LA CORTE Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por la abogada Olena Colombani Matute, actuando con el carácter de apoderada judicial del ciudadano Ezequiel Antonio Hernández Pérez contra la sentencia dictada en fecha 15 de julio de 2008, por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial incoado contra la Providencia Administrativa S/N de fecha 20 de abril de 2007 emanada de la ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE CARACAS. 2.- SIN LUGAR la apelación interpuesta por el apoderado judicial de la parte recurrida la sentencia dictada en fecha 15 de julio de 2008, por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital. 3.- CONFIRMA el fallo apelado.

LA CORTE declara Que es COMPETENTE para conocer el recurso de apelación interpuesto en fecha 24 de octubre de 2011 por el abogado José Rafael Salas, inscrito en el IPSA bajo el Nº 123.286, actuando con el carácter de apoderado judicial de MACHIHEMBRADORA CARACAS, C.A., contra de la sentencia proferida por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 20 de octubre de 2011, a través de la cual declaró improcedente la solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos incoada por la abogada Ydania Molina Landaeta, inscrita en el IPSA bajo el Nº 123.295, actuando con el carácter de apoderada judicial de la referida sociedad mercantil contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA VIVIENDA Y HÁBITAT. 2.- SIN LUGAR la apelación interpuesta por la parte recurrente. 3.- CONFIRMA la decisión dictada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 20 de octubre de 2011.

LA CORTE DECLARÓ Que es COMPETENTE para conocer del recurso de apelación ejercido por el abogado Iván Molina, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 38.981, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano FRANK ALEXIS RAMÍREZ GUZMÁN, titular de la cédula de identidad Nº 10.898.675, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región los Andes, en fecha 11 de octubre de 2011, que declaró inadmisible por caducidad el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el referido ciudadano, contra la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO MÉRIDA. 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3.- CONFIRMA el fallo apelado.

LA CORTE Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha en fecha 10 de noviembre de 2011, por la abogada Graciela Inés Núñez Benítez, actuando en su propio nombre y representación, contra el auto dictado por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 8 de noviembre de 2011, en el cual se declaró desistido el procedimiento incoado por la parte demandante contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL. 2.- DESISTIDO el recurso de apelación; 3.- FIRME el auto apelado.

LA CORTE declaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer del recurso de apelación ejercido por los ciudadanos LUIS LEAL, JESÚS LEZAMA, ARÍSTIDES RODRÍGUEZ, CARLOS GUZMÁN, RAMÓN GÓMEZ Y ELINOR MENDOZA, actuando debidamente asistidos por el abogado Luis Cinco, contra la sentencia dictada en fecha 26 de junio de 2003 por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo, de Menores y en lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, mediante la cual declaró inamisible la acción de amparo ejercida contra la DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO CARONÍ DEL ESTADO; 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido. 3.- CONFIRMA el fallo apelado en los términos expuestos.

LA CORTE DECLARÓ Que es COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto por el abogado Juan Alberto Valdés Flores inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 84.238, actuando en su carácter de apoderado judicial del Distrito Metropolitano de Caracas, contra la sentencia dictada en fecha 25 de julio de 2008, por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante la cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la abogada Iriam Carolina Bermúdez Lobo inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 85.759, actuando en su carácter de apoderada judicial del ciudadano HECMAR CASTILLO LEÓN contra la CONTRALORÍA METROPOLITANA DE CARACAS. 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3.- CONFIRMA el fallo dictado en fecha 25 de julio de 2008, por el referido Juzgado.

LA CORTE Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 22 de noviembre de 2010 por las abogadas Lisbeth López y Elizabeth Dudamei, actuando con el carácter de apoderadas judiciales del Municipio Papelón del Estado Portuguesa, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental el día 6 de julio del mismo año, mediante la cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano FRANCISCO ANTONIO GUEDEZ ORAA, debidamente asistido por el abogado José Félix Zambrano, contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO PAPELÓN DEL ESTADO PORTUGUESA. 2. DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto. 3. En consecuencia, se declara FIRME la sentencia apelada.

LA CORTE declaró: 1.- CON LUGAR el recurso por abstención o carencia ejercido por el abogado Enrique Mendoza Santos, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana Colombiana NANCY RÍOS SALGADO, titular de la cédula de identidad N° V.- 22.380.454, contra el SERVICIO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICACIÓN MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA (SAIME), en consecuencia; 2.- ORDENA al SERVICIO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICACIÓN MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA (SAIME) dar respuesta inmediata a la aludida solicitud de naturalización formulada por la accionante, actuación la cual deberá ejecutarse en estricto apego a lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento para la Regularización y Naturalización de Extranjeros y Extranjeras que se encuentran en el Territorio Nacional, así como a las disposiciones generales previstas en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

LA CORTE Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- Su COMPETENCIA para conocer de la apelación interpuesta por la abogada Josmerli Jordán, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 122.662, actuando con el carácter de apoderada judicial de la ciudadana TRINA ASCANIO OLIVARES, titular de la cédula de identidad Nº 5.557.199 contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito del Estado Bolívar el día 9 de febrero de 2011, la cual declaró inadmisible el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la recurrente, contra el INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICÍA DEL ESTADO BOLÍVAR. 2.- DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto por la representación judicial de la recurrente. 3. FIRME el fallo apelado

LA CORTE Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto. 2. DESISTIDO el recurso de apelación. 3. IMPROCEDENTE la consulta de Ley para el caso de autos. 4. En consecuencia, queda FIRME la sentencia dictada en fecha 10 de octubre de 2011 por el Juzgado Superior Sexto en lo Civil y Contencioso Administrativo.