Se dictó sentencia mediante la cual esta Corte declaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer del recurso de apelación ejercido el 3 de febrero de 2011, por el ciudadano AMÍLCAR RIVERO, asistido por el abogado Antonio José Lilo Vidal contra la decisión dictada el 14 de enero de 2011, por el Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, mediante la cual declaró improcedente el amparo cautelar propuesto. 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido. 3.- CONFIRMA el fallo apelado.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: IMPROCEDENTE la medida cautelar de suspensión de efectos solicitada por el abogado Carlos Augusto Álvarez Paz, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 48.830, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ASOCIACIÓN COOPERATIVA "MIXTA FRATERNIDAD DEL TRANSPORTE", de responsabilidad limitada en el recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido contra el acto administrativo Nº 465-10 de fecha 7 de junio de 2010, emanado de la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE COOPERATIVAS (SUNACOOP).

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer de la apelación interpuesta por la Jaiker Mendoza inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº53.749, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano DISTRITO METROPOLITANO DE CARACAS , contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 13 de noviembre de 2007, mediante la cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano JAVIER ALFONSO ROJO GARCÍA, titular de la cédula de identidad Nº 9.062.388 debidamente asistido por el abogado Pilar Botomo Luces; 2.- SIN LUGAR la apelación interpuesta; 3.- CONFIRMA el fallo objeto de apelación.

Se dictó auto mediante la cual esta Corte ordenó notificar al ciudadano Francisco José Chirinos García, de conformidad con lo previsto en el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, para que, una vez conste en autos el recibo de su notificación, en un lapso de cinco (5) días de despacho, remita a esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo lo siguiente: 1.- Cualquier documento de donde se desprenda que se mantuvo prestando servicio en el entonces Ministerio de Educación de forma ininterrumpida, desde el 1º de julio de 1983 hasta el 13 de marzo de 1996; 2.- En caso de que no haya prestado servicio durante todo el período anteriormente señalado en el entonces Ministerio de Educación, sin embargo, haya laborado en otro ente u órgano de la Administración Pública, consigne prueba que demuestre tal situación.

En el recurso de apelación interpuesto por el Abogado Andrés Salazar Ruíz, actuando con el carácter de Apoderado Judicial del ciudadano OSCAR VILLALTA AGRO, contra la sentencia dictada en fecha 24 de octubre de 2007, por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró Consumada la Perención y Extinguida la Instancia del recurso contencioso administrativo de nulidad intentado por el Apoderado Judicial del mencionado ciudadano, contra la Providencia Administrativa Nº 10-03 del 25 de marzo de 2003, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN EL ESTE DEL ÁREA METROPOLITANA DECARACAS. Se dictó sentencia mediante la cual esta Corte declaró: Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto; DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto; FIRME el fallo apelado.

En el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la Apoderada Judicial de la Sociedad Mercantil DOMÍNGUEZ & CIA, S.A., contra el acto administrativo de efectos particulares contenido en la certificación de discapacidad Nº 217/10 de fecha 27 de julio de 2010, dictado por el INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN SALUD Y SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL) DIRECCIÓN ESTADAL DE SALUD DE LOS TRABAJADORES LARA, PORTUGUESA Y YARACUY, mediante el cual certificó la discapacidad total y permanente con limitación para el trabajo al ciudadano Pedro Manuel Quiñones. Se dictó sentencia mediante la cual esta Corte declaró: SU INCOMPETENCIA para conocer del presente recurso; DECLINÓ la competencia para conocer del presente recurso al Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, que corresponda previa distribución; ORDENÓ la remisión del expediente al Juzgado Distribuidor de los Juzgados Superiores del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara.

En el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con amparo cautelar y subsidiariamente medida cautelar de suspensión de efectos por los Apoderados Judiciales de la Sociedad Mercantil HELM BANK DE VENEZUELA, S.A., BANCO COMERCIAL REGIONAL, y de la ciudadana THAIS LÓPEZ GÓMEZ, contra el acto administrativo signado bajo la nomenclatura SBIF-DSB-II-GGTE-GEE-03606 de fecha 11 de marzo de 2010, dictado por la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SUDEBAN), hoy SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO. Se dictó sentencia mediante la cual esta Corte declaró: Su COMPETENCIA para conocer del presente recurso; IMPROCEDENTE el amparo cautelar solicitado; ORDENÓ remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación; ORDENÓ al Juzgado de Sustanciación abrir cuaderno separado a los fines de la tramitación de la medida cautelar de suspensión de efectos; ORDENÓ al referido Juzgado efectuar las notificaciones necesarias a las partes.

En la declinatoria de competencia efectuada por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la región Central con sede en Maracay, estado Aragua, para conocer del recurso por abstención o carencia conjuntamente con Amparo Cautelar, interpuesto por los Apoderados Judiciales de la ciudadana ISMELDA GUERRA REBOLLEDO, contra la abstención en que presuntamente incurrió la ESCUELA DE FORMACIÓN DE OFICIALES TÉCNICOS DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA (EFOTEC), adscrita al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA. Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: ADMITIÓ LA DECLINATORIA DE COMPETENCIA; ADMITIÓ el presente recurso por abstención o carencia interpuesto; IMPROCEDENTE la acción de amparo cautelar interpuesta; ORDENÓ emplazar al Jefe de la División Académica de la Escuela Técnica Militar Núcleo Aviación; ORDENÓ notificar a la ciudadana Procuradora General de la República.

En el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la Apoderada Judicial de la Sociedad Mercantil ADMINISTRADORA INTEGRAL E.L.B., C.A., contra el acto administrativo s/n de fecha 13 de octubre de 2004, dictado por el INSTITUTO PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS EN EL ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS (INDEPABIS). Se dictó sentencia mediante la cual esta Corte declaró: PERIMIDA LA INSTANCIA en el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto; ORDENÓ el archivo del expediente.

En el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con amparo cautelar y subsidiariamente medida cautelar de suspensión de efectos por la Apoderada Judicial de los ciudadanos JESÚS ERNESTO REYES PÁEZ y OLGA MARÍA TORCATES, contra la Resolución s/n de fecha 04 de febrero de 2011, dictada por el Sub-Contralor Municipal de la CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO TORRES DEL ESTADO LARA. Se dictó sentencia mediante la cual esta Corte declaró: Su COMPETENCIA para conocer el presente recurso; IMPROCEDENTE el amparo cautelar solicitado; ORDENÓ remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación a los fines de que se pronuncie acerca de la caducidad y admita de ser procedente la presente causa para que, continúe con el procedimiento; ORDENÓ al Juzgado de Sustanciación abrir cuaderno separado a los fines de la tramitación de la medida cautelar de suspensión de efectos solicitada; ORDENÓ al Juzgado de Sustanciación efectuar las notificaciones necesarias a las partes.