Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, declara:1.- QUE ES COMPETENTE para conocer de los recursos de apelación interpuestos por la abogada Josmarí Marín, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BOLIVARIANO LIBERTADOR DEL DISTRITO CAPITAL, en fecha 5 de diciembre de 2011, y de igual forma por la abogada Maira Sánchez, ctuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano DANIEL JOSÉ ADAMES BARRIOS, en fecha 7 de diciembre 2011; contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, de fecha 28 de noviembre de 2011 la cual declaró parcialmente con lugar el recurso. 2.-SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la representación judicial de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital. 3.- SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por la parte recurrente. 4.- Se CONFIRMA el fallo apelado.

Observa esta Corte que el hecho que dio lugar a la interposición del recurso contencioso administrativo funcionarial, -como se dijo supra- fue el momento que la Administración efectuó el pago de las prestaciones sociales en fecha 20 de diciembre de 2006, y visto que no fue sino hasta el 22 de octubre de 2007, que tuvo lugar la interposición del presente recurso contencioso administrativo funcionarial con la finalidad de solicitar la supuesta diferencia en el pago de las mismas, se evidencia que habían transcurrido más de (3) meses, tiempo éste que supera con creces el lapso de caducidad previsto en el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; tal como lo declaró el Juez A quo en la decisión apelada. Por tanto se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la representación judicial de la parte recurrente.

Siendo que en la oportunidad procesal correspondiente le fue otorgado un plazo de tres (3) días de despacho al demandante para reformar el libelo de demanda, sin que éste presentara de forma explícita y comprensible su pretensión, es por lo que en criterio de esta Alzada la decisión se encuentra ajustada a derecho, resultando forzoso para esta Corte declarar SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido, en consecuencia, CONFIRMA el fallo dictado en fecha 19 de septiembre de 2013, por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró inadmisible la demanda interpuesta.

En virtud de lo expuesto, en aplicación del principio constitucional de acceso a los órganos de administración de justicia, y con fundamento en lo establecido en el numeral 6 del artículo 25 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo considera que la competencia para conocer el presente asunto corresponde a los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo. Por tal razón, esta Corte se declara INCOMPETENTE para conocer de la demanda de nulidad interpuesta. Así pues, en atención a lo anterior, esta Corte declina la competencia para conocer de la demanda que nos ocupa, en consecuencia, se ordena remitir el expediente al Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, a los fines que emita el pronunciamiento correspondiente.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto el 29 de julio de 2003, incoado contra la sentencia de fecha 10 de julio del mismo año, dictada por el Juzgado Superior Séptimo en lo Contencioso Administrativo de la Región Capital; que declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano LUIS GUSTAVO MARÍN SALAZAR, asistido por el abogado Miguel Alberto Gameiro Frías, contra el CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO CHACAO DEL ESTADO MIRANDA (HOY ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA). 2.- CON LUGAR la apelación ejercida. 3.- REVOCA el fallo apelado. 4.- Parcialmente CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto y en consecuencia declara la nulidad del acto de retiro Nº 1709 de fecha 8 de abril de 2002. 5.- ACUERDA remitir a la Sala Constitucional del Máximo Tribunal de la República, copia certificada de la presente decisión.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer el recurso de apelación ejercido el 26 de junio de 2012, por el ciudadano Jesús Dionisio Ron Arévalo, actuando con el carácter de representante legal de la sociedad mercantil codemandada CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES JR-2005 C.A., asistido por el abogado Víctor Ron contra la decisión dictada en fecha 19 de julio de 2011, por el Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante la cual declaró parcialmente con lugar la demanda por cumplimiento de contratos de fianzas de anticipo y fiel cumplimiento e indemnización por daños y perjuicios interpuesta conjuntamente con medida preventiva de embargo por el FONDO NACIONAL PARA EDIFICACIONES PENITENCIARIAS (FONEP). 2.- DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto. 3.- FIRME la sentencia apelada. Se ordenó remitir el expediente al tribunal de origen.

Se dcitó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer del recurso de apelación únicamente contra la declaratoria de improcedencia de la solicitud de amparo cautelar, interpuesto en fecha 30 de septiembre de 2013, por el ciudadano Alberto Silva Bohórquez, actuando con el carácter de Presidente Ejecutivo de la sociedad mercantil INDUSTRIAS TRANSCA INFRISA, S.A., debidamente asistido por el abogado Hugo Bolívar, contra el fallo dictado por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 23 de septiembre de 2013, mediante el cual declaró la improcedencia de las medidas cautelares de amparo y suspensión de efectos solicitadas por la parte recurrente. 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3.- CONFIRMA el fallo apelado. Se ordenó la notificación de la presente decisión y la remisión del expediente al Juzgado de origen.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Procedente la solicitud de falta de jurisdicción realizada por la apoderada judicial de la empresa Transeguro, C.A. de Seguros. 2.- LA FALTA DE JURISDICCIÓN del Poder Judicial para conocer y decidir la referida demanda únicamente con respecto a la sociedad mercantil TRANSEGURO, C.A. DE SEGUROS. 3.- Que el PODER JUDICIAL SI TIENE JURISDICCIÓN para conocer y decidir la demanda contra la sociedad mercantil P Y P CONSTRUCCIONES 13. 4.- Se ORDENA agregar copia certificada de la presente decisión al asunto principal distinguido con la nomenclatura AP42-G-2012-000576. 5.- Se ORDENA la REMISIÓN del presente cuaderno separado, así como del expediente principal, a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia a los fines de la consulta obligatoria dispuesta en el artículo 62 del Código de Procedimiento Civil. Se ordenó la notificación de la presente decisión.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- La NULIDAD PARCIAL del auto emitido por este Órgano Jurisdiccional en fecha 3 de octubre de 2013, únicamente en lo relativo al inicio del procedimiento de segunda instancia, así como la nulidad de todas las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al mismo. 2.- REPONE la causa al estado que se libren las notificaciones a que hubiera lugar para que se dé inicio al procedimiento de segunda instancia de conformidad con los artículos 90, 91 y 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- COMPETENTE para conocer la apelación interpuesta por la abogada Jaibeth de la Chiquinquirá Sanoja, apoderada judicial de la ASOCIACIÓN DE VECINOS URBANIZACIÓN VALLE FRESCO "ASOVEC VALLE FRESCO", contra la decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Central, en fecha 13 de marzo de 2008, que declaró desistido el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto contra el CONSEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO MARIÑO DEL ESTADO ARAGUA. 2.- ANULA PARCIALMENTE el auto de fecha 6 de febrero de 2013 con excepción de la admisión de la causa. 2.1.- ANULA todas las actuaciones posteriores al auto de fecha 6 de febrero de 2013. 2.2.- REPONE la causa al estado de que el Tribunal de Instancia reordene el proceso previa notificación de las partes para continuar su tramitación. Se ordenó la remisión del expediente al Tribunal de origen.