Se dictó decisión mediante la cual esta Corte, declaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer del recurso de apelación por la abogada Marisela Cisneros Añez, actuando con el carácter apoderado judicial del ciudadano EDUAR ANTONIO CAMACHO GARCIA, contra fallo dictado por el Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital. 2.- SIN LUGAR la apelación interpuesta. 3.- CONFIRMA el fallo emitido en fecha 15 de mayo de 2012, por el Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante el cual declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto. Se ordenó remitir el expediente al tribunal de origen.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte, declaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 23 de enero de 2012, por el abogado Juan Carlos Fuenmayor M, actuando como delegado de la Procuradora General del Estado Falcón contra sentencia emanada del Juzgado Superior en lo Contencioso Administrativo del Estado Falcón, en fecha 3 de agosto de 2011, y mediante la cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial, interpuesto por el ciudadano Luis Manuel Rossel González. 2.- SIN LUGAR la referida apelación. 3.- CONFIRMA el fallo dictado por el Juzgado a quo. Se ordenó remitir el expediente al Tribunal de origen.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1.QUE ES COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesta por el abogado Leyduin Eduardo Morales Castrillo, actuando con el carácter de apoderado judicial de la República Bolivariana de Venezuela, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 26 de octubre de 2010, mediante la cual declaró Parcialmente con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana Ysabel Cristina Piñeyro Vallenilla, contra la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. 2.- Sin Lugar la apelación interpuesta. 3.- Confirmó la sentencia apelada. Se ordenó notificar, dejar copia de la presente decisión y remitir el expediente al Tribunal de origen.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer en consulta del fallo dictado por el Juzgado Superior Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y Municipio Arismendi del Estado Barinas, mediante el cual declaró Parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano ENDER JOSÉ CASTILLO ARAUJO, asistido por el abogado Frederick Antonio Díaz Viera, identificados en el encabezado del presente fallo, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO APURE. 2.- Conociendo de la consulta prevista en el artículo 72 en la Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se CONFIRMÓ la referida decisión. 3.- Se ORDENÓ realizar una experticia complementaria del fallo, a fin de determinar con precisión el monto a cancelar por concepto de prestaciones sociales. Se ordenó remitir el expediente al trib. de origen.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- IMPROCEDENTE la solicitud de acumulación formulada por el apoderado judicial de la sociedad mercantil BIENES INMUEBLES GLOBAL BIGCA, C.A. 2.- SIN LUGAR la apelación interpuesta por la sociedad mercantil BIENES INMUEBLES GLOBAL BIGCA, C.A., contra decisión de fecha 25 de octubre de 2006, dictada por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital. 3.- CONFIRMA con las precisiones expuestas la decisión dictada por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, de fecha 25 de octubre de 2006, mediante la cual declaró "(¿) IMPROCEDENTE la pretensión de amparo cautelar (¿)". Se ordenó agregar este expediente a la causa signada AP42-R-2006-002383.

Esta Corte dictó auto para mejor proveer en el cual ordenó: 1.- SOLICITAR nuevamente al Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), los antecedentes administrativos relacionados con el presente caso, para lo cual se le concedió un lapso de quince (15) días contados a partir de que constara en autos la notificación del presente auto, y notificar de ello al Ministerio del Poder Popular para el Comercio, como Ministerio de adscripción del Instituto recurrido. 2.- Notificar personalmente a los ciudadanos Nelson Álvarez, Roberto Lanz, Reina Lanz e Yrina Gutiérrez, titulares de las cédulas de identidad números 2.562.023, 10.542.816, 6.249.138 y 6.562.420, respectivamente, para que en un lapso de quince (15) días de despacho, a que constaran en autos sus notificaciones, consignaran escritos de consideraciones alegando lo que estimen pertinente. Se ordenó notificar.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer el recurso de apelación ejercido por la abogada Soraima Rodríguez, actuando con el carácter de apoderada judicial de la ciudadana LADYS GARCÍA, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 10 de agosto de 2011, mediante la cual declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra la UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR. 2.- DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto. 3.- FIRME la sentencia apelada. Se ordenó remitir el expediente al Tribunal de origen.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesta por el abogado PEDRO LUÍS MALAVÉ VELÁSQUEZ, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 54.458, actuando en nombre propio y representación, contra el INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO TERRESTE - Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. 2.- SIN LUGAR la apelación interpuesta. 3.- CONFIRMA la decisión objeto de apelación, con las precisiones realizadas en el presente fallo.

Por las razones antes expuestas esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo declara: 1.- ANULA la decisión dictada en fecha 15 de agosto de 2003, por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital. 2.- Su INCOMPETENCIA sobrevenida para conocer el referido recurso. 3.- DECLINA la competencia para conocer el caso de marras en el Juzgado de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, a quien corresponda previa distribución de la causa. 4.- REMITASE el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Por las razones antes expuestas esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1. DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto en fecha 28 de noviembre de 2007, por el abogado Pedro Rojas Malpica, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 5.586, actuando en su carácter de apoderado judicial de la Sociedad Mercantil SERENOS YARACUY C.A., contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental en fecha 27 de noviembre de 2007, mediante la cual declaró inadmisible el recurso interpuesto contra la Providencia Administrativa Nº 184-04 dictada en fecha 13 de julio de 2004 por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO PORTUGUESA. 2. FIRME la sentencia apelada.