Se dictó decisión declarando: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer del presente recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, en fecha 28 de octubre de 2009. 2.- SIN LUGAR la apelación interpuesta por la apoderada judicial de la recurrente. 3.- CONFIRMA el fallo apelado, en cuanto a la declaratoria de improcedencia del amparo cautelar solicitado. 4.- ORDENA a la Secretaría de esta Corte abrir cuaderno separado con copia certificada de la totalidad de las actas que constan en el presente expediente, a fin de tramitar la apelación ejercida por la abogada Rosmary Natera Torres contra la decisión de fecha 28 de octubre de 2009, mediante la cual se declaró improcedente la medida cautelar de suspensión de efectos ejercida, de conformidad con lo establecido en los artículos 92 y siguientes de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesta en fecha 11 de enero de 2011, por el abogado RAFAEL COELLO RAMOS, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado Nº 7.857, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano MARCELINO CARRERA, contra el fallo dictado por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 20 de diciembre de 2010, mediante la cual declaró SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial ejercido contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO VARGAS DEL ESTADO VARGAS. 2.- CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3.- REVOCA el fallo dictado por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, de fecha 20 de diciembre de 2010. 4.- Conociendo del fondo de la presente controversia, declara SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.

Se dictó decisión mediante la cual la Corte declaró: IMPROCEDENTE la suspensión de efectos solicitada por el abogado Ramón Esteban Becerra, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 141.175, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana CARMEN ZORAYA QUINTERO CALDERÓN titular de la cedula de identidad Nro. V-8.081.363, en el recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido contra la Resolución Nº 014-2010 de fecha 13 de septiembre de 2010, emanado de la CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO ANDRÉS BELLO DEL ESTADO TÁCHIRA, mediante el cual se determinó responsabilidad administrativa y se le impuso multa de novecientas unidades tributarias (900 U.T.).

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- QUE ACEPTÓ LA COMPETENCIA para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos, por la representación judicial del ciudadano LEONARDO MAC QUHAE, en primer lugar contra el acto administrativo s/n de fecha 4 de noviembre de 2010, emanado del Auditor Interno de la sociedad mercantil C.V.G. BAUXILUM C.A., y en segundo lugar contra el acto administrativo s/n dictado por la Auditora Interna de la referida sociedad mercantil en fecha 23 de septiembre de 2010. 2.- ORDENÓ la remisión del expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Corte, a los fines de que examine las causales de admisibilidad con excepción de la referente a la competencia, y de ser procedente proceder a la apertura del cuaderno separado de medidas. Se ordenó remitir copia de la presente decisión al Juzgado Tercero del Municipio Caroní del Estado Bolívar.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el abogado JOSÉ JESÚS RIVERO BURGOS, actuando en su propio nombre, contra "el acto administrativo del expediente N° 4084 de la Gerencia Distrito Capital y Estado Vargas, División Ventas Recaudación, Archivo General del INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INAVI). Se ordenó la notificación de las partes.

Esta Corte dictó sentencia mediante la cual se declaró: 1.- COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesta contra el fallo dictado en fecha 11 de diciembre de 2003, por el Juzgado Superior Segundo de Transición de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital ejercido por el abogado Manuel Assad Brito, actuando en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana ZORAIDA AVENDAÑO, contra el Ministerio de Salud y Desarrollo Social (hoy Ministerio de del Poder Popular para la Salud) 2.- SIN LUGAR la apelación interpuesta. 3.- CONFIRMA el fallo en los términos anteriormente expuestos, dictado por el Juzgado Superior Segundo de Transición de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 11 de diciembre de 2003. 4.- SE ORDENA realizar una experticia complementaria del fallo de conformidad con el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil a los fines que se calculen los intereses moratorios producidos desde el 03 de julio de 1995 hasta el 14 de febrero de 2000.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró DESISTIDO el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por los abogados Carlos Manuel Trapani Blanco y Lilian Margarita Montero, actuando en nombre y representación de la ASOCIACIÓN CIVIL CENTROS COMUNITARIOS DE APRENDIZAJE (CECODAP), de la FUNDACIÓN LUZ Y VIDA, y de la ASOCIACIÓN CIVIL FE Y ALEGRÍA, contra el Consejo Nacional de Derechos del Niño y del Adolescente. Se ordenó archivar el expediente.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la abogado Brígido Barrios Aponte, actuando en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana SANTA COROMOTO MAYA LÓPEZ, titular de la cédula de identidad numero 4.417.948, contra el acto administrativo contenido en la resolución No. DSJ-D-002-2006 de fecha 5 de diciembre de 2006, emanada de la CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO CARRIZAL DEL ESTADO MIRANDA, contentivo de la declaratoria de responsabilidad administrativa y sanción de multa por trescientas veinticinco (325) unidades tributarias, de conformidad con lo previsto en los artículos 94 y 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido por los abogados José Valentín González y Álvaro Guerrero Hardy, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 42.249 y 91.545, respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil MMC AUTOMOTRIZ, S.A., contra el acto administrativo contenido en la Resolución Nº CAD-PRE-CJ-0166415 de fecha 12 de noviembre de 2009, emanada de la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI), contentiva de la confirmatoria de la decisión mediante la cual se "niega la Autorización de Liquidación de Divisas (ALD) a la solicitud Nros. 7923433".

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 13 de abril del 2005, por la abogada Elibeth Lindarte de Morales, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 76.126, actuando en su condición de apodera judicial de la Procuraduría General del Estado Táchira, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes, en fecha 3 de marzo de 2005, mediante la cual declaró con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana MARÍA ENGRACIA DE LA CONSOLACIÓN CHÁVEZ FLORES, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO TÁCHIRA.; 2.- CON LUGAR la apelación incoada por la apoderada judicial de la Procuraduría General del Estado Táchira; 2.- Se REVOCA la sentencia apelada; 3.- Conociendo del fondo del asunto se declara SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.