Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por los abogados Carlos Escarrá Malavé, Víctor Álvarez Medina, Alvaro Ledo Nass, Gabriel Montiel Mogollón, Gilberto Hernández Kondryn y Joshua Flores Mogollón, actuando en su carácter de apoderados judiciales del ciudadano EDUARDO JOSÉ AGUIN MELÉNDEZ, contra el acto de fecha 11 de agosto de 2005 dictado por el TRIBUNAL DISCIPLINARIO DE LA FEDERACIÓN MÉDICA VENEZOLANA.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer el recurso de apelación interpuesto por la abogada Alicia Monagas Borges, actuando en su carácter de apoderada judicial del ciudadano LUÍS ALBERTO RIVAS, titular de la cédula de identidad Nº 8.007.087, contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INDUSTRIAS INTERMEDIAS. 2.- SIN LUGAR la apelación interpuesta. 3.- CONFIRMA en los términos expuestos el auto dictado en fecha 8 de noviembre de 2010, por el Juzgado Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital.

Sentencia de esta Corte mediante la cual declaró: 1.- La NULIDAD la nulidad de todas las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad a la fecha en la que se dio cuenta a esta Corte, a saber, 21 de diciembre de 2006. 2.- Se REPONE la causa al estado de que se notifique a las partes para que se dé inicio al procedimiento de segunda instancia establecido en el Título IV, Capítulo III, artículo 87 y siguientes de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara DESISTIDO el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos por el ciudadano Nicanor de Jesús Pérez, actuando en su carácter de representante de la ciudadana SOLISBELLA ORTIZ DE PÉREZ, titulares de las cédulas de identidad números 4.375.926 y 9.614.753 respectivamente, contra la Resolución emanada de la CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO IRIBARREN DEL ESTADO LARA, signada con el Nº CMI-RA-2009-002 de fecha 3 de diciembre de 2009, en la cual resolvió sancionar a la mencionada ciudadana por incurrir en los supuestos generadores de responsabilidad administrativa previstos en los numerales 2 y 7 del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional.

Esta Corte declara: Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 26 de enero de 2011, por el abogado Gregorio Pérez, en su carácter de apoderado judicial del Municipio Los Taques, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón el 21 de octubre de 2010, mediante la cual declaró PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana IRMA PEREIRA. 2.- CON LUGAR la apelación interpuesta el 26 de enero de 2011, por el abogado Gregorio Pérez Vargas. 3.- Se REVOCA la decisión dictada el 21 de octubre de 2010 por el Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón. 4.-Se ordena REPONER la causa al estado de admisión por parte del Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón. 5.- Se ordena la REMISIÓN del presente expediente al Juzgado Superior.

Se dictó decisión mediante la Cual esta Corte declaró 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesta por el apoderado judicial del ente recurrido, contra el fallo dictado por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 10 de noviembre de 2008, mediante la cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, asistido por el por la abogada Laura Capecchi Doubain, identificados en el encabezado del presente fallo, contra la INSTITUTO AUTÓNOMO POLICÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO CHACAO DEL ESTADO MIRANDA. 2.- CON LUGAR la apelación interpuesta por el apoderado judicial del Instituto recurrido. 3.- REVOCA el fallo dictado por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, el 10 de noviembre de 2008. 4.- SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por el abogado PEDRO VICENTE PÉREZ, actuando en su propio nombre y representación, contra la sentencia del 22 de julio de 2008, dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo y Agrario de la Región Sur, que declaró sin lugar la demanda por cobro de bolívares interpuesta contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SAN FERNANDO DEL ESTADO APURE; 2.- CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto; 3.- Se ANULA el fallo apelado; 4.- SIN LUGAR la demanda de cobro de bolívares interpuesta por el ciudadano Pedro Vicente Pérez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 25.601, actuando en su propio nombre y representación, contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SAN FERNANDO DEL ESTADO APURE; 5.- Se condena en COSTAS a la parte demandante, con fundamento en lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer de la inhibición formulada. 2.- CON LUGAR la inhibición presentada. 3.- Se ORDENA NOTIFICAR al ciudadano Alejandro Gómez, en su carácter de Juez Provisorio del Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, de la decisión de autos, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la publicación del presente fallo.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer de la demanda por daños y perjuicios interpuesta por los abogados Rómulo Moncada Yepez y Bonita Zulay Henríquez, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 18.666 y 95.200, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la Sociedad Mercantil INVERSIONES MIL-TEC C.A., contra el INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA (IPSFA), y el ciudadano Presidente de la Junta Administradora del IPSFA, General de División CESAR AUGUSTO TORRES CHÁVEZ; 2.- INADMISIBLE la demanda de daños y perjuicios interpuesta.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte ordenó a la Secretaría de esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo efectuar el cómputo de los días de despacho transcurridos desde la fecha en que se dio cuenta en Corte del recibo del expediente, exclusive, hasta el día en que terminó la relación de la causa, inclusive.