En ese sentido, en virtud de que en la presente causa ha transcurrido un tiempo considerable (más de 10 años) desde la última actuación procesal, verificándose con ello la inactividad de los recurrentes en la tramitación del recurso de hecho interpuesto, es por lo que esta Corte, en aras de garantizar la tutela judicial efectiva así como el debido proceso que debe imperar en todo proceso judicial, ordena instar a los ciudadanos EUCLIDES MATILDE RODRIGUEZ y JOSÉ RAMÓN ROSAS, o en nombre de sus apoderados judiciales, a los fines que manifiesten su interés de continuar con la presente causa. Así se decide.

Esta Corte declara: 1.- Se ACUERDA la suspensión de la causa por un lapso de treinta (30) días continuos, contados a partir del día siguiente de la publicación del presente fallo, respecto a la Gobernación del estado Mérida y la sociedad mercantil Seguros Pirámides, C.A.. 2.- Se ADVIERTE que la causa continúa su curso respecto a la sociedad mercantil Inversiones I.E. Winner Import-Export, C.A.. Se ordenó notificar y remitir el expediente al Tribunal de origen.

Se dicto decisión mediante la cual esta Corte: 1. Declaró que es COMPETENTE para conocer la apelación interpuesta en fecha 5 de agosto de 2013, por el abogado Luis Enrique Solórzano, Inpreabogado Nº 36.466, apoderado judicial de la ciudadana ROSA MARÍA GARCÍA VARGAS contra el fallo dictado por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental, el 1º de julio de 2013, mediante la cual declaró sin lugar, el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesta por la referida ciudadana, contra el INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SIMÓN RODRÍGUEZ. 2.- HOMOLOGÓ EL DESISTIMIENTO del recurso de apelación, presentado mediante diligencia de fecha 10 de junio de 2014, por la ciudadana Rosa María García Vargas, asistida por la Abogada Carmen Barbosa, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 105.314. se ordenó la notificación de las partes y la remisión del expediente.

En virtud de lo expuesto, esta Corte declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la representación judicial de la parte recurrente contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental en fecha 17 de febrero de 2014, y en consecuencia, CONFIRMA el fallo apelado. Así se decide.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: EXTINGUIDA LA INSTANCIA por la PÉRDIDA DEL INTERÉS en el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto el 26 de junio de 1997, por el ciudadano JULIO CÉSAR CASTRO, titular de la cédula de identidad número 968.336, debidamente representado por el abogado Luis Farías Colón, inscrito en el Instituto de Previsión del Abogado bajo el número 618, contra la República Bolivariana de Venezuela -Ministerio de Hacienda-, hoy de Finanzas, por órgano del SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SENIAT).

Esta Corte declara: IMPROCEDENTE la solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos solicitada en fecha 8 de mayo de 2014, por los abogados José Luis Méndez La Fuente, Jorge Constantino Kiriakidis, Fidel Alejandro Montañez Pastor y Juan Pablo Livinalli, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Números 10.302, 50.886, 56.444 y 47.910, respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la ciudadana MARÍA OLIVARES, titular de la cédula de identidad Nº 3.370.638, contra la resolución administrativa s/n dictada en fecha 20 de agosto de 2013, por la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE AUDITORÍA FISCAL DE PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A., mediante la cual declaró sin lugar el recurso de reconsideración a través de la cual confirmó la decisión de fecha 4 de diciembre de 2012, que declaró la responsabilidad administrativa de la ciudadana arriba señalada.

Esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer de los recursos de apelación intentados por la representación judicial de la parte actora y por el apoderado judicial de la ciudadana Mora María Martínez, en su carácter de tercero adhesivo en la presente causa, contra la sentencia proferida por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 10 de abril de 2014, que declaró sin lugar la acción de amparo constitucional incoada por los abogados Daniel Buvat de la Rosa y María Gabriela Aranguren, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil INVERSIONES JELUARI, C.A., contra la DIRECCIÓN DE INGENIERÍA MUNICIPAL DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA. 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación intentado. 3.- CONFIRMA, en los términos expuestos, la decisión apelada.

Esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación intentado por la ciudadana MARTHA CECILIA PEDRAZA, actuando en su propio nombre y representación, contra la sentencia proferida por el Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, en fecha 7 de mayo de 2014, que declaró improcedente el amparo cautelar solicitado por ésta en el marco del recurso contencioso administrativo funcionarial intentado contra el SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT). 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación intentado; 3.- CONFIRMA la decisión apelada.

Esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 25 de septiembre de 2013, por el apoderado judicial de la parte recurrente, contra la sentencia interlocutoria dictada por el Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas con competencia en el Estado Delta Amacuro, en fecha 19 de septiembre de 2013, mediante la cual declaró inadmisible la prueba de informes promovida en la fase probatoria, por esa representación judicial. 2.- DESISTIDO el recurso de apelación. 3.- En consecuencia, queda FIRME la sentencia apelada.

En tal virtud, este Órgano Jurisdiccional declara DESISTIDO el presente recurso de apelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y en consecuencia, CONFIRMA la sentencia dictada el 1 de agosto de 1997 por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central, que declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto.