En fecha 15 de noviembre de 2017, este Juzgado dictó decisión mediante el cual declaró: COMPETENTE a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, para conocer de la presente demanda de nulidad, ADMITIÓ la demanda de nulidad, ORDENÓ la notificación del FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA, del SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS (SAREN), del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ y de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, INSTÓ a la parte demandante consigne los fotostatos, ORDENÓ solicitar el expediente administrativo del caso, ORDENÓ abrir cuaderno separado, ORDENÓ remitir el expediente judicial a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, a fin de fijar la Audiencia de Juicio, una vez notificadas todas las partes.

Esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró: 1.- Que ACEPTA la competencia declinada por el Juzgado Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Centro Occidental, en fecha 8 de junio de 2015 y en consecuencia, se declara COMPETENTE para conocer de la demanda de nulidad interpuesta por el abogado Rubén Jesús Villavicencio Navarro, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil CONSORCIO TRANSMEICA, contra el INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIAL. 2.- Se ORDENA la remisión del presente expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Corte, a los fines de que se pronuncie sobre la admisibilidad de la demanda de nulidad incoada, con prescindencia de la competencia ya analizada en el presente fallo y de ser el caso, tramite el procedimiento correspondiente.

Se dictó decisión mediante la cual se declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por el abogado Omar Hernández, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 80.782, actuando con el carácter de apoderado judicial del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S) contra la decisión de fecha 7 de agosto de 2014, emanado del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, a través de la cual se declaró parcialmente con lugar el recurso interpuesto por el abogado Rafael Ángel Rondón Pérez inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo N° 55.261, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana YULY DEL CARMEN DURAN CORDERO, titular de la cédula de identidad Nº 10.840.012. 2.- SIN LUGAR la apelación interpuesta. 3.- CONFIRMA el fallo dictado por el del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental de fecha

En el presente recurso, esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró: SU COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por la representación judicial de la ciudadana ALIDA TERESA GONZÁLEZ, titular de la cédula de identidad N° 6.138.267, contra la decisión dictada en fecha 15 de julio de 2004, por el Juzgado Superior Tercero de Transición de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en el recurso contencioso administrativo funcionarial que interpusiera contra el INSTITUTO AUTÓNOMO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MAIQUETÍA (IAAIM) hoy INSTITUTO AEROPUERTO; DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto; y FIRME el fallo apelado.

Esta Corte dictó AUTO PARA MEJOR PROVEER, a los fines que se notifique al ciudadano Yorman Alexis Vandez Aponte, se oficie al Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana y al Viceministro del Sistema Integrado de Policía para que en el lapso de diez (10) días de despacho siguientes a la constancia en autos de haberse practicado la última de las notificaciones remita copia certificada de los antecedentes administrativos relacionados con la presente causa.

Se dictó decisión mediante la cual esta CSCA Ello así, esta Corte en aras de garantizar el principio de verdad material, y con la finalidad de cumplir con su labor jurisdiccional al momento de emitir su decisión, con base en el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, estima necesario solicitar tanto a la sociedad mercantil Representaciones Bensil, C.A., antes identificada, como a el Fondo Único Social del estado Miranda (FUSMI), para que en un lapso de diez (10) días de despacho contados a partir de que conste en autos sus respectivas notificaciones, consignen el contrato ut supra mencionado o información relativa a la existencia o no del referido instrumento.

En la demanda de nulidad incada por la sociedad mercantil ROLILARA, C.A., contra la Providencia Administrativa N° NPA/DS/2014 de fecha 20 de noviembre de 2014, notificada el 13 de enero de 2015, emanada de la INTENDENCIA DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS SOCIOECONÓMICOS, adscrita a la SUPERINTENDENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS SOCIOECONOMICOS (SUNDDE), mediante el cual se le impuso sanción de multa por la cantidad de diez mil unidades tributarias (10.000 U.T.) y se dejó sin efecto la media preventiva de ajuste inmediato de los precios de bienes, esta Corte dictò auto para mejor proveer solicitando antecedentes administrativos del caso.

Esta Corte dicto decisión mediante la cual declaro SU COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación ejercido por la ciudadana MAIGUALIDA MÁRQUEZ CALDERA, asistida por el abogado José Lorenzo Faría Adrián, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 27 de abril de 2017, por medio de la cual declaró SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la referida ciudadana contra el INSTITUTO NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL (INAC). SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto. Se CONFIRMÓ el fallo apelado.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual se declaró COMPETENTE para conocer el recurso de apelación interpuesto por el abogado Ángel Remigio Reyna, actuando en su carácter de Síndico Procurador del Municipio Diego Ibarra del estado Carabobo, contra el fallo dictado por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte, en fecha 29 de junio de 2017, que declaró con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano PERKIS PÉREZ ROMERO, debidamente asistido por la abogada Enelia María Beltrán Mijares, contra el MUNICIPIO DIEGO IBARRA DEL ESTADO CARABOBO. DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto. FIRME el fallo apelado.

En el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano JONNY JOSÉ GIL, asistido por la Abogada Carmen Mota, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO APURE. Esta Corte dictó sentencia interlocutoria con fuerza definitiva mediante la cual declaró: 1. Que es COMPETENTE para conocer el recurso de apelación ejercido y 2. EXTINGUIDO EL PROCESO POR PÉRDIDA DEL INTERÉS en el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.