En de la demanda de nulidad interpuesta por la Apoderada Judicial de las Sociedades Mercantiles PDVSA GAS COMUNAL S.A. y PODER DE DISTRIBUCIÓN VENEZUELA COMUNAL S.A., contra la Providencia Administrativa Nº 019-2010 de fecha 5 de agosto de 2010, emanada de la DIRECCIÓN ESTADAL DE SALUD DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO MONAGAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL). Esta Corte: 1. NO ACEPTÓ LA DECLINATORIA DE COMPETENCIA efectuada por el Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil-Bienes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas con competencia Contencioso Administrativo de la Región Sur. 2. PLANTEÓ DE OFICIO LA REGULACIÓN DE COMPETENCIA ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. 3. ORDENÓ remitir el presente expediente a la referida Sala a los fines de que se pronuncie sobre la regulación planteada.

En el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana YOSBEL GALVIS ALARCÓN, contra la República Bolivariana de Venezuela por órgano de la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA (DEM). Esta Corte declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación interpuesto. 2. CON LUGAR el recurso de apelación ejercido. 3. NULA la sentencia apelada dictada en fecha 31 de enero de 2013 por el Juzgado Superior Sexto de lo Contenicioso Administrativo de la Región Capital. 4. PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto, en consecuencia: 4.1 ORDENÓ el pago de las prestaciones sociales con las deducciones de los respectivos anticipos. 4.2 ORDENÓ el pago de los intereses de mora. 4.3 ORDENÓ el pago de los intereses sobre prestaciones sociales. 4.4. NEGÓ los demás conceptos demandados conforme la motiva del fallo. 4.5 ACORDÓ practicar una experticia complementaria del fallo.

Esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró: Su COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación interpuesto en fecha 13 de agosto de 2015, por el ciudadano RAÚL ANTONIO AVENDAÑO GONZÁLEZ, asistido por el Abogado Ibrahim Quintero Silva, contra la sentencia del 12 de agosto de 2015, dictada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró "Sin Lugar" el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra el TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA; DESISTIDA la apelación del auto de fecha 17 de junio de 2015; SIN LUGAR el recurso de apelación intentado por el querellante; Conociendo en consulta obligatoria, se CORRIGE el dispositivo del fallo apelado.

En el presente recurso de apelación interpuesto en fecha 28 de octubre de 2015, por la abogada Marlyn Mena actuando como apoderada judicial de la Gobernación del Estado Apure, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y Municipio Arismendi del Estado Barinas, en fecha 28 de octubre de 2014, mediante el cual declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto, esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1.La NULIDAD de las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al lapso de fundamentación a la apelación y 2. ORDENA la reposición de la causa al estado de iniciar el lapso de contestación a la fundamentación de la apelación, contado a partir de que conste en actas la última de las notificaciones libradas por la Secretaría de esta Corte.

En el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en fecha 8 de febrero de 2010, por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital que declaró Sin Lugar el recurso de nulidad interpuesto por la apoderada judicial de la sociedad mercantil INDUSTRIAS DEPARCA DE VENEZUELA I.D.V. contra la entonces DIRECCIÓN GENERAL DE INQUILINATO DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA INFRAESTRUCTURA, esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1. SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto; 2. CONFIRMA el fallo apelado.

En el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana MARÍA ELENA RAMOS VALECILLOS, contra el INSTITUTO NEOESPARTANO DE POLÍCIA (INEPOL). Esta Corte declaró: 1. La NULIDAD de todas las actuaciones procesales posteriores al 26 de enero de 2016, fecha desde la cual inició el lapso de fundamentación de la apelación. 2. ORDENÓ la reposición de la causa al estado que el Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Nueva Esparta, notifique a las partes para que se dé inicio al lapso de fundamentación de la apelación. 3. ORDENÓ remitir la presente causa al Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Nueva Esparta para que realice lo conducente en aras de colocar a las partes a derecho.

En la demanda de ejecución de fianzas interpuesta con medida cautelar por el INSTITUTO AUTÓNOMO DE INFRAESTRUCTURA, OBRAS Y SERVICIOS DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA (INFRAMIR), contra SEGUROS GUAYANA, C.A, esta Corte declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el auto de fecha 29 de septiembre de 2015, dictado por el Juzgado Superior Octavo de lo Contenciso Administrativo de la Región Capital. 2. CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3. REVOCÓ el fallo apelado.

En la demanda por vías de hecho interpuesta conjuntamente con amparo cautelar y subsidiariamente medida cautelar innominada por los apoderados judiciales de la sociedad mercantil VALEBRON & CIA C.A., contra el Comando del Segundo Pelotón, Primera Compañía, Destacamento Nº 322 de la GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA y la SUPERINTENDENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS SOCIOECONÓMICOS (SUNDDE), esta Corte dictó sentencia que declaró: IMPROCEDENTE IN LIMINE LITIS la demanda por vías de hecho interpuesta

En la demanda por resolución de contrato e indemnización de daños y perjuicios interpuesta con medida preventiva de embargo por los Apoderados Judiciales de la FUNDACIÓN CARACAS (FUNDACARACAS), contra la Sociedad Mercantil ENVI, C.A., y contra la Sociedad Mercantil SEGUROS CANARIAS DE VENEZUELA, C.A.. Esta Corte: 1.- ACEPTÓ LA COMPETENCIA DECLINADA por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital. 2.- ORDENÓ la remisión del presente expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Corte, a los fines que se pronuncie acerca de la admisibilidad de la presente causa y de ser conducente, ordene abrir cuaderno separado para resolver lo concerniente a la medida cautelar. 3.- ORDENÓ abrir cuaderno separado para resolver lo concerniente a la medida cautelar.

En el recurso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con amparo cautelar y subsidiariamente con medida cautelar de suspensión de efectos por el Abogado Juan Darias, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de la ciudadana MARIANELLA SARCOS contra el INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL (INAC), esta Corte Declaró: 1. SU COMPETENCIA para conocer de la demanda de nulidad interpuesta conjuntamente con amparo cautelar y subsidiariamente medida de suspensión de efectos 2. ADMITIÓ PROVISIONALMENTE el recurso contencioso administrativo de nulidad. 3.- IMPROCEDENTE el amparo cautelar.4. ORDENÓ remitir el presente expediente al Juzgado de Sustanciación a los fines que se pronunciara acerca de la admisión definitiva de la presente causa y, de ser conducente, ordenara abrir el cuaderno separado para resolver lo concerniente a la medida cautelar.