Esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial del ciudadano ROMER RUBIO, titular de la cédula de identidad Nº 4.145.363, contra los autos dictados el 11 de febrero de 2014, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, mediante la cual declaró improcedente los alegatos expuestos por esa representación judicial contra el informe pericial realizado por el perito designado por dicho Tribunal Superior. 2.- Se ANULA el auto y todas las actuaciones violatorias del orden público procesal subsiguientes a los autos de fecha 11 de febrero de 2011, emanado del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. 3.- Se ORDENA REPONER la causa al estado de que se designen los peritos de conformidad con el contenido in fine del artículo 249 del Código de Procedimiento Civil.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1.- La NULIDAD PARCIAL del auto emitido por este Órgano Jurisdiccional en fecha 22 de abril de 2014, únicamente en lo relativo al inicio del procedimiento de segunda instancia, así como la nulidad de todas las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al mismo. 2.- REPONE la causa al estado de que se libren las notificaciones a que hubiera lugar para que se dé inicio al procedimiento de segunda instancia de conformidad con los artículos 90, 91 y 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Publíquese y regístrese . Cúmplase lo ordenado.

Esta Corte declaró: 1.- SU COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 5 de abril de 2000, por el abogado Ricardo Forero, actuando en representación de la PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO AMAZONAS, contra la decisión proferida por la Corte de Apelaciones en lo Penal, Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo, Menores y Tribunal Superior en lo Contencioso Administrativo de la Región Amazonas de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas, que declaró procedente la pretensión de amparo cautelar solicitada en el marco del recurso contencioso administrativo funcionarial ejercido por la ciudadana MARLIT ISABEL PAREJO ZÚÑIGA. 2.- EL DECAIMIENTO DEL OBJETO en el recurso de apelación interpuesto.

Se declara la COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por la abogada Carmen Arteaga, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 179.323, actuando en representación de la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas, contra la decisión dictada en fecha 15 de mayo de 2013, dictada por el Juzgado Superior Décimo en lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano VÍCTOR MERCEDES LORBE CHIRINOS, titular de la cédula de identidad Nº 3.678.806, contra la ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE CARACAS, por pago de diferencias salariales, DESISTIDO el recurso de apelación e IMPROCEDENTE la consulta de Ley con ocasión a decisión apelada, en consecuencia, queda firme el fallo dictado por el Juzgado Superior Décimo en lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, de fecha 15 de mayo de 2013.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1.- QUE ES INCOMPETENTE para conocer de la presente Acción de Amparo conjuntamente con medida Cautelar de Suspensión de Efectos, interpuesta por los ciudadanos JOSE GREGORIO HERNANDEZ PERDOMO Y GUSTAVO ENRIQUE CEDEÑO MARTINEZ, asistidos por las abogadas MILAGROS DEL VALLE MORALES ROMERO y BELKIS PEREZ CASTILLO, contra la UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA por "[...] la violación de los Derechos Constitucionales al ESTUDIO en igualdad de condiciones y sin más limitaciones que las derivadas de sus APTITUDES VOCACIÓN Y ASPIRACIONES [...]" 2.- DECLINA LA COMPETENCIA en el Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, que corresponda previa distribución.

Esta Corte declaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer de la demanda por abstención o carencia intentada por la ciudadana NELITZA NAZARET CASIQUE MORA, actuando debidamente asistida por la abogada Alba Ramírez, contra la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA (DEM), "por falta de oportuna respuesta administrativa ante la negativa de contestar por escrito a la solicitud de otorgamiento de jubilación"; 2.- ORDENA notificar al Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, a los fines que remita el presente expediente a esta Corte, para así dar curso al procedimiento breve estipulado en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Esta Corte declaró: 1.- Que NO ACEPTA LA COMPETENCIA que le fuera declinada en fecha 7 de mayo de 2014 por el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, para conocer de la demanda de nulidad interpuesta por la abogada Teresa Borges, actuando en representación de la SOCIEDAD CIVIL PROPATRIMONIO, S.C., contra la providencia administrativa Nº 00042, de fecha 27 de marzo de 2014, dictada por la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA (SUNAVI), "[¿] que establece las normas para que los propietarios y arrendadores de edificios que tengan veinte años o más dedicados al arrendamiento los oferten en venta a sus arrendatarios [¿]". 2.- ORDENA la remisión del presente expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia a los fines de que resuelva el conflicto de competencia suscitado en el presente caso.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- ACEPTA LA COMPETENCIA para conocer del "Recurso Contencioso Tributario" interpuesto conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos por el ciudadano José Serrano Galán, titular de la cédula de identidad N° 7.429.194, actuando en su condición de Representante Legal de la empresa LARATEL FARMACIA C.A., debidamente asistido por la abogada Rosa Suárez, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 44.856, contra la Resolución Nº GF/0/2009/0064 de fecha 9 de febrero de 2009, y del acto administrativo Nº GF/0/2008/0459 del 28 de octubre de 2008, emanados de la Gerencia de Fiscalización del BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT (BANAVIH). 2.- ORDENA remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Corte, a los fines que se pronuncie sobre la admisibilidad.

Esta Corte declaró: IMPROCEDENTE la solicitud cautelar de suspensión de efectos interpuesta por los abogados José Luis Méndez La Fuente, Jorge Constantino Kiriakidis, Fidel Alejandro Montañez Pastor y Juan Pablo Livinalli, antes identificados, actuando con el carácter de apoderados judiciales del ciudadano DANIEL GARCÍA, contra el acto administrativo S/N de fecha 20 de agosto de 2013, notificado en fecha 11 de noviembre de 2013, emanado de la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE AUDITORÍA FISCAL DE PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A., mediante el cual se declaró sin lugar el recurso de reconsideración interpuesto contra el acto administrativo de fecha 04 de diciembre de 2012 y confirmó la declaratoria de responsabilidad administrativa del demandante, formulación de reparo e imposición de multa.

Esta Corte declaró: 1.- SU COMPETENCIA para conocer de la consulta de Ley con motivo de la decisión dictada en fecha 21 de enero de 2014 por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante la cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano MIGUEL ERNESTO LEAL SOMOZA, titular de la cédula de identidad Nº 6.916.231, debidamente representado por el abogado Francisco Lepore Girón, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº. 39.093, contra la CORPORACIÓN DE SALUD DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA. 2.- Conociendo de la consulta prevista en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se REVOCA PARCIALMENTE el fallo dictado en fecha 21 de enero de 2013, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo