Esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo dictó AUTO PARA MEJOR PROVEER a los fines de solicitar al Estado Bolivariano de Aragua para que dentro del lapso de diez (10) días continuos siguientes, a la constancia en autos de haberse practicado la notificación respectiva, consigne instrucción escrita de la máxima autoridad del Órgano respectivo, entiéndase, autorización del Gobernador del Estado Bolivariano de Aragua para así celebrar la transacción y en consecuencia se homologue la misma.

Esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo dictó auto mediante el cual ORDENÓ oficiar al PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO BOLÍVAR , a fin de que , remita la autorización expresa para llevar a cabo la conciliación del asunto referente al recurso contencioso administrativo funcionarial y a los ciudadanos ANDRÉS EDUARDO GUILLEN BOLÍVAR, PEDRO PABLO BOMPART Y RAFAEL ÁNGEL GUERRA PLASENCIA, para que consignen escrito de conciliación, a fin de que se pueda verificar que el medio alternativo de resolución de conflictos cumple con todos los parámetros establecidos en la Ley, asimismo, se solicita a las partes querellante entreguen poder especial donde otorguen la autorización expresa para llevar a cabo la conciliación in commento, en el lapso de cinco (5) días de despacho, más seis (6) días continuos por el término de la distancia.

En la demanda de nulidad interpuesta por la Sociedad Mercantil SERVICIOS Y PROYECTOS, C.A. contra PDVSA PRODUCCIÓN DIVISIÓN COSTA AFUERA esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: ORDENA notificar a la Sociedad Mercantil Servicios y Proyectos, C.A (SERPROCA), C.A., a los fines de que en un lapso de diez (10) días de despacho contados a partir de que conste en autos su notificación, más seis (6) días continuos que se le conceden como término de la distancia, reforme su pretensión, los fundamentos que la sostienen.

En el recurso de apelación interpuesto contra la decisión dictada en fecha 30 de mayo de 2017, por el Juzgado A quo que declaró Con Lugar la querella interpuesta por JOHAN JOSÉ ALVARADO GONZÁLEZ contra el CUERPO POLICIAL DEL ESTADO CARABOBO esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1. La NULIDAD de las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al lapso de fundamentación a la apelación; 2. ORDENA la reposición de la causa al estado de iniciar el lapso de contestación a la fundamentación de la apelación.

Esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, dicto sentencia mediante el cual declaro: Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada el 22 de marzo de 2017, por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante la cual declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra la GOBERNACION DEL ESTADO VARGAS; ANULÓ por transgresión al orden público la sentencia apelada, INOFICIOSO conocer la apelación interpuesta; e INADMISIBLE por CADUCIDAD el recurso contencioso administrativo funcionarial.

Esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo dictó sentencia mediante la cual declaró: REPONER la causa al estado de iniciar el lapso para la fundamentación de la apelación, una vez conste en autos la última de las notificaciones de las partes de la presente decisión, ello a los fines de preservar el debido proceso, el derecho a la defensa y la tutela judicial efectiva de la parte recurrente y en aras de continuar con el procedimiento de segunda instancia previsto en los artículos 91 y 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y en consecuencia La NULIDAD de las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al 29 de marzo de 2016.

Esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo dictó sentencia en la cual declaró: Su INCOMPETENCIA para conocer de la demanda de nulidad interpuesta por los Abogados Carmen Esthela Prieto Puente y Pablo Vicente Pietro Puente, actuando en su condición de apoderados judiciales de la Sociedad Mercantil "CAFÉ AROMÁTICOS DE VENEZUELA", contra el MINISTRO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DECLINÓ el conocimiento de la presente causa a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia y ordenó la REMISIÓN del expediente judicial a la Sala Político Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia.

Esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo dictó sentencia en la presente causa mediante la cual declaró: que es COMPETENTE para conocer de la demanda por Estimación e Intimación de Honorarios Profesionales interpuesta por los abogados José Ramón Muñoz Montilla y Maricela Moreno Torres actuando en su carácter de apoderados judiciales de la ciudadana ALBA MARINA LICONTI, contra la sociedad mercantil C.N.A DE SEGUROS LA PREVISORA; ADMITIÓ la demanda incoada; ORDENÓ Intimar a la Sociedad Mercantil C.N.A DE SEGUROS LA PREVISORA y notificar a los Abogados José Ramón Muñoz Montilla y Maricela Moreno Torres, apoderados judiciales de la ciudadana Alba Marina Liconti.

En el recurso de apelación interpuesto contra la decisión dictada en fecha 14 de diciembre de 2010, por el Juzgado A quo que declaró Parcialmente Con Lugar la querella interpuesta por FERDINANDO JOSÉ SOARES MACHADO contra el BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT (BANAVIH) esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación; 2. CON LUGAR el recurso de apelación; 3. REVOCA el fallo dictado; 4. PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial.

Esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo dictó decisión en la cual declaró IMPROCEDENTE la solicitud de ejecución forzosa incoada por la Abogada Gesilce Calderin, actuando en su carácter de Apoderada Judicial del ciudadano Otto José Jesús González, por considerar que, la misma debe ser realizada en sede Administrativa ante el Instituto Para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS).