Se dictó decisión mediante la cual esta Corte Segunda: 1.- Declaró SU INCOMPETENCIA para conocer en primer grado de jurisdicción del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por los apoderados judiciales de la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARINAS, contra la Resolución Administrativa Nº 60 de fecha 26 de noviembre de 2002, emanada de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO BARINAS. 2.- ORDENÓ la remisión del expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia con el fin de que decida cuál es el Órgano Jurisdiccional competente para conocer de la causa.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte Segunda: 1.- Se declaró COMPETENTE para conocer en primer grado de jurisdicción del recurso contencioso administrativo de anulación interpuesto conjuntamente con solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos. 2.- CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto; 3.- ANULÓ el fallo dictado por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental de fecha 30 de septiembre de 2003, mediante el cual declaró inadmisible el recurso 4.- SE ADMITIO el presente recurso 5.- IMPROCEDENTE la solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos del acto administrativo solicitada; 6.- ORDENÓ remitir el presente expediente al Juzgado de Sustanciación de la Corte Segunda de lo Contencioso 7.- SE ORDENA remitir copia certificada de la presente decisión al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte Segunda: Declaró DESISTIDA la apelación ejercida por los abogados Leonardo Colmenares Rincón y Bedo José Castellano Segarra, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 31.748 y 77.977, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la ciudadana GLADYS MIREYA RAMIREZ ACEVEDO, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes en fecha 7 de septiembre de 2004 que declaró inadmisible por caduco el recurso contencioso administrativo funcionarial contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO TACHIRA por cobro de diferencias de prestaciones sociales. En consecuencia declaró FIRME el fallo del a quo. Ordenó notificar. Y remitir el expediente al Tribunal de origen.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte Segunda: 1.- Declaró SU COMPETENCIA para conocer de la apelación interpuesta. 2.- Declaró CON LUGAR la apelación interpuesta; 3.- REVOCÓ la sentencia de fecha 14 de abril de 2004 dictada por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró inadmisible por caduca la presente querella funcionarial; 4.- Ordenó REPONER la causa al estado de que el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, emita la sentencia de mérito en primera instancia, y en consecuencia ORDENÓ remitir el presente expediente al referido Juzgado. Ordenó notificar.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte Segunda observó: que transcurridos como han sido los treinta (30) días siguientes a la publicación de la sentencia de fecha 22 de junio de 2005, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.220 de fecha 1° de julio de 2005, sin que la parte accionante hubiere manifestado su interés en que fuese decidida la consulta a la que se encuentra sometida la decisión dictada el 28 de junio de 2005 por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, quedó firme el citado fallo, razón por la cual se ordenó la remisión del expediente al Juzgado a quo, todo ello en virtud de la doctrina jurisprudencial sentada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Así se decide.

La Corte declaró SU COMPETENCIA para conocer de la apelación ejercida contra el fallo que declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial; declaró SIN LUGAR la apelación ejercida. En consecuencia, se CONFIRMA el fallo del a quo.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte Segunda: 1.- SE DECLARÓ COMPETENTE para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el ciudadano JOSÉ M. BETANCOURT TORRES, 2.- ORDENÓ al COORDINADOR DEL POSTGRADO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA DEL NÚCLEO BOLÍVAR DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE, la remisión del expediente administrativo a esta Corte dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en que sea notificado de la presente sentencia.3.- ORDENÓ que una vez recibidos los antecedentes administrativos, se remita el presente expediente al Juzgado de Sustanciación Se ordenó notificar al recurrente. Decisión publicada siendo las 2:10 de la tarde y registrada bajo el N° 2005-03100.

La Corte se declaró COMPETENTE para conocer de la consulta de Ley del fallo que declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial, interpuesto; y CONFIRMA la sentencia del a quo en los términos expuestos en el fallo.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte Segunda: 1.- SE DECLARÓ INCOMPETENTE para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el apoderado judicial del ciudadano ARTURO RAFAEL SANTAELLA, contra la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN EL ESTE DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS, que declaró sin lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos incoada contra la empresa ESTACION DE SERVICIOS TERRAZAS DEL CLUB HÍPICO. 2.- ORDENÓ la remisión del expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, a fin de que decida cual es el órgano jurisdiccional competente para conocer de la presente causa. Decisión publicada siendo las 2:20 de la tarde y registrada bajo el N° 2005-03102.

La corte declara SU COMPETENCIA para conocer en primer grado de jurisdicción el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos de conformidad con el artículo 21, aparte 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, por los abogados Luis Fraga Pittaluga, Salvador Sánchez González y Mónica Vitoria Méndez, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil CORP BANCA C.A., BANCO UNIVERSAL, contra el acto administrativo contenido en la Resolución Nº SBIF-DSB-GGCJ-GLO-09938 de fecha 16 de junio de 2003, emanada de la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, mediante la cual se estableció "que desde el ?punto de vista financiero? el contrato de financiamiento celebrado entre [la recurrente] y la empresa LÁMPARAS DELMI, C.A., se encuentra enmarcado dentro de la definición de crédito destinado a la adquisición de vehí.....