Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- SU COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación puesto por el abogado Gabriel Jesús Espinoza García, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana TERESA DE JESÚS HENRÍQUEZ, en fecha 21 de julio de 2008, contra el fallo emanado del Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró inadmisible el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la referida ciudadana contra la ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE CARACAS; 2.- CON LUGAR, la apelación interpuesta; 3.- REVOCA PARCIALMENTE el fallo proferido por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital; 4.- INADMISIBLE el recurso interpuesto.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte ORDENO al Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), remitir dentro de los diez (10) días de despacho siguientes a que conste en autos el recibo de la última notificación, copias debidamente certificadas y foliadas del expediente administrativo relacionado con el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente medida de suspensión de efectos ejercido por la abogada Nilka María Cedeño, actuando en su carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil MI PLAN RECÍPROCO MI PLAN, S.A., contra la decisión dictada en fecha 13 de diciembre de 2007 por el Consejo Directivo del INSTITUTO PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS EN EL ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS (INDEPABIS).

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró 1.- IMPROCEDENTE la acción de amparo cautelar solicitada por los abogados José Neptalí Martínez Natera, Juan Carlos Lander, Humberto Gamboa y Rubén Elías Rodríguez, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Números 950, 46.167, 45.806 y 75.439 respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil MUNDITUR CASA DE CAMBIOS, C.A., contra el acto administrativo contenido en el oficio alfanumérico PRE-VPAI-CJ-004613, de fecha 29 de marzo de 2011, emanado de la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI), mediante la cual decidió ejecutar la medida de suspensión prevista en el numeral 2 de la Cláusula Décima Segunda del Convenio que regula la actividad de la referida empresa como Operador Cambiario autorizado. 2.- IMPROCEDENTE la medida cautelar de suspensión de efectos solicitada.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.-Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por la representación judicial de FOGADE, en contra de la Sentencia dictada por el Juzgado a quo el 16 de febrero de 2011, mediante la cual negó la medida cautelar de embargo solicitada conjuntamente con la demanda por repetición de pago interpuesta contra el ciudadano JOSÉ ARMANDO CASTRO. 2.- CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3. REVOCÓ la referida sentencia 4. DECRETÓ medida preventiva de embargo sobre bienes muebles propiedad del referido ciudadano, hasta por el doble de la cantidad demandada, más las costas estimadas de la suma demandada. Si la medida recayere sobre cantidades liquidas de dinero, se practicará la misma hasta cubrir la suma de Bs.F. 82.447,69, al cual asciende el saldo de la suma liquida exigible más las costas procesales. 5. ORDENÓ oficiar al Juzgado Ejecutor de Medidas del Área Metropolitana de Caracas a fin de ejecutar la medida.

En el recurso de apelación interpuesto en fecha 10 de mayo de 2004, por el Abogado Orlando Colmenares, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de la ciudadana Martha Isabel Gomis Amendola, contra la sentencia dictada en fecha 25 de febrero de 2004 por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra la resolución Nº 295 de fecha 1º de junio de 2001, emanada del ciudadano Fiscal General de la República, esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró: 1. Su compentencia para conocer de la apelación interpuesta 2. Consumada la perención y extinguida la instancia en el recurso de apelación interpuesto.

En la acción de amparo constitucional interpuesta por el RICARDO SABDIEL PIERMATTEY CAMACHO contra la Sociedad Mercantil HIDROBOLÌVAR C.A., esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por la Abogada Elba Herrera, actuando con el carácter de Apoderada Judicial del ciudadano RICARDO SABDIEL PIERMATTEY CAMACHO, contra el auto dictado en fecha 19 de noviembre de 2009, por el Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, que declaró Improcedente abrir la articulación probatoria prevista en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, en la acción de amparo constitucional interpuesta por el mencionado ciudadano contra la Sociedad Mercantil HIDROBOLÍVAR, C.A, 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto y 3.- CONFIRMA el auto apelado.

En la medida cautelar de suspensión de efectos solicitada en el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por los Apoderados Judiciales del ciudadano NELSON MEZERHANE, en contra de la Resolución N° 506.10 de fecha 3 de diciembre de 2010, emanada de la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, hoy en día SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO, esta Corte dictó decisión por medio de la cual declaró: 1. Su COMPETENCIA; 2. IMPROCEDENTE la medida cautelar de suspensión de efectos solicitada; 2. ORDENA anexar el presente cuaderno a la pieza principal contenida en el expediente judicial N° AP42-N-2011-000016.

En el recurso de apelación ejercido en fecha 14 de octubre de 2009, por el Abogado RANIER GONZÁLEZ, actuando en su propio nombre y representación contra la sentencia dictada en fecha 26 de mayo de 2009, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, que declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra la PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO TRUJILLO, esta Corte dictó sentencia por medio de la cual declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación; 2. DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto; 3. ANULA por efecto de la consulta, el fallo dictado en fecha 26 de mayo de 2009; 4. DECLINA la competencia para conocer del presente recurso a las Juzgados de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo; 5. ORDENA remitir a los Juzgados de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo.

En el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano JULIO CÉSAR GARCÍAS CARDOZA contra la GOBERNACION DEL ESTADO APURE, esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer la consulta de Ley prevista en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, de la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial de la Región del Sur, en fecha 15/12/ 2010, mediante la cual declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano JULIO CÉSAR GARCÍAS CARDOZA, asistido por el Abogado FREDERICK ANTONIO DÍAZ VIERA, contra la GOBERNACION DEL ESTADO APURE y 2.- CONFIRMA la sentencia sometida a consulta.

En el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana MIRNA REBECA VILLEGAS BETANCOURT contra el BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, esta Corte declaró: 1- Su COMPETENCIA para conocer la apelación interpuesta en fecha 15/01/ 2007, por la Apoderada Judicial de la accionante contra el fallo dictado por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 20/12/2006, mediante el cual declaró Sin Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto, 2- SIN LUGAR la apelación interpuesta en fecha 15/01/2007, por la Apoderada Judicial de la actora y 3-. CONFIRMA CON REFORMA la sentencia dictada por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 20/12/2006.