Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- IMPROCEDENTE la solicitud de acumulación formulada por el apoderado judicial de la sociedad mercantil BIENES INMUEBLES GLOBAL BIGCA, C.A. 2.- SIN LUGAR la apelación interpuesta por la sociedad mercantil BIENES INMUEBLES GLOBAL BIGCA, C.A., contra decisión de fecha 25 de octubre de 2006, dictada por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital. 3.- CONFIRMA con las precisiones expuestas la decisión dictada por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, de fecha 25 de octubre de 2006, mediante la cual declaró "(¿) IMPROCEDENTE la pretensión de amparo cautelar (¿)". Se ordenó agregar este expediente a la causa signada AP42-R-2006-002383.

Esta Corte dictó auto para mejor proveer en el cual ordenó: 1.- SOLICITAR nuevamente al Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), los antecedentes administrativos relacionados con el presente caso, para lo cual se le concedió un lapso de quince (15) días contados a partir de que constara en autos la notificación del presente auto, y notificar de ello al Ministerio del Poder Popular para el Comercio, como Ministerio de adscripción del Instituto recurrido. 2.- Notificar personalmente a los ciudadanos Nelson Álvarez, Roberto Lanz, Reina Lanz e Yrina Gutiérrez, titulares de las cédulas de identidad números 2.562.023, 10.542.816, 6.249.138 y 6.562.420, respectivamente, para que en un lapso de quince (15) días de despacho, a que constaran en autos sus notificaciones, consignaran escritos de consideraciones alegando lo que estimen pertinente. Se ordenó notificar.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer el recurso de apelación ejercido por la abogada Soraima Rodríguez, actuando con el carácter de apoderada judicial de la ciudadana LADYS GARCÍA, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 10 de agosto de 2011, mediante la cual declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra la UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR. 2.- DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto. 3.- FIRME la sentencia apelada. Se ordenó remitir el expediente al Tribunal de origen.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesta por el abogado PEDRO LUÍS MALAVÉ VELÁSQUEZ, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 54.458, actuando en nombre propio y representación, contra el INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO TERRESTE - Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. 2.- SIN LUGAR la apelación interpuesta. 3.- CONFIRMA la decisión objeto de apelación, con las precisiones realizadas en el presente fallo.

Por las razones antes expuestas esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo declara: 1.- ANULA la decisión dictada en fecha 15 de agosto de 2003, por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital. 2.- Su INCOMPETENCIA sobrevenida para conocer el referido recurso. 3.- DECLINA la competencia para conocer el caso de marras en el Juzgado de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, a quien corresponda previa distribución de la causa. 4.- REMITASE el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Por las razones antes expuestas esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1. DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto en fecha 28 de noviembre de 2007, por el abogado Pedro Rojas Malpica, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 5.586, actuando en su carácter de apoderado judicial de la Sociedad Mercantil SERENOS YARACUY C.A., contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental en fecha 27 de noviembre de 2007, mediante la cual declaró inadmisible el recurso interpuesto contra la Providencia Administrativa Nº 184-04 dictada en fecha 13 de julio de 2004 por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO PORTUGUESA. 2. FIRME la sentencia apelada.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto por la abogada Marisela Cisneros Añez, actuando como apoderada judicial del ciudadano JORGE HERNANDO RAMÍREZ BENÍTEZ, contra la sentencia del 21 de abril de 2004, dictada por el Tribunal Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró inadmisible la querella funcionarial interpuesta contra la ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE CARACAS. 2. REVOCA por orden público el fallo apelado. 3. INOFICIOSO conocer de la apelación interpuesta. 4. INADMISIBLE la querella funcionarial incoada. Se ordenó remitir el expediente al Tribunal de origen.

Se dictó decisión a través de la cual esta Corte declaró IMPROCEDENTE la medida de suspensión de efectos solicitada por el abogado GUSTAVO MARTÍNEZ PÉREZ, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil CORPORACIÓN INDUSTRIAL CLASS LIGHT, C.A., contra la Providencia Administrativa de fecha 25 de mayo de 2012 y notificada a su representada en fecha 18 de junio de 2012, dictada por el PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE (I.N.T.T.). Asimismo, se ordenó notificar a las partes y remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Corte.-

Se dictó decisión a través de la cual esta Corte declaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto. 2.- CON LUGAR el recurso de apelación ejercido. 3.- Se ANULÓ la decisión dictada por el Juzgado a quo. 4.- Se declaró CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto, y en consecuencia; 5.- Se ORDENÓ la reincorporación del recurrente al cargo de Abogado I o a otro similar o de superior jerarquía. 6.- Se ORDENÓ pagarle al referido ciudadano el monto equivalente a la suma de sus sueldos dejados de percibir así como los beneficios socioeconómicos exceptuándose aquellos que se requiere la prestación personal del servicio, calculado desde la fecha de notificación de su ilegal retiro, esto es, 1º de diciembre de 2009, hasta la fecha de su efectiva reincorporación. 7.- Se ORDENÓ la realización de una experticia complementaria del fallo. Asimismo, se ordenó notificar a las partes y remitir el expediente al Tribunal de origen.-

Por las razones antes expuestas, la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto el día 10 de noviembre de 2003, por el ciudadano RAFAEL SIMÓN HERRERA, titular de la cédula de identidad Nº 1.896.536, asistido por el abogado Antonio Paraco Morales, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 54.241, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 20 de marzo de 2002, mediante la cual declaró parcialmente con lugar la querella funcionarial interpuesta conjuntamente con medida cautelar por el mismo contra el CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO LIBERTADOR DEL DISTRITO CAPITAL. 2.- Se declara LA PÉRDIDA SOBREVENIDA DEL INTERÉS PROCESAL y en consecuencia EXTINGUIDA LA INSTANCIA.