La Corte declaró que es COMPETENTE para conocer de la apelación incoada contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 27 de abril de 2007, que declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto; SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido y CONFIRMA en los términos expuestos, el referido fallo.05

La Corte ACEPTA LA COMPETENCIA que le fuera declinada por el Juzgado de Sustanciación de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en fecha 27 de julio de 2010, para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto y ORDENA la remisión del expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, a los fines de que se pronuncie sobre la admisibilidad de la presente solicitud de nulidad, conforme lo previsto en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.05

La Corte declaró SU INCOMPETENCIA para conocer, sustanciar y decidir el recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido y; SE DECLINA la competencia en uno de los Juzgados de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas. 01

La Corte declaró SIN LUGAR, recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con solicitud de amparo cautelar. 01

La Corte declaró que es COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 28 de abril de 2008, mediante la cual declaró sin lugar el recurso contencioso funcionarial interpuesto; SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto y CONFIRMA el fallo apelado.05

La Corte declara HOMOLOGADO el desistimiento formulado en fecha 18 de septiembre de 1979, por la abogada Mildred González Guerrero, en su carácter de abogado adjunto al Director de Expropiaciones de la Procuraduría General de la República en representación de la República, en el juicio de expropiación incoado contra el inmueble propiedad de los ciudadanos CESAR MIRABAL y DIOMEDES MARTÍNEZ, afectado por el Decreto Nº 1622 de fecha 8 de junio de 1976, publicado en la Gaceta Oficial de Nº 31004 del 16 de junio de 1976, para la construcción del Aeropuerto Internacional "SIMÓN BOLÍVAR" en el entonces Departamento Vargas del Distrito Federal. 01

La Corte declaró su COMPETENCIA para conocer de la recurso de apelación interpuesto contra la decisión que declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial; declara CON LUGAR el mencionado recurso de apelación; REVOCA la referida decisión; declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto, en consecuencia: (Vid Sentencia) 01

La Corte declaró que es COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Contencioso Administrativo del Estado Falcón, en fecha 18 de junio de 2010, mediante la cual declaró SIN LUGAR la acción de amparo constitucional interpuesta; SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto y CONFIRMA el fallo dictado por el referido Juzgado Superior.05

La Corte declaró que es COMPETENTE para conocer la apelación interpuesta contra la decisión dictada por el prenombrado Juzgado en fecha 2 de junio de 2004, la cual declaró sin lugar, el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto; CON LUGAR la apelación interpuesta; REVOCA el fallo apelado; CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.05

La Corte declaró TEMPESTIVA la solicitud interpuesta en fecha 12 de julio de 2010, ¿ampliación¿ del fallo dictado por este órgano Jurisdiccional en fecha 8 de julio de 2009, y registrado bajo el Número 2009-01225; declara PROCEDENTE la solicitud de "ampliación" ejercida, en consecuencia: 2.1. NIEGA por genéricas e indeterminadas la solicitud de las demás bonificaciones que le pudieran haber correspondido al querellante de no haberse producido su ilegal destitución; 2.2. NIEGA la solicitud de indemnización por daño moral. 01