Se dictó sentencia mediante la cual esta Corte declaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer de las apelaciones interpuestas por ambas partes en el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana MARÍA MILAGROS BARROZZI, contra el MUNICIPIO MATURÍN DEL ESTADO MONAGAS. 2.- CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la representación judicial del Municipio querellado; en consecuencia: 3.- Se REVOCA el fallo apelado; 4.- Se declara PARCIALMENTE CON LUGAR la querella funcionarial interpuesta, en consecuencia se declara: 4.1.- IMPROCEDENTE el pago por concepto de prestación de antigüedad conforme a la Convención Colectiva. 4.2.- PROCEDENTE el pago por concepto de prestaciones sociales conforme al artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, el pago por concepto de intereses sobre las prestaciones sociales, por concepto de vacaciones no disfrutadas y fraccionadas, el pago de intereses moratorios, IMPROCEDENTE la indexación solicitada.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- TEMPESTIVA la solicitud de aclaratoria formulada en fecha 30 de marzo de 2011, por el abogado Iván Baranenko, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N°14.274, en su carácter de tercero interesado, del fallo dictado en la presente causa en fecha 16 de febrero de 2011, y registrado bajo el No. 2011-0199, consignado en el marco del recurso contencioso administrativo inquilinario de nulidad interpuesto contra la Resolución Nº 12950 de fecha 19 de marzo de 2009, emanada de la entonces DIRECCIÓN GENERAL DE INQUILINATO DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA. 2.- PROCEDENTE la solicitud de aclaratoria efectuada. 3.- Téngase la presente decisión como parte de la sentencia N° 2011-0199 dictada en fecha 16 de febrero de 2011 por la Corte.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: IMPROCEDENTE la acción de amparo cautelar constitucional interpuesta en forma conjunta con el recurso contencioso administrativo de nulidad y medida cautelar de suspensión de efectos por el abogado Edgar Becerra Torres, apoderado judicial de la sociedad mercantil DEPÓSITO MÉRIDA C.A., contra el acto administrativo de fecha 23 de diciembre de 2008, contenido en la Providencia Administrativa Nº 177 emanada del INSTITUTO PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS EN EL ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS. En consecuencia, se ORDENA la remisión del presente expediente al Juzgado de Sustanciación de la Corte, a los fines de que se pronuncie sobre la admisibilidad definitiva del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto, examinando sólo la causal referente a la caducidad.

Esta Corte dictó Sentencia mediante la cual declaró: 1.- SU COMPETENCIA para conocer de la apelación interpuesta contra el fallo dictado en fecha 16 de noviembre de 2010, por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante el cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial ejercido contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN. 2. DESISTIDA la apelación interpuesta. 3. CONFIRMA por efecto de la consulta de ley prevista en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, la sentencia dictada por el Juzgado Superior Quinto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 16 de noviembre de 2010.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- SU COMPETENCIA para conocer de la apelación ejercida en fecha 8 de diciembre de 2010, por la abogada Silvia Rosmary Natera Torres, actuando con el carácter de apoderada judicial de la PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO TRUJILLO, contra la sentencia interlocutoria de fecha 9 de junio de 2010, dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental la cual declaró improcedentes las solicitudes de amparo cautelar y medida cautelar de suspensión de efectos, en el marco del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto contra el acto administrativo contenido en la Providencia Administrativa Nº 0014/2010 de fecha 28 de enero de 2010, emanada de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO CON SEDE EN TRUJILLO, ESTADO TRUJILLO. 2.- SIN LUGAR la apelación interpuesta. 3.- CONFIRMA el fallo apelado.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 2 de agosto de 2010, por el abogado Mario Mackenzie Meléndez Rodríguez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 28.108, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano JOSÉ ANTONIO RIVERO PRADO contra la decisión dictada el 22 de julio de 2010, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, que declaró INADMISIBLE in limine litis el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra el INSTITUTO DE PREVISIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN DE EDUCACIÓN (IPASME). 2.- DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto.3.-FIRME la decisión dictada por el por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental de fecha 22 de Julio de 2010.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- IMPROCEDENTE la perención de la instancia. 2.- SE REMITE el expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo a los fines de que fije la oportunidad para la celebración de la audiencia de juicio.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte: ORDENA la remisión inmediata del expediente contentivo de la acción de nulidad de asiento registral interpuesta por la ciudadana TAMARA GONTSCHARENCO titular de la cédula de identidad Nº 2.120.466 debidamente asistida por la abogada Verónica Gámez, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 116.357, contra el REGISTRO INMOBILIARIO DEL MUNICIPIO PALAVECINO DEL ESTADO LARA y la NOTARÍA PÚBLICA DÉCIMA TERCERA DEL MUNICIPIO BARUTA DEL ESTADO MIRANDA a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia por considerar que es la autoridad jurisdiccional que le correspondería pronunciarse acerca de la presente causa.

Esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró: SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por los abogados Oswaldo Padrón Amare y Lizbeth Subero Ruiz, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 4.200 y 24.550, respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales de BANESCO BANCO UMVERSAL, C.A., contra el acto administrativo de efectos particulares dictado en fecha 2 de febrero de 2005, por la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI), que negó la autorización de adquisición de divisas destinadas al pago de la deuda financiera externa privada solicitada por esa sociedad.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 10 de enero de 2008, por la abogada Sol Izmir Chávez Medina, contra la decisión dictada el 18 de diciembre de 2007, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, que declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la apoderada judicial de la sociedad mercantil COMERCIAL EL TIUNA C.A., contra la providencia administrativa Nº 0005-2006 de fecha 4 de enero de 2005, emanada de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DE GUANARE, ESTADO PORTUGUESA; 2.- DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto, en consecuencia, queda FIRME el fallo apelado.