En la declinatoria de competencia efectuada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas para conocer de la acción de amparo constitucional interpuesta por los ciudadanos JOSÉ DARÍO LIMA LIMA, HÉCTOR RAFAEL MARCANO CARREÑO, MARIS ISABEL CARVAJAL MOTA y ALCIDES ANTONIO LEONETT GOLINDANO, contra la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR - INSTITUTO PEDAGÓGICO DE MATURÍN, esta Corte dicto decisión por medio de la cual declaró: 1. NO ACEPTA LA DECLINATORIA DE COMPETENCIA; 2. ORDENA remitir el presente expediente al Juzgado Superior Quinto Agrario, Civil Bienes, de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas con Competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur Oriental.

En el recurso de apelación interpuesto en fecha 21 de julio de 2010, por la Abogada Evelyn Carrizo, actuando con el carácter de Apoderada Judicial de la Sociedad Mercantil Servicio Pan Americano de Protección, C.A., contra la sentencia dictada en fecha 15 de junio de 2010, por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró Inadmisible el recurso de nulidad interpuesto contra el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró: 1. Su competencia para conocer del recurso de apelación interpuesto 2. Homologa el desistimiento del recurso de nulidad realizado por la Abogada Flavia Zarins 3. Ordena remitir el expediente al Tribunal de Origen.

En la Consulta del fallo dictado en fecha 15 de diciembre de 2010, por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Apure y Municipio Arismendi del estado Barinas, que declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano JUAN FRANCISCO PÉREZ HERNÁNDEZ, debidamente asistido por el Abogado Frederick Antonio Díaz, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO APURE, esta Corte dictó decisión por medio de la cual declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer de la consulta prevista en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 2. CONFIRMA el fallo objeto de consulta.

En la Consulta del fallo dictado en fecha 28 de julio de 2010, por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Apure y Municipio Arismendi del estado Barinas, que declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano LUIS FREDDYS PÉREZ HERRERA, debidamente asistido por el Abogado Frederick Antonio Díaz, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO APURE, esta Corte dictó decisión por medio de la cual declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer de la consulta prevista en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 2. CONFIRMA el fallo objeto de consulta.

En el recurso de apelación interpuesto por el Abogado Carlos Ferrer, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de la parte recurrida, contra la decisión dictada en fecha 13 de octubre de 2010, por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante la cual declaró Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la Abogada Marisela Cisnero, actuando con el carácter de Apoderada Judicial del ciudadano OMAR ENRIQUE GONZÁLEZ OSORIO, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA. Se dictó sentencia mediante la cual esta Corte declaró: Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto; SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto; CONFIRMÓ el fallo dictado por el mencionado Juzgado Superior con las reformas indicadas.

En el recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos, interpuesto por el Apoderado Judicial de la Sociedad Mercantil AUTOMOTRIZ MABER, C.A., contra el acto administrativo contenido en la Resolución s/n de fecha 26 de marzo de 2007, dictada por el CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO PARA LA DEFENSA Y EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO, hoy INSTITUTO PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS EN EL ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIO. Se dictó sentencia mediante la cual esta Corte declaró: Su COMPETENCIA para conocer del recurso ejercido conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos; ADMITIÓ el presente recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto, conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos; IMPROCEDENTE la medida cautelar de suspensión de efectos solicitada; ORDENÓ la remisión del expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Corte.

En el recurso deapelación interpuesto porla representación judicial del Ministerio Público contra el auto dictado en fecha 9 de junio de 2010, por el Juzgado Superior Segundo enlo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital que admitió la prueba de informes y mérito favorable promovidas por el Abogado Rafael Pérez Moochet, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de la ciudadana IRAMA JOSEFINA RAUSSEO, en el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la mencionada ciudadana contra la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, por órgano de la FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, esta Corte dictó decisión que declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación; 2. CON LUGAR el recurso de apelación; 3. REVOCA PARCIALMENTE el auto apelado; 4. INADMISIBLE la prueba de informes promovida por la parte actora.

En el recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos y subsidiariamente medida cautelar innominada interpuesto por los Abogados Alvaro Guerrero Hardy y José Valentín González, actuando con el carácter de Apoderados Judiciales de la Sociedad Mercantil CABILLAS Y PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CAPROSI C.A., contra el acto administrativo Nº 017-2010-10-00328, de fecha 30 de julio de 2010, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DE LOS VALLES DEL TUY. Se dictó sentencia mediante la cual esta Corte declaró: DECLINÓ la competencia para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto; ORDENÓ la remisión del expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de los Juzgados de Primera Instancia Extensión Valles del Tuy.

En el recurso de apelación interpuesto en fecha 23 de julio de 2008, por el Abogado Oscar Araguayán, actuando con el carácter de Apoderado Judicial del ciudadano Carlos Marín Valerio, contra la sentencia dictada en fecha 17 de julio de 2008, por el Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas y Contencioso Administrativo de la Región Sur Oriental, que declaró Sin Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra el Oficio Nº 0574/07 de fecha 5 de febrero de 2007, dictado por el Director de la Policía del Estado Monagas, esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró: 1. Su competencia para conocer del recurso de apelación interpuesto 2. Desistido el recurso de apelación interpuesto 3. Firme el fallo apelado.

En el recurso de apelación interpuesto en fecha 15 de noviembre de 2002 por la Abogada Corina Crer, actuando con el carácter de Apoderada Judicial del ciudadano Julio Méndez, contra la sentencia dictada en fecha 14 de noviembre de 2002, por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró Inadmisible el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra la Contraloría del Municipio Baruta del Estado Miranda, esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró: 1. Su competencia para conocer del recurso de apelación interpuesto 2. Con lugar el recurso de apelación interpuesto 3. Revoca el fallo apelado 4. Ordena al Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, se pronuncie nuevamente sobre la admisión del recurso, y de ser el caso, sustancie el procedimiento correspondiente.