En el recurso de apelación interpuesto por la Abogada Aurelyn Espinoza Escalona, actuando con el carácter de Apoderada Judicial de la Alcaldía del Municipio Sucre del Estado Bolivariano de Miranda, contra el auto dictado en fecha 08 de Febrero de 2011, por el Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante el cual admitió la prueba de informes promovida por el Apoderado Judicial de la parte recurrente, en el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana INÉS MARÍA VELIZ, asistida de Abogado, contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO SUCRE DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA. Se dictó sentencia mediante la cual esta Corte declaró: Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto; DECAIMIENTO DEL OBJETO y EXTINGUIDO EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto.

En el recurso de apelación interpuesto por la sustituta de la Procuradora General de la República, en nombre del ente recurrido, contra la sentencia dictada en fecha 11 de enero de 2011, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, que declaró Parcialmente Con Lugar, el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto, por el Abogado Stalin Rodríguez, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de la ciudadana MILAGRO DEL PILAR ISEA FLORES, contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN. Se dictó sentencia mediante la cual esta Corte declaró: Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto; DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto; CONFIRMA, el fallo apelado, por efecto de la consulta prevista en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

En el recurso de apelación interpuesto por la Abogada Rosa García, actuando con el carácter de Apoderada Judicial del INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DE MARACAIBO (IUTM), contra la sentencia dictada en fecha 09 de marzo de 2010, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, mediante la cual declaró Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano RONIXIO CASTELLANO, debidamente asistido por el Abogado Gabriel Puche, contra el mencionado Instituto. Se dictó sentencia mediante la cual esta Corte declaró: Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto; DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto; FIRME el fallo dictado en fecha 09 de marzo de 2010, por el mencionado Juzgado Superior.

En el recurso de apelación interpuesto por la Apoderada Judicial de los ciudadanos José López Rodríguez, Alberto Brito Capdevilla, Enio Rubén Legón, Lucy Pastora Durán y Doris Castillo Aguilar, contra la decisión dictada en fecha 10 de febrero de 2010, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, mediante la cual declaró Sin Lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto, contra el acto administrativo contenido en la Providencia Administrativa Nº 1366, de fecha 13 de enero de 2004, dictado por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO LARA, SEDE BARQUISIMETO, mediante la cual declaró Sin Lugar, la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos interpuesto por los recurrentes en contra de la Sociedad Mercantil Alentuy C.A. Se dictó sentencia mediante la cual esta Corte declaró: Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto; DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto; FIRME el fallo apelado.

En la acción de amparo constitucional interpuesta por los Abogados Manuel Vicente Sosa Rodríguez y Antonio José Lilo Vidal, actuando con el carácter de Apoderados Judiciales del ciudadano ANTONIO RODRÍGUEZ LEÓN, contra el CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO MIRANDA DEL ESTADO FALCÓN. Se dictó sentencia mediante la cual esta Corte declaró: Su INCOMPETENCIA para conocer de la acción de amparo constitucional interpuesta; DECLINÓ el conocimiento de la presente acción de amparo constitucional, en el Juzgado Superior en lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Falcón; ORDENÓ REMITIRSE el expediente al Juzgado Superior en lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Falcón.

En el recurso de apelación interpuesto por el Apoderado Judicial de la Sociedad Mercantil CORPORACIÓN F.B.K C.A., contra la decisión dictada en fecha 14 de diciembre de 2010, por el Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, mediante la cual declaró Improcedente la medida de suspensión provisional de los efectos solicitada, en el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto, contra el acto administrativo contenido en la Providencia Administrativa Nº 2008-153, de fecha 2 de abril de 2008, dictado por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO "ALFREDO MANEIRO" DE PUERTO ORDÁZ ESTADO BOLÍVAR. Se dictó sentencia mediante la cual esta Corte declaró: Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto; DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto; FIRME el fallo apelado.

En la declinatoria de competencia efectuada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte, para conocer en primer grado de jurisdicción el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos, por la Abogada Angi Cáceres, actuando con el carácter de Apoderada Judicial de la ciudadana JUANA INÉS CHIOSSONE RÍOS MORALES contra el CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD EXPERIMENTAL DE YARACUY (UNEY). Se dictó sentencia mediante la cual esta Corte declaró: NO ACEPTA LA DECLINATORIA DE COMPETENCIA; PLANTEA EL CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA y en consecuencia, ORDENÓ la remisión del expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.

En el recurso de apelación interpuesto por el Abogado Carlos Luis Carrillo Artiles, en su carácter de Apoderado Judicial de la ciudadana LEDY MABEL CRESPO URBINA, contra la decisión dictada en fecha 29 de septiembre de 2008, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante la cual se declaró Sin Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la Apoderada Judicial de la referida ciudadana, contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA. Se dictó sentencia mediante la cual esta Corte declaró: Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto; SIN LUGAR el recurso de apelación incoado; CONFIRMÓ el fallo apelado.

En el recurso de apelación interpuesto por el Abogado Eduardo Quintana García, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de la ciudadana YESSENIA CAROLINA ORTIZ CARRERO, contra la sentencia dictada en fecha 15 de noviembre de 2010, por el Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró Sin Lugar, el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto, contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO LIBERTADOR DEL DISTRITO CAPITAL. Se dictó sentencia mediante la cual esta Corte declaró: Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto; DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto; FIRME la decisión apelada.

En el recurso de apelación ejercido por la Apoderada Judicial del ciudadano ORLANDO ENRIQUE DUGARTE, contra la decisión dictada en fecha 22 de septiembre de 2009, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes, mediante la cual declaró improcedente la medida cautelar innominada solicitada, en el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la Apoderada Judicial del referido ciudadano, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO MÉRIDA. Se dictó auto mediante el cual esta Corte declaró: ORDENÓ solicitar a la Gobernación del estado Mérida, con fundamento en lo previsto en el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, remita a esta Corte copia certificada del expediente administrativo del ciudadano Orlando Enrique Dugarte.