Se dictó decisión mediante la cual se declaró admisible la demanda por cumplimiento de contrato interpuesta por la apoderada judicial de la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO INDÍGENA BOLIVARIANO GUAJIRA DEL ESTADO ZULIA, contra las sociedades mercantiles MEGA INGENIERÍA, C.A. Y SEGUROS CORPORATIVOS, C.A.; Se ordenó el emplazamiento de las referidas empresas, conforme a lo previsto en los artículos 37, 57 y 61 de la LOJCA y, notificar a los ciudadanos Alcalde y Síndico Procurador del Municipio Indígena Bolivariano Goajira del estado Zulia y PGR; Se dejó establecido que la audiencia preliminar se fijará una vez conste en autos las notificaciones y citaciones ordenadas y, transcurridos los noventa (90) días a que alude el artículo 96 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de LOPGR.

Se dictó decisión mediante la cual este Juzgado de Sustanciación proveyó el escrito de pruebas presentado en fecha 20 de noviembre de 2013 por el apoderado judicial de la parte demandante así como de la oposición a las mismas presentado en fecha 27 de noviembre de 2013, por la apoderada judicial de la demandada; se declaró inadmisible por ilegal la prueba de exhibición e igualmente se declaró inadmisible por ilegal la prueba de perito testigo y procedente la oposición.

Se dictó y publicó decisión mediante la cual se admitió la demanda de contenido patrimonial; y se ordenó emplazar a las sociedades mercantiles C.A. VIALES Y CIVILES y PROSEGUROS S.A., así como notificar a los ciudadanos, PGR, PROCURADOR DEL ESTADO ZULIA, FUNDACOMUNAL ZULIA y a la FUNDASALUD-ZULIA; y se estableció que se fijará la Audiencia Preliminar, una vez consten en autos las citaciones y notificaciones ordenadas.-

Se dictó decisión mediante la cual se declaró la competencia de la presente causa, y admitió la presente demanda asimismo se ordenó la notificación de los ciudadanos Ministro del Poder Popular Para el Trabajo y Seguridad Social al Inspector Nacional y Otros Asuntos Colectivos de Trabajo del Sector Privado del Ministerio del Trabajo, FGR, PGR, igualmente se ordenó solicitar los Antecedentes administrativos al referido Inspector, asimismo se ordenó la apertura de un cuaderno separado a la fines de la tramitación de la medida cautelar solicitada igualmente se ordenó librar Cartel de emplazamiento a los terceros interesados y una vez consten en autos las notificaciones ordenadas se fije la audiencia de juicio de conformidad con el artículo 82 de LOJCA.

Se dictó y publicó decisión mediante la cual, este Juzgado proveyó sobre las pruebas presentadas en la audiencia de juicio por las apoderadas judiciales del Municipio Chacao del estado Miranda, en su condición de tercero interesado en la presente causa en fecha 20 de noviembre de 2013, en los siguientes términos: se admitió las pruebas documentales por no ser manifiestamente ilegales ni impertinentes, salvo su apreciación en la sentencia definitiva y por cuanto cursan en el expediente se ordenó mantenerlas en el mismo.

Con base en lo anteriormente expuesto, este Órgano Jurisdiccional concluye que en la presente solicitud cautelar no se encuentra satisfecho el periculum in mora, es decir, el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo, y siendo que su verificación junto con el fumus bonis iuris son elementos concurrentes y necesarios para declarar la procedencia de la medida aquí solicitada, es forzoso concluir que en el presente caso no se configuran los requisitos de procedencia, en consecuencia, esta Corte declara IMPROCEDENTE la medida de suspensión de efectos solicitada.

Este Órgano Jurisdiccional declarar Con Lugar el recurso de apelación ejercido por la representación judicial del recurrido Municipio, en atención al error en el que incurrió el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental en su decisión de fecha 11 de octubre de 2007.

1.- Su COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación intentado por el abogado EDGAR ERASMO DURÁN, actuando en su propio nombre y en defensa de sus derechos contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 7 de noviembre de 2013 contra la COORDINACIÓN JUDICIAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS. 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación intentado contra la sentencia dictada en fecha 7 de noviembre de 2013 por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital. 3.- Se CONFIRMA en los términos expuestos la decisión apelada.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.-La NULIDAD PARCIAL del auto emitido por este Órgano Jurisdiccional en fecha 29 de abril de 2013, únicamente en lo relativo al inicio del procedimiento de segunda instancia establecido en el Título IV, Capítulo III, artículo 87 y siguientes de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, así como la nulidad de todas las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al mismo. 2.- REPONE la causa al estado de que se libren las notificaciones a que hubiera lugar, para que se dé inicio al procedimiento de segunda instancia contemplado en el Titulo IV, Capítulo III, artículo 87 y siguientes de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.3.-VÁLIDO el escrito de fundamentación a la apelación presentado por la recurrente, en fecha 7 de mayo de 2013. Se ordenó la notificación de las partes.

Por todo lo antes expuesto, visto que en el presente caso no se verificó la caducidad de la demanda respecto a la nulidad de los actos administrativos constituidos por el "Certificado de Empadronamiento" dictado en fecha 22 de septiembre de 2011 y la "Cédula Catastral" proferida en fecha 31 de octubre de 2012 por la Dirección de Planificación Urbana y Catastro de la Alcaldía del Municipio Baruta del Estado Bolivariano de Miranda, resulta forzoso para esta Corte declarar CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la representación judicial de los ciudadanos Pedro Díaz Leandro, Antonia Petra Díaz Leandro, José Gregorio Díaz Barreto y Javier Alexander Díaz Barreto, en consecuencia REVOCA el fallo proferido por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 11 de octubre de 2013.