Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, declara: 1.- PROCEDENTE la solicitud de suspensión de la causa peticionada por el abogado Luis José Hostos, actuando en su carácter de representante judicial de la CORPORACIÓN ELÉCTRICA NACIONAL (CORPOELEC), respecto de la demanda de ejecución de fianza incoada en contra de las sociedades mercantiles ASEGURADORA NACIONAL UNIDA DE SEGUROS, S.A., (UNISEGUROS) y CONSTRUCTORA SURCO, C.A. 2.- Se ACUERDA la suspensión de la causa por un lapso de ciento ochenta (180) días continuos, contados a partir del día siguiente de la publicación del presente fallo.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 10 de julio de 2013, por el abogado Luis Ramón Bermúdez Rada, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 56, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana YOLY MAR COROMOTO QUINTERO, titular de la cédula de identidad Nº 8.020.974, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 8 de mayo de 2012, mediante la cual declaró inadmisible el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto contra el INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (INTI), en virtud de haber operado la caducidad de la acción; 2.- SIN LUGAR la apelación ejercida; 3.-Se CONFIRMA el fallo apelado.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- SU COMPETENCIA para conocer de la apelación interpuesta por la abogada Claudia Acevedo, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 41.315, en su carácter de apoderada judicial del ciudadano MARIO FEDERICO SCHWARTS MATOS, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Primero de Transición de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 19 de enero de 2005. 2.- DESISTIDO el recurso de apelación ejercido. 3.- FIRME la decisión dictada por el Juzgado Superior Primero de Transición de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 19 de enero de 2005.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró:ACEPTA la competencia declinada por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad interpuesto, por la sociedad mercantil CARBONES OCCIDENTALES COMPAÑÍA ANÓNIMA (CARBOCA), contra la Inspectoría Técnica de Minas Región Nº 3 (Zulia-Falcón) adscrita a la Dirección General de Fiscalización y Control Minero del MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA.REMITE el presente expediente al Juzgado de Sustanciación de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo a los fines de que se pronuncie sobre las causales de admisibilidad previstas en el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, con prescindencia a la competencia la cual ya fue analizada en el presente fallo.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 10 de julio de 2013, por el abogado Luis Ramón Bermúdez Rada, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 56, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano FERNANDO IBARRA, titular de la cédula de identidad Nº 2.848.117, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 6 de junio de 2012, mediante la cual declaró inadmisible el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto contra el INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (INTI), en virtud de haber operado la caducidad de la acción; 2.- SIN LUGAR la apelación ejercida; 3.-Se CONFIRMA el fallo apelado.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: DESISTIDA la Demanda de Nulidad interpuesta por la ciudadana MARÍA HERRERA ESTRAÑO titular de la cédula de identidad número 3.202.599, representada por el abogado Jesús Rafael Rodríguez Sánchez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 24.195, contra el Acto Administrativo contenido en el oficio número DNMN-0234-2004 de fecha 5 de octubre de 2004, dictada por la DIRECCIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN RODRÍGUEZ NÚCLEO MARACAY, mediante la cual se le retiró del cargo de Auxiliar Docente a tiempo convencional.

Debe forzosamente esta Corte declarar el abandono del trámite en el amparo constitucional que nos ocupa.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual: ORDENA NOTIFICAR al ciudadano Ángel Norberto Bencomo Paiva, para que exponga, en un plazo máximo de diez (10) días de despacho, contados a partir que conste en autos el recibo de la notificación respectiva, si conserva interés en continuar el presente proceso y de ser éste el caso, exprese los motivos por los cuales mantiene el referido interés en el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto. En caso de que no realice respuesta dentro del plazo que fue fijado, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo considerará la pérdida del interés en el recurso interpuesto.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 14 de enero de 2013, por la abogado Janine Palacios inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nº103.216, en su carácter de representante judicial de la ciudadana MARIANITA BETANCOURT MELÉNDEZ, titular de la cédula de identidad Nº 3.881.481,contra la decisión dictada en fecha 21 de diciembre de 2012, por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró sin lugar el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto contra EL GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL. 2. DESISTIDO el mencionado recurso de apelación, en consecuencia, declara FIRME el fallo apelado.

Demostrado como ha sido la participación del actor en los hechos, así como la instrucción de un correcto expediente administrativo, y la correcta aplicación de los supuestos señalados como faltas, que dieron lugar a la destitución estudiada, es por lo que este Órgano Jurisdiccional, debe forzosamente, tras haber descartado todas las denuncias realizadas, declarar sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial.