Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.-HOMOLOGA EL DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO del presente recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con solicitud de suspensión de efectos, por el abogado Nicolás Badell, actuando en su carácter de apoderada judicial MERCANTIL, C.A., BANCO UNIVERSAL, contra la Resolución S/N dictada por el CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO PARA LA DEFENSA Y EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO en fecha 7 de mayo de 2007, la cual declaró sin lugar el recurso jerárquico interpuesto, confirmando así la decisión por la cual dicho Instituto multó a la sociedad mercantil recurrente por el monto equivalente a quinientas (500) unidades tributarias.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer la apelación interpuesta. 2.- CON LUGAR la apelación interpuesta. 3.- REVOCÓ la sentencia dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital de fecha 10 de marzo de 2008, mediante la cual declaró Con Lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto. 4.- SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto. 5.-CONFIRMÓ, la Providencia Administrativa Nº 12 de fecha 30 de enero de 2001, emanada de la Inspectoría del Trabajo en el Distrito Capital, a través de la cual se declaró con lugar la solicitud incoada por el trabajador. Se ordenó la notificación y la remisión del expediente al Tribunal de origen.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.-DESISTIDO el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos por la abogada MARISELA CISNEROS AÑEZ, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 19.655, actuando con el carácter de apoderada judicial del ciudadano JESÚS ANTONIO ABREU UZCÁTEGUI, titular de la cédula de identidad Nº 8.011.419, contra la Resolución Nº C.M.C.E.097-2010, de fecha 8 de noviembre de 2010, dictada por el CONTRALOR MUNICIPAL DEL MUNICIPIO CAMPO ELÍAS DEL ESTADO MÉRIDA, la cual fue notificada a su representado el 23 de noviembre de 2010, mediante Oficio Nº C.M.C.E. 065/10, de fecha 1º de noviembre de 2010, que declaró sin lugar el recurso de reconsideración y confirmó la determinación de responsabilidad administrativa y formulación de reparo decididas el 22 de septiembre de 2010, mediante Resolución Nº C.M.C.E. 093-2010.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte ordenó oficiar a la Gobernación del Estado Miranda, para que dentro del lapso de ocho (8) días de despacho siguientes a la constancia en autos de su notificación, remita las copias certificadas del expediente personal que incluya los cargos que ha desempeñado la recurrente en dicha Gobernación, asimismo que informe bajo cuál figura jurídica comenzó a desempeñarse como Médico Epidemiólogo en el Hospital Materno Infantil del Este "Dr. Joel Valencia Parparcen", cuál es la naturaleza del cargo que dejó de ocupar en la Gobernación del Estado Miranda, y cuál es la situación laboral actual de la misma, con la advertencia que una vez transcurrido dicho lapso, esta Corte procederá a dictar sentencia con los documentos que consten en autos. Se ordenó notificar.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró que NO HAY MATERIA SOBRE LA CUAL DECIDIR, con respecto a la apelación interpuesta en fecha 25 de agosto de 2001, por la apoderada judicial de la sociedad mercantil DAV CONSTRUCCIONES, C.A., contra la decisión dictada en fecha 14 de agosto de 2001, por el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, que declaró desistido el recurso de nulidad interpuesto por la referida sociedad mercantil, contra la Providencia Administrativa Nº 62-2000, de fecha 11 de diciembre de 2000, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN EL MUNICIPIO GUAICAIPURO DEL ESTADO MIRANDA, la cual declaró con lugar la solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos formulada por el ciudadano Pedro Roberto Herrera Acosta. Se ordenó notificar y remitir el expediente al mencionado Juzgado.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte: 1. Declaró la NULIDAD PARCIAL del auto emitido por esta Corte el 3 de noviembre de 2010, únicamente en lo relativo al inicio del lapso de fundamentación de la apelación a las partes, así como la nulidad de todas las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al mismo. 2. REPUSO la causa al estado de que se libraran las notificaciones a que hubiere lugar, para que se diera inicio al lapso de diez (10) días de despacho, dentro de los cuales la parte apelante deberá presentar las razones de hecho y de derecho en que fundamenta la apelación interpuesta, de conformidad con lo previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Se ordenó notificar.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesta por la sustituta de la Procuradora General de la República, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 12 de agosto de 2010, que declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto, por el apoderado judicial de la ciudadana EVA MARÍA PERNÍA DE MOLINA, contra la República Bolivariana de Venezuela por órgano del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN. 2.- DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto. 3.- PROCEDENTE la consulta del fallo dictado en fecha 12 de agosto de 2010, por el Juzgado a quo. 4.- Conociendo de la consulta prevista en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se CONFIRMA el referido fallo.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: DESISTIDO el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la apoderada judicial del ciudadano HERACLIO JOSÉ PERNÍA REA, contra "(¿) la ficción legal de silencio administrativo en que incurrió (¿)" la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO LARA, al no pronunciarse sobre recurso de reconsideración interpuesto en fecha 24 de octubre de 2005.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- IMPROCEDENTE la acción de amparo constitucional interpuesta conjuntamente con Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad. 2.- ORDENÓ la remisión del expediente al Juzgado de Sustanciación a los fines de que revise exhaustivamente la caducidad de la presente acción.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- DESISTIDO el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos por el abogado Jesús Manuel Contreras García, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 79.134, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano EURES JOSÉ ZAMBRANO RAMÍREZ, titular de la cédula de identidad N° 11.917.086, contra el acto administrativo S/N de fecha 1° de abril de 2005, dictado por el ciudadano Adolfo Aponte Hernández, actuando con el carácter de Auditor Interno de la Compañía Anónima de Electricidad de Los Andes, (CADELA), mediante el cual se declaró la responsabilidad administrativa del prenombrado ciudadano y le fue impuesta multa por la cantidad de seis millones setecientos noventa y dos mil quinientos bolívares sin céntimos (Bs. 6.792.500,00).