Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1. Que es COMPETENTE para conocer de la consulta de Ley establecida en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a la cual fue sometida la decisión dictada por el Juzgado Superior Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Apure y Municipio Arismendi del estado Barinas en fecha 15 de febrero de 2012, mediante la cual declaró Parcialmente Con Lugar el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por el ciudadano JOSÉ GREGORIO BOFFIL PÉREZ, representado judicialmente por el abogado Marcos Goitia, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO APURE; 2.- Se CONFIRMA el fallo sometido a consulta de Ley.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: Su COMPETENCIA para conocer de la consulta de Ley con motivo a la decisión de fecha 27 de octubre de 2011, dictada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital. 2.- Se CONFIRMA el fallo dictado en fecha 27 de octubre de 2011, dictada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, por efecto de la consulta de ley

Se dictó desición mediante la cual esta Corte declaró: 1.- SU COMPETENCIA para conocer de la apelación interpuesta en por la abogada Mercedes Molina, actuando con el carácter de apoderada judicial de la parte querellada, contra la sentencia dictada por el referido Juzgado en fecha 1 de junio de 2010, mediante la cual declaró Sin Lugar el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por el ciudadano RAMIRO ENRIQUE HERRERA, titular de la cédula de identidad número 9.064.935, asistido por los abogados Mercedes Molina Velasco y Carlos Calma Canache, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 37.183 y 45.427, contra el INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SUCRE DEL ESTADO MIRANDA. 2.- DESISTIDO el recurso de apelación ejercido. 3.- FIRME el fallo dictado por el Juzgado Superior Décimo en lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 1 de junio de 2010.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: IMPROCEDENTE la medida cautelar de suspensión de efectos solicitada por la Sociedad Mercantil VENEZOLANO DE CRÉDITO, S.A., Banco Universal, representada judicialmente por los abogados Rafael Badell Madrid, Alvaro Badell Madrid, Nicolás Badell Benítez y Dayana Castellano Santoni, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números. 22.748, 26.361, 83.023 y 138.561, respectivamente, contra la Resolución número PRE/GF/ATPS/2013/004, dictada por la entonces Presidenta del BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT (BANAVIH) el 8 de julio de 2013 y notificada en esa misma fecha mediante oficio número GF/O/2013/ Número 546.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 21 de octubre de 2003 y, ratificado en fecha 29 del mismo mes y año, por la parte recurrente, en contra de la sentencia dictada el 14 de octubre de 2003, por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró Sin Lugar el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por el ciudadano LUIS MIGUEL GUERRA MORENO, representado judicialmente por el abogado Rafael Ortiz Ortiz, contra los actos administrativos contenidos en los oficios números 022-2003 y 073-2003 dictados en fecha 28 de enero y 5 de marzo de 2003 por el INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICÍA MUNICIPAL DE CHACAO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA. 2. DESISTIDO el recurso de apelación. 3. En consecuencia, queda FIRME la sentencia dictada en fecha 14 de octubre de 2003, por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual: ORDENA devolver el presente expediente al Tribunal de origen para que se proceda con lo establecido en el artículo 87 y siguientes de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, ello a los fines de realizar las actuaciones correspondientes, esto es, REPONER la causa al estado de que el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región de los Andes oiga en ambos efectos el recurso de apelación ejercido y se inicie el lapso para la interposición de los recursos a que hubiera lugar, previa notificación de las partes.

Esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró: 1.- La NULIDAD de las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al lapso de fundamentación a la apelación; 2.- Se REPONE la causa al estado de que se notifique a las partes del presente fallo, para que una vez que conste en autos la última de las notificaciones, la parte accionante dé contestación a la fundamentación de la apelación, de conformidad con lo establecido en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: EXTINGUIDA LA ACCIÓN por la PÉRDIDA DEL INTERÉS en el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad interpuesto por la Sociedad Mercantil "PARKING BERT S.R.L.", representada judicialmente por el abogado Jorge Perdomo Vizquel, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 4.496, contra la Resolución número 3818 dictada el 30 de noviembre de 1987, emanada de la DIRECCIÓN DE INQUILINATO DEL MINISTERIO DE FOMENTO, mediante la cual se fijó el canon de arrendamiento máximo mensual para el estacionamiento que ocupa dicha empresa, como arrendataria.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación ejercido por la abogada Nilia Velásquez, actuando con el carácter de apoderada judicial de la ciudadana ZULLY ELENA MUSSET DE ROMERO, contra la decisión de fecha 24 de mayo de 2007, dictada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, mediante la cual declaró inadmisible el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por la referida ciudadana contra la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, por órgano del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN; 2. CON LUGAR la apelación ejercida; 3. REVOCA el referido fallo; 4. ORDENA la remisión del expediente al Tribunal de origen, a los fines de que se pronuncie sobre el fondo de la presente controversia.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- LA SUSPENSIÓN de la causa hasta que se cite a los herederos del causante, ROMÁN GARCÍA OQUENDO, portador de la cédula de identidad número 2.823.252, parte actora en la presente causa contra EL MUNICIPIO MARACAIBO DEL ESTADO ZULIA, por órgano de la Contraloría del referido Municipio, la cual dictó la Resolución Administrativa número CM-DC-AA-115-02, de fecha 31 de mayo de 2002, que confirmó el auto de fecha 8 de agosto de 2001, signado CM-DC-069-2001, donde fue declarado responsable administrativamente el recurrente. 2.- ORDENA a la Secretaría de esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, librar Edicto de conformidad con lo establecido en el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil, y realizar la citación de conformidad con el artículo 144 ejusdem.