Se dictó y publicó decisión mediante la cual se admitió la demanda interpuesta y se ordenó la notificación de la parte demandante, a quien se le instó a consignar los fotostatos necesarios para practicar las notificaciones; así mismo se ordenó notif. al FGR, Presidente del CONAPDIS a quien se le solicitar los AA relacionados con la causa, MPP del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, y a la PGR conforme el art. 86 del Decreto que rige sus funciones. Asimismo, se ordenó abrir cuaderno separado para tramitar la medida cautelar interpuesta, una vez la parte demandante consigne los fotostatos correspondientes y finalmente, se ordenó remitir el exp. una vez conste en autos las notificaciones ordenadas, a la CSCA a los fines que se fije la audiencia de juicio de conformidad con el art. 82 LOJCA.

Se dictó decisión mediante la cual este Juzgado se pronunció sobre el escrito de pruebas consignado por el abogado HILARIO LÓPEZ MARTÍNEZ, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 30.129, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil DISTRIBUIDORA DE PAPELERÍA ARTE Y DIBUJO ADELANTE C.A., parte demandante en el presente proceso, asimismo se ordenó la notificación de la PGR conforme al artículo 86 del Decreto Ley que rige sus funciones.

Se dictó y publicó decisión mediante la cual se proveyó sobre el escrito de promoción de pruebas presentado por la parte demandante.

Se dictó decisión en la cual este Juzgado se pronunció sobre el escrito de pruebas consignado por el abogado PEDRO ALBERTO JEDLICKA ZAPATA, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 64.391, actuando con el carácter de apoderado judicial de COCA-COLA FEMSA DE VENEZUELA, S.A., parte demandante en el presente proceso, asimis se ordenó la Notificación de la PGR de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 del Decreto Ley que rige sus funciones.

En fecha 1º de julio de 2015, este Juzgado de Sustanciación dictó auto mediante el cual se pronunció en relación a la admisibilidad de la demanda de nulidad interpuesta conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos por el abogado Rober Ricardo Martínez Sulbarán, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil Panamericana Lácteos, C.A., contra el acto administrativo de efectos particulares de fecha 5 de agosto de 2014, emanado de Registro Nacional de Organizaciones Sindicales (R.N.O.S) adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social.

Se ditó decisión mediante la cual esta Corte declaró Su INCOMPETENCIA para conocer de la apelación interpuesta en fecha 21 de febrero de 2013, por el a Apoderado Judicial de la parte recurrente ANULA la decisión dictada por el referido Juzgado Superior en fecha 17 de enero de 2013, considera INOFICIOSO pronunciarse con respecto a la apelación interpuesta por la parte recurrente; y en consecuencia, DECLINA LA COMPETENCIA en el Juzgado de Juicio de Primera Instancia de Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Miranda con sede en Guarenas, por lo que se ORDENA la remisión del presente expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) del Estado Bolivariano de Miranda, a los fines de su distribución al Juzgado de Primera Instancia de Juicio del Trabajo que corresponda, para que decida el presente asunto

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto el 8 de abril de 2015, 2.- CON LUGAR la apelación ejercida; 3.- ANULA por Orden Público la sentencia apelada; 4.- ORDENA la remisión del presente expediente al Tribunal Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Mérida, a los fines de que éste proceda a pronunciarse en primer lugar de las demás causales de inadmisibilidad, consagradas en el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y de ser el caso conozca sobre el fondo del asunto debatido.

Esta Corte declaró IMPROCEDENTE la medida de suspensión de efectos solicitada por la Sociedad Mercantil INDUSTRIA LÁCTEA TORONDOY, C.A., representada judicialmente por los Abogados José Rafael Márquez, José Andrés Octavio y Norma Márquez, contra la Resolución S/N de fecha 5 de febrero de 2013, dictada por la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI), hoy CENTRO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR (CENCOEX), mediante la cual ordenó a la aludida empresa, efectuar el "REINTEGRO TOTAL DE LAS DIVISAS, SEGÚN FORMA: GOC-DCI-01 EMITIDA POR EL BCV, POR EL MONTO DE USD 292.500,00. POR INCUMPLIMIENTO DEL ARTICULO (sic) Nº 15 DE LA PROVIDENCIA Nº 108¿".

Esta Corte declaró IMPROCEDENTE la medida cautelar de suspensión de efectos solicitada por el Abogado Juan Carlos Oliveira Bonomi, actuando con el carácter de Apoderado Judicial del BANCO DEL CARIBE, C.A. BANCO UNIVERSAL (BANCARIBE), contra la Resolución Nº 109.14 de fecha 1º de agosto de 2014 y notificada el 4 de agosto de 2014, emanada de la SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO (SUDEBAN), mediante la cual declaró Sin Lugar el recurso de reconsideración interpuesto en fecha 29 de junio de 2014, contra el acto administrativo Nº SIB-II-GGR-GA-18400 de fecha 29 de mayo de 2014, que negó la autorización de cierre de la Agencia Yaracal, ubicada en la carretera Morón Coro del Estado Falcón.

Esta Corte declaró: 1.- CON LUGAR la demanda de nulidad interpuesta conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos, por la entidad bancaria MERCANTIL, C.A., BANCO UNIVERSAL, representada judicialmente por los abogados Rafael Badell Madrid, Nicolás Badell Benítez, María Verónica Bastos Pargas y María Valentina Villavicencio El Darjani, contra la Providencia si número dictada por el Presidente del INSTITUTO PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS EN EL ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS (INDEPABIS), actual, SUPERINTENDENCIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS SOCIOECONÓMICOS (SUNDDE), en fecha 28 de enero de 2011, mediante la cual sancionó a la referida institución financiera con multa de Trescientas Unidades Tributarias (300 U.T.), por la supuesta trasgresión de los artículos 18, 19 y 78 de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios. 2.- SE ANULA el acto administrativo impugnado.