Esta Corte declaró: 1.- SU COMPETENCIA para el conocimiento de la demanda por abstención o carencia interpuesta el 29 de septiembre de 2016, por la ciudadana MARÍA DEL CARMEN MATOS, debidamente asistida por el abogado Simón Ramos Sánchez, contra el INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.) y solidariamente contra la UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA (U.C.V.); 2.- PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda interpuesta, en consecuencia: 2.1.- Se ORDENÓ al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales el otorgamiento del beneficio de pensión por vejez a favor de la ciudadana María del Carmen Matos de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente fallo, 3.- Se NEGARON las pretensiones accesorias tales como aguinaldos, aumentos decretados, intereses moratorios e indexación.

Esta Corte declaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer el recurso de apelación interpuesto por la parte recurrida contra el fallo dictado por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 18 de mayo de 2009, que declaró con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano HELKIN ANTONIO PAIVA BENAVIDES, debidamente asistido por el abogado Wilmer Partidas, contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INAVI) hoy BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT (BANAVIH). 2.- DESISTIDA la apelación interpuesta por la parte recurrida. 3.- Conociendo de la consulta prevista en el artículo 84 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, CONFIRMA el fallo dictado en fecha 18 de mayo de 2009, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital.

Esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación interpuesto por la representación judicial de la parte recurrente, en fecha 27 de septiembre de 2016, contra la sentencia dictada en fecha 19 de septiembre de 2016, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante la cual declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana EMELY YANINA OROPEZA TORREALBA, debidamente asistida por el abogado Gendry González, contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ; 2.- SIN LUGAR la apelación interpuesta; y 3.- CONFIRMÓ el fallo apelado.

Esta Corte declaró DESISTIDO la demanda de nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos por los abogados Rafael Badell Madrid y Nicolás Badell Benítez, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos. 22.748 y 83.023, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales del banco VENEZOLANO DE CRÉDITO S.A, BANCO UNIVERSAL, contra la resolución N° 08115, de fecha 15 de julio de 2015 y notificada el 16 de julio de 2015, emanada de la SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO (SUDEBAN).

Esta Corte declaró que es competente para conocer y decidir, en primer grado de jurisdicción, la demanda de nulidad interpuesta conjuntamente con amparo cautelar por el abogado Alí Alberto Gamboa García, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano MICHEL ANTOINE DOUAIHY LEÓN, contra la providencia administrativa Nº MJD-DG-010-05-2017 de fecha 27 de enero de 2017, emanada del INSTITUTO NACIONAL DE HIPÓDROMOS (I.N.H.); ADMITE PROVISIONALMENTE la demanda incoada; PROCEDENTE la solicitud de amparo cautelar formulada y, en consecuencia, se SUSPENDEN los efectos la providencia administrativa Nº Nº MJD-DG-010-05-2017 de fecha 25 de enero de 2017, suscrita por el Instituto Nacional de Hipódromos (I.N.H.) mediante el cual fue expulsado el ciudadano Michel Antoine Douaihy León como propietario de caballos pura sangre por el lapso de 2 años. 4. ORDENA remitir el presente expediente al Juzgado de Sustanciación a los fines legales consiguientes.

Esta Corte declaró IMPROCEDENTE la solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos requerida por los abogados Luis Alexis Flores y Luis Alberto Ruiz Risso, actuando con el carácter de apoderada judicial de la ciudadana MIRTA URDANETA MORGADO, contra el acto administrativo contenido en el documento denominado "Solicitud de Evaluación de Incapacidad Residual" -Forma: F.1408- mediante la cual se dictaminó la pérdida del sesenta y siete por ciento (67%) de la capacidad para el trabajo de la ciudadana Mirta Urdaneta Morgado emanada de la Comisión Nacional de Evaluación de Incapacidad Residual adscrita al INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S).

Esta Corte declaró QUE ES COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesta contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital el 23 de marzo de 2017, mediante la cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial incoado por el Abogado Luis Enrique Romero, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano ROBERTO JOSÉ PACHECO AÑANGUREN contra el INSTITUTO AUTÓNOMO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSPORTE (INSETRA). 2. DESISTIDA la apelación interpuesta por el apoderado judicial de la parte recurrida. 3. PROCEDENTE la consulta de ley planteada y CONFIRMA el fallo apelado.

Esta Corte declaró DESISTIDO la demanda de nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos por el ciudadano LEONARDO EMILIO PLAZA COMOTTO, debidamente asistido por el abogado Luis Dommar Pellicer, contra el acto administrativo de efectos particulares contentivo de la declaratoria de responsabilidad Administrativa dictado en fecha 7 de enero de 2013, por la OFICINA DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO CHACAO DEL ESTADO MIRANDA.

Esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer la demanda por abstención o carencia interpuesta conjuntamente con amparo cautelar por los abogados Julio Bacalao del Castillo, Jaime Gómez Pacheco y Carlos Godoy Landaeta, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil SERVICIOS HALLIBURTON DE VENEZUELA, S.A., contra la ADUANA DE GUANTA DEL ESTADO ANZOÁTEGUI, adscrita al SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT). 2.- ADMITE la demanda; y en consecuencia ordena: 2.1.- CITAR al Gerente de la Aduana Principal de Guanta Puerto La Cruz, conforme a lo establecido en el artículo 67 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 2.2.- NOTIFICAR al ciudadano Procurador General de la República, y al Fiscal General de la República 3.- IMPROCEDENTE el amparo cautelar solicitado. 4.- Se ORDENA la remisión del presente expediente a la Secretaría de esta Corte.

Esta Corte declaró PROCEDENTE la medida cautelar innominada autónoma solicitada, para lo cual, se ORDENA a la Secretaría de esta Corte notificar a las partes, así como a la Fiscalía General de la República, a la Contraloría General de la República y al Servicio Nacional de Contratistas, a los fines de determinar las responsabilidades penales o administrativas que puedan existir, e igualmente se ordena notificar a la Comandancia de la Guardia Nacional Bolivariana, a los fines de asegurar la efectividad de la protección cautelar acordada; y ORDENA remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Corte, a los fines de la tramitación del procedimiento pautado en los artículos 602 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.