó el reconocimiento de la condición de refugiada a la referida ciudadana y el segundo declaró sin lugar el recurso de reconsideración ejercido por la accionante; señalando, que cada una de dichas decisiones "[...] se hace extensiva a su grupo familiar". 2.- ORDENA la remisión del presente expediente al Juzgado de Sustanciación de este Órgano Jurisdiccional, con la finalidad de que se pronuncie sobre la admisión de la presente acción.

Esta Corte dictó sentencia mediante la cual: 1. HOMOLOGA la Transacción celebrada en la Audiencia de Medio Alternativo de Resolución de Conflicto de fecha 4 de junio de 2014, entre el Abogado Antonio Silva, actuando con el carácter de Apoderado Judicial del INSTITUTO AUTÓNOMO DE AERONÁUTICA CIVIL (INAC), y la Sociedad Mercantil CORPORACIÓN AGRO INDUSTRIAL AVALES Y FIANZAS CARACAS, C.A., representada por el Abogado Elio Huerta, actuando en su carácter de Apoderado Judicial de la misma, celebrada en la Sala de Audiencias de este Órgano Jurisdiccional. 2. Se ORDENA anexar copia de la presente decisión al expediente signado bajo la nomenclatura de este Órgano Jurisdiccional AP42-G-2012-001060.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer de la apelación ejercida en fecha 10 de octubre de 2012, por el abogado Néstor Enrique Zarzalejo Romero, ya identificado, actuando en representación de la República, contra el fallo dictado por el Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo del estado Bolivariano de Nueva Esparta, en fecha 12 de agosto de 2011, con motivo del recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana ANABEL AROCHA ROSAS, asistida por el abogado Wilfredo Figueroa Mujica, ya identificados, contra la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA (DEM). 2.- CON LUGAR el recurso de apelación deducido. 3.- REVOCA la decisión apelada. 4.- PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.

Se dictó decisión mediante la cual se declaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer de la apelación ejercida en fecha 26 de septiembre de 2013, por la abogada Alejandra María Marcano Martínez, ya identificada, actuando con el carácter de apoderada judicial del querellante, contra el fallo dictado por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 14 de agosto de 2013, mediante el cual declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano JOSÉ HUMBERTO RODRÍGUEZ QUINTERO, contra la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA (DEM). 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3.- CONFIRMA la decisión apelada.

Esta Corte declaró La NULIDAD PARCIAL del auto emitido por esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo en fecha 26 de mayo de 2015, únicamente en lo relativo al inicio del lapso para la fundamentación de la apelación, así como la nulidad de todas las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al mismo; y REPONE la causa al estado de que se notifique a las partes a los fines del inicio del lapso para fundamentar la apelación de conformidad con lo previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Esta Corte declaró SU COMPETENCIA para conocer la causa; DESISTIDO el recurso de apelación interpuesta y en consecuencia, FIRME el fallo apelado.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró la COMPETENTE para conocer la apelación interpuesta contra el fallo dictado en fecha 17 de julio de 2013, por el Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, que declaró Sin Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el Abogado José Gregorio Blanco Vera, actuando con el carácter de Apoderado Judicial del ciudadano JHONNY ALBERTO SUAREZ RUBIO, contra la DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO de la Gobernación del Estado Táchira; SIN LUGAR la apelación interpuesta y CONFIRMÓ el fallo apelado.

Esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 5 de marzo de 2013, contra la sentencia proferida por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 25 de febrero de 2013, mediante la cual declaró Sin Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano JIMMY MORENO, titular de la cédula de identidad Nº 10.784.892, asistido por la abogada Katerine Andreina Idrogo Sánchez, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 164.721, contra el INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICÍA DEL MUNICIPIO CRISTÓBAL ROJAS DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA. 2.- CON LUGAR el recurso de apelación ejercido. 3.- Se REVOCA, el fallo dictado por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 25 de febrero de 2013. 4.- CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.

Esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró: declara IMPROCEDENTE la solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos realizada por los ciudadanos HENRY JOSÉ TOVAR VINCENTI, MORELA, CONSUELO MARTÍNEZ PACHECO y DILSIA ECHENIQUE RODRÍGUEZ, titulares de las cédulas de identidad Nros. 4.352.212, 6.443.225 y 6.860.825, respectivamente, representados judicialmente por el abogado Enrique Sánchez Falcón, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 4.580, contra la Decisión Nº S/N, de fecha 9 de julio de 2014, dictada por la Unidad de Auditoría Interna de la SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO (SUDEBAN), mediante la cual se les impuso una multa de quinientos cincuenta (550) Unidades Tributarias, equivalente a la cantidad de veinticinco mil trescientos bolívares (Bs. 25.300,00).