La Corte declaro SU INCOMPETENCIA sobrevenida para conocer en primer grado de jurisdicción del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con solicitud de suspensión de efectos por el ciudadano Mauricio Corredor Fanjul, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil PANADERÍA, PASTELERÍA Y CHARCUTERÍA COFERPAN, C.A., asistido por el abogado Juan Carlos Regardiz Salas, contra la Providencia Administrativa N° 269 de fecha 7 de octubre de 2002 emanada de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO MONAGAS, la cual declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos incoada por la ciudadana VIANNERIS LADIMAR DÍAZ GÓMEZ, contra la referida sociedad mercantil.ORDENA la remisión del expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, con el fin de que decida cuál es el Órgano Jurisdiccional competente para conocer de la presente causa.

La Corte declaro Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por la abogada MARÍA CRISTINA ESTÉ EGUI, en su condición de apoderada judicial del INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICÍA MUNICIPAL DE BARUTA, contra la sentencia dictada en fecha 14 de julio de 2004 por el Juzgado Superior Séotimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante la cual declaró parcialmente el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana MÓNICA HERNÁNDEZ AZUAJE, asistida por los abogados IVAN RAUL GALIANO y JORGE MARTÍN ORTEGA, al inicio plenamente identificados contra el referido Instituto.SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido.En consecuencia CONFIRMA en los términos expuestos en la motiva del presente fallo la sentencia apelada.ORDENA la reincorporación de la ciudadana MÓNICA HERNÁNDEZ AZUAJE al cargo que desempeñaba u otro de similar o superior jerarquía y remuneración para el cual reúna los requisitos exigidos, y el pago de los sueldos dejad.....

La Corte declaró DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto por la República contra la sentencia que declaró con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto; en consecuencia, se declara FIRME la sentencia apelada.

La Corte se declara INCOMPETENTE sobrevenidamente para conocer y decidir el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con solicitud de suspensión de efectos; DECLINA la competencia para conocer el presente recurso contencioso administrativo de nulidad en el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental y se ORDENA remitir el presente expediente al referido Juzgado Superior anexo a Oficio.

La Corte se declaró IMPROCEDENTE la tutela constitucional cautelar solicitada. PROCEDENTE la medida cautelar innominada de conservación solicitada.

La Corte declaró SIN LUGAR la apelación interpuesta. CONFIRMA el fallo apelado.

La Corte se declaró COMPETENTE para conocer de la consulta de ley y CONFIRMA en los términos expuesto en el cuerpo de este fallo la sentencia dictada por el a quo.

La Corte declara DEFINITIVAMENTE FIRME la sentencia dictada el 24 de mayo de 2004, por el Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil (Bienes) de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas con competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur Oriental, mediante la cual declaró CON LUGAR la pretensión de amparo constitucional interpuesta y ORDENA la remisión del expediente al Tribunal de origen.

La Corte declaró DEFINITIVAMENTE FIRME la sentencia dictada el 3 de junio de 2005, por la Corte de Apelaciones en lo Penal, Civil, Mercantil, Tránsito, Menores y Tribunal Superior en lo Contencioso Administrativo de la Región Amazonas, mediante la cual Homologó el desistimiento formulado, en consecuencia, se ORDENA la remisión del expediente al Tribunal de origen.

La Corte declaró DEFINITIVAMENTE FIRME la sentencia dictada el 6 de febrero de 2004, por el Juzgado Superior Séptimo en lo Contencioso Administrativo de la Región Capital. En consecuencia, se ORDENA la remisión del expediente al Juzgado Superior Séptimo en lo Contencioso Administrativo de la Región Capital.