Se dictó decisión mediante la cual declaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 13 de abril de 2011 por la apoderada judicial de la sociedad mercantil CVG INDUSTRIA VENEZOLANA DEL ALUMINIO (VENALUM), contra la sentencia dictada el 28 de enero de 2011, por el Juzgado de instancia mediante la cual declaró SIN LUGAR el recurso ejercido por la referida sociedad mercantil contra la Providencia Administrativa N° 09-00088, de fecha 21 de mayo de 2009, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO ALFREDO MANEIRO, EN PUERTO ORDAZ, ESTADO BOLÍVAR. 2.- DESISTIDO el recurso de apelación. 3.- PROCEDENTE la consulta. 4.- Conociendo de la consulta prevista en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, CONFIRMA, el referido fallo. Se ordenó notificar y remitir el expediente.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: SIN LUGAR por falta de cualidad activa, la demanda por daño moral interpuesta por el abogado Alberto Solano, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana Rosa Angélica Villasmil de Díaz, contra la sociedad mercantil C.A., Central Banco UniversalL, hoy Banco Bicentenario, Banco Universal, C.A. Se ordenó notificar.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- La NULIDAD PARCIAL del auto emitido por este Órgano Jurisdiccional en fecha 31 de enero de 2013, únicamente en lo relativo al inicio del procedimiento de segunda instancia, así como la nulidad de todas las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al mismo. 2.- REPONE la causa al estado de que se libren las notificaciones a que hubiera lugar para que se dé inicio al procedimiento de segunda instancia de conformidad con los artículos 90, 91 y 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer de la apelación ejercida en fecha 15 de marzo de 2010, por la abogada Jenny Arcia, inscrita en el IPSA bajo el número 87.029, actuando en representación de la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SIMÓN BOLÍVAR DEL ESTADO ANZOÁTEGUI, contra el auto dictado por el referido Juzgado en fecha 9 de marzo de 2010, a través del cual declaró inadmisible la prueba de inspección judicial promovida por la parte recurrida en el marco del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con amparo cautelar y subsidiariamente medida de suspensión de efectos por los abogados José Salaverría, Rafael Ramos, Reina Romero y Maximiliano Di Doménico, inscritos en el IPSA bajo los números 2.104, 10.205, 54.464 y 116.038, respectivamente, actuando en representación de la sociedad mercantil INVERSIONES APOLO, C.A. contra la referida Alcaldía. 2.- EL DECAIMIENTO DEL OBJETO de la apelación ejercida por la parte recurrida.

Esta Corte declara CON LUGAR la apelación interpuesta por la representación judicial de la Procuraduría General del Estado Vargas y en consecuencia ANULA, las actuaciones procesales realizadas por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, posteriores a la decisión de esta Corte de fecha 10 de abril de 2012. Así se decide.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- SU COMPETENCIA para conocer en consulta del fallo dictado por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, de fecha 12 de marzo de 2012, mediante el cual declaró con lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por las abogadas María Verónica Zapata y Adriana Virginia Bracho, actuando en su carácter de apoderadas judiciales de la Sociedad Mercantil FOSPUCA BARUTA, C.A., contra la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL MUNICIPIO LIBERTADOR DEL DISTRITO CAPITAL (SEDE SUR). 2.- IMPROCEDENTE la consulta de ley. 3.- FIRME el fallo dictado por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, de fecha 12 de marzo de 2012.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: EXTINGUIDA LA ACCIÓN por la PÉRDIDA DEL INTERÉS en el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la abogada Elizabeth Sánchez inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 18.535, actuando con el carácter de apoderada judicial de los ciudadanos NELSON JESÚS SÁNCHEZ y ODIN RIGOBERTO FLORES, titulares de las cédulas de identidad Nº 3.311.831 y 3.593.868, respectivamente, contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución Nº 006 de fecha "30 de noviembre sin especificar el año", dictada por la OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, hoy día MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN, mediante la cual se les declaró la Responsabilidad Administrativa, en el proceso de Determinación de Responsabilidad Administrativa.

Se declara desistida la acción interpuesta.

Esta Corte declaró: 1.- La NULIDAD de las actuaciones suscitadas con posterioridad al lapso de fundamentación a la apelación. 2.- Se REPONE la causa al estado de iniciar el lapso de contestación a la apelación interpuesta por la ciudadana THAIMARA CAROLINA GONZÁLEZ BALZA, contado a partir de que conste en autos la última de las notificaciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Se dictó auto mediante el cual se ordenó la reposición de la causa al estado en que se fije por auto separado el lapso de tres (3) días de despacho para la oposición a las pruebas presentadas por las partes; por lo que, precluido el anterior lapso se procederá a pronunciarse sobre la admisión de las pruebas. Asimismo, se acordó notificar a las partes.