La Corte declaró Su INCOMPETENCIA sobrevenida para conocer de la demanda de nulidad de convenio e indemnización por daños y perjuicios interpuesta por los abogados María del Carmen Guell y Rafael Meneses Díaz, antes identificados, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la SUCESIÓN DE MANUEL DOMINGO DE ANDRADE contra la Sociedad Mercantil ESTACIÓN DE SERVICIO EL NIDO C.A., y contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO ARAGUA; DECLINA la competencia a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, a los fines de que conozca en primera instancia de la demanda de autos; ORDENA remitir el presente expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.

La Corte declaró Con base en las consideraciones anteriormente expuestas, esta Corte ORDENA notificar a el INSTITUTO MUNICIPAL DE CRÉDITO POPULAR adscrito a la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO LIBERTADOR DEL DISTRITO CAPITAL para que dentro de lapso de cinco (5) días de despacho contados a partir de que conste en autos la última de las notificaciones, de cumplimiento a lo ordenado en la presente decisión. Igualmente se ordena notificar a la ciudadana DEYANIRIS COROMOTO LUCERO REQUENA, a fin de que tenga conocimiento de dicho requerimiento, y de ser el caso, cuente con la oportunidad de impugnar la información que sea consignada, esto, dentro de los cinco (5) días siguientes a que conste en autos tal información, para lo cual se considera abierta la articulación probatoria prevista en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, de acuerdo a lo expuesto en la sentencia antes señalada.

La Corte declaró QUE ES COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesta en fecha 20 de noviembre de 2003, por la abogada Irene Moros, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Número 77.910, actuando en su carácter de apoderada judicial de la parte recurrida, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 11 de noviembre de 2010, que declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el abogado Carlos Alberto Pérez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 8.067, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano MIGUEL ÁNGEL CARRASCO contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INAVI). El DECAIMIENTO DEL OBJETO del recurso de apelación interpuesto.

La Corte declaró ORDENA NOTIFICAR la sociedad mercantil VIDINTER, C.A., para que exponga, en un plazo máximo de diez (10) días de despacho, contados a partir que conste en autos el recibo de su notificación, si conserva interés en continuar el presente proceso y de ser éste el caso, exprese los motivos por los cuales mantiene el referido interés en el recurso de nulidad interpuesto.

La Corte ordenó a la Alcaldía del Municipio Vargas del Estado Vargas a que en el lapso de cinco (5) días siguientes a la constancia en autos de haberse practicado su notificación, remita copia del recibo de pago firmado por la parte querellante o cualquier otro documento similar, específicamente, en el que se evidencie la fecha de recepción del pago objeto de estudio, a fin que permita a este Órgano Jurisdiccional conocer dicha fecha.

La Corte RATIFICÓ el auto de fecha 11 de noviembre de 2009, mediante el cual solicitó al Ministerio del Poder Popular Para la Educación, para que en el lapso de cinco (5) días de despacho, contados a partir de la fecha en que conste en autos su notificación, informe a este Órgano Jurisdiccional, si el ciudadano Boris Ramón Hidalgo Hernández, titular de la cédula de identidad Nº 4.252.579, prestó servicio ininterrumpido en algún plantel educativo de su adscripción, si el Ministerio del Poder Popular Para la Educación, le canceló las prestaciones sociales, así como también, cualquier otra información relacionada con la presente causa.

La Corte declaró Su COMPETENCIA para conocer de la apelación interpuesta por el abogado Roberto Villasmil González, actuando con el carácter de sustituto del Procurador del Estado Zulia contra la sentencia dictada en fecha 18 de marzo de 2004, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, que declaró con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial que fuera interpuesto por el ciudadano ENDERSON RAMÓN GONZÁLEZ VILLALOBOS, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO ZULIA; SIN LUGAR el recurso de apelación de autos; CONFIRMA el fallo objeto de apelación en los términos expuestos.

La Corte declaró SU COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por el abogado Gonzalo Perez Salazar, actuando con el carácter de apoderado judicial de la Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención, contra la sentencia dictada en fecha 25 de marzo de 2010, por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, la cual declaró parcialmente con lugar recurso contencioso funcionarial interpuesto por el ciudadano Tomás Marcano, asistido por el abogado Jorge Luis Suárez Mejías, contra la Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención. DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto; CONFIRMA por efecto de la consulta obligatoria prevista el artículo 70 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, la sentencia dictada por el Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital.

La Corte declaró QUE ES COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 18 de octubre de 2004, por la representación judicial de la UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR,contra la decisión dictada en fecha 13 de octubre de 2004, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital; CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto; SE REVOCA la decisión dictada en fecha 13 de octubre de 2004, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante la cual declaró terminada la incidencia de la tacha de falsedad de la copia certificada del documento intitulado "Informe Final de la Comisión de Juristas de la Universidad Simón Bolívar". Se ordena al iudex a quo, admitir la prueba documental, en los términos señalados en la parte motiva del presente fallo.

La Corte declaró IMPROCEDENTE la medida cautelar de suspensión de efectos solicitada por los abogados Carlos Machado Manrique y María Fátima Da Costa, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil BANCO FEDERAL, C.A., contra el acto administrativo de efectos particulares contenido en la Resolución Número 256.10, de fecha 14 de mayo de 2010, y contra el acto administrativo de efectos particulares contenido en la Resolución Número 299.10, de fecha 14 de junio de 2010, emanadas de la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SUDEBAN), a través de las cuales se le impuso multa a la sociedad mercantil recurrente por la cantidad de Catorce Millones Quinientos Cincuenta Mil Bolívares Fuertes (Bs.F. 14.550.000,00); y se declaró Sin Lugar el Recurso de Reconsideración ejercido respectivamente.