Esta Corte declaró: INADMISIBLE la demanda por abstención o carencia, interpuesta por la ciudadana JUDITH CAROLINA VILLALBA BLANCO, representada judicialmente por el abogado Daniel Antonio Villalba Piñeiro, contra la presunta omisión administrativa en la que habría incurrido la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA (SUNAVI), ante una solicitud de "refugio temporal o solución".

Esta Corte declaró: 1.- ACEPTA LA COMPETENCIA que le fuera declinada en fecha 4 de diciembre de 2013 por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, para conocer demanda de nulidad interpuesta conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos por el abogado Roberto Hung Cavalieri, actuando en representación de la sociedad mercantil CORPORACIÓN EXXA INTERNACIONAL, C.A., contra la providencia administrativa Nº 0001/2013, de fecha 23 de enero de 2013, dictada por la FUNDACIÓN OFICINA PRESIDENCIAL DE PLANES Y PROYECTOS ESPECIALES (OPPPE), adscrita al Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, mediante la cual resolvió rescindir el contrato de obra Nº CJ-180/11 suscrito por ambas partes. 2.- ORDENA remitir el presente expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Corte, a los fines de que se pronuncie sobre la admisibilidad de la presente causa.

Este Órgano Jurisdiccional una vez estudiadas las actas procesales que conforman el expediente, declara CON LUGAR la apelación interpuesta, por lo que se REVOCA la sentencia dictada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, y se declara IMPROCEDENTE la perención de la instancia, por lo tanto debe remitirse el expediente al Tribunal de origen a fines de que el Iudex a quo continúe con la sustanciación de la presente causa y emita el correspondiente pronunciamiento de fondo de ser el caso, todo ello en garantía del principio de la doble instancia. [Vid. Sentencia de esta Corte Nº 2013-1845 de fecha 27 de septiembre de 2013, caso: Instituto Nacional de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria (INAPYMI), contra el ciudadano Porfirio Suarez].

En virtud de lo expuesto, este Tribunal Colegiado REVOCA el fallo dictado en fecha 6 de febrero de 2014, por el Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en consecuencia, conociendo del recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto, se declara INADMISIBLE el mismo, por haberse verificado la caducidad de la acción.

Esta Corte estima que la sentencia dictada en fecha 14 de noviembre de 2005, por el Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil Bienes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas y Contencioso Administrativo de la Región Sur-Oriental, declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto, no vulnera normas de orden público ni se encuentra en contradicción con los criterios vinculantes emanados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. En tal virtud, este Órgano Jurisdiccional declara DESISTIDO el presente recurso de apelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y, en consecuencia, queda FIRME el fallo apelado.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró IMPROCEDENTE la medida cautelar de suspensión de efectos solicitada en fecha 5 de diciembre de 2013 por el abogado Alfredo Romero Mendoza, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano RAFAEL EDGARDO MALAVER QUIJADA, contra el acto administrativo denominado "Auto Decisorio" del 10 de junio de 2013, emanado del Director de la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE AUDITORÍA FISCAL DE PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación el recurso de apelación ejercido el día 3 de mayo del 2012, por el abogado Roberto Segundo Chaviedo Gómez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 17.505, actuando en su carácter de apoderado judicial de la parte querellante, contra la decisión dictada en fecha 24 de mayo de 2011, por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central con sede en Maracay, Estado Aragua, que declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana EDUARDA CELEDONIA DÍAZ CASTAÑEDA, titular de la cédula de identidad Nº V- 4.032.798, debidamente a representada por el abogado Roberto Segundo Chaviedo Gómez, antes identificado, contra e la CORPORACIÓN DE SALUD DEL ESTADO ARAGUA (COPOSALUD-ARAGUA). 2. DESISTIDO el recurso de apelación. 3. FIRME el fallo apelado.

Esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación ejercido en fecha 26 de abril de 2011, por la abogada Alysette Sánchez, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 63.351, actuando en su carácter de abogada sustituta de la Procuraduría del Estado Zulia contra la sentencia emanada del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Circunscripción Judicial del Estado Zulia, de fecha 22 de febrero de 2011, que declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el abogado Gabriel Puche, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 29.098, actuando en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana ROSA MERCEDES URIZAR DE RINCÓN, titular de la cédula de identidad Nº 5.043.273, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO ZULIA, por diferencia de prestaciones sociales. 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido. 3.- Se CONFIRMA con las modificaciones expuestas el fallo apelado

Esta Corte declara: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesta por la representación judicial de la querellante, contra el fallo dictado en fecha 26 de octubre de 2005, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Central, mediante la cual declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el abogado José Gregorio Garrido Ruiz, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 99.757, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana JUANA AMELIA CHÁVEZ DE DÍAZ, titular de la cédula de identidad Nº 3.123.087, contra la CORPORACIÓN DE SALUD DEL ESTADO ARAGUA (CORPOSALUD), por cobro de diferencia de prestaciones sociales. 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la actora. 3.- Se CONFIRMA la referida sentencia.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: ORDENA NOTIFICAR al ciudadano GERMÁN MORANTES RAMÍREZ, para que tenga conocimiento del abocamiento de fecha 27 de marzo de 2014, y para que comparezca en un lapso de diez (10) días de despacho contados a partir de que conste en actas el recibo de la notificación correspondiente, a los fines de que manifieste su voluntad de continuar con la presente causa, la cual se ve constituida por la apelación del auto de admisión de la "solicitud de RETROCESIÓN A LA EXPROPIACIÓN", contra la ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, advirtiéndose a la parte solicitante que de no presentarse a manifestar su interés en la presente causa, se declarará la pérdida del interés y la extinción de la instancia. Asimismo, se acuerda la notificación de la parte demandada, a los fines de que tenga conocimiento de la presente decisión.