Esta Corte declaró QUE ES COMPETENTE para conocer de recurso de apelación interpuesto por la Contraloría del Municipio Libertador del Distrito Capital en contra del auto dictado en fecha 31 de marzo de 2014, por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital. CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto. Se ANULA de forma parcial el auto dictado en fecha 31 de marzo de 2014, por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, específicamente en lo que respecta a que es "¿a la parte apelante [Contraloría Municipal] (¿) a (¿) quien corresponde correr con los costos que puedan generarse en virtud de los honorarios que sean causados por los expertos que serán nombrados por el Tribunal¿". (Corchetes de esta Corte). Se ORDENA que el pago de los gastos de la experticia complementaria al fallo ordenada por esta Corte el 13 de marzo de 2014, corresponde a ambas partes de manera paritaria.

Esta Corte declaró: Que es COMPETENTE para conocer de la consulta de Ley establecida en el artículo 84 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a la cual fue sometida la decisión dictada en fecha 14 de agosto de 2017, por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, la cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el abogado René Alejandro Hernández, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana MARÍA EUGENIA PACHECO FAGÚNDEZ, contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE TERRESTRE Y OBRAS PÚBLICAS; PROCEDENTE la consulta de ley planteada; y en consecuencia, CONFIRMÓ el fallo dictado por el referido Juzgado Superior en fecha 14 de agosto de 2017, con las modificaciones expuestas en la parte motiva del presente fallo.

Esta Corte declaró: 1.- Su INCOMPETENCIA para conocer en primer grado de jurisdicción de la "demanda de nulidad" interpuesta conjuntamente con pretensión de amparo constitucional y, subsidiariamente medida cautelar innominada por la ciudadana AURELIA ORMAZABAL DE CARRASCO, asistida por el abogado Marcos Rojas, contra la decisión dictada en fecha 5 de septiembre de 2001, por la JUEZ PRESIDENTE DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO CARABOBO, mediante la cual destituyó a la prenombrada ciudadana del cargo de Auxiliar de Secretaría del Juzgado de Primera Instancia del Régimen Procesal Transitorio del mencionado Circuito. 2.- DECLINA LA COMPETENCIA para conocer del presente asunto en el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte, a quien se ORDENA remitir el presente expediente, a los fines legales consiguientes.

Esta Corte declaró: 1.- La INCOMPETENCIA de la jurisdicción contencioso administrativa para conocer la demanda de nulidad interpuesta por la ciudadana Ángela Márquez, debidamente asistida por la abogada Cecilia Moure, contra el acto administrativo de certificado de incapacidad residual emanado de la Comisión Nacional de Discapacidad Residual del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.); 2.- DECLINÓ la competencia a los Tribunales Superiores del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, que corresponda por distribución; 3.- ORDENÓ la remisión del expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Aragua.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- SU COMPETENCIA para el conocimiento del recurso de apelación interpuesto el 16 de marzo de 2015, por la representación judicial de la parte recurrente, contra el auto dictado por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte, en fecha 10 de marzo de 2015, mediante la cual se pronunció sobre las pruebas promovidas por la parte recurrente, en el marco del recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano PAUCIDES ANTONIO CASTILLO MÁRQUEZ, asistido por el abogado Willian Enrique Cuevas Hidalgo, contra el CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO LIBERTADOR DEL ESTADO CARABOBO. 2.- CON LUGAR la apelación interpuesta. 3.- Se REVOCA PARCIALMENTE el auto apelado. 4.- Se ADMITEN las pruebas de informes; en consecuencia: 4.1.- Se ORDENA la evacuación de las pruebas.

Esta Corte declaró DESISTIDO el procedimiento en el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con medida de suspensión de efectos por el ciudadano Germán Díaz, titular de la cédula de identidad Nº 5.646.688, actuando con el carácter de Presidente de la Sociedad Mercantil IMPORTADORA WEST COAST C.A., inscrita en la Oficina del Registro Mercantil Segundo del estado Táchira el 31 de julio de 2006, bajo el Nº 22, Tomo 11-A, asistido por los abogados Jorge Armando Maldonado, Jesús Armando Colmenares y Diego Alejandro Colmenares, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 31.119, 74.418 y 240.229, respectivamente, contra el acto administrativo contenido en la Resolución Nº PRE-CJ-2015-8471 de fecha 29 de octubre de 2015, emanado del CENTRO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR (CENCOEX).

Esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer en consulta del fallo dictado por el Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción judicial del estado Monagas con Competencia en el estado Delta Amacuro, que declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial y con lugar la acción subsidiaria por cobro de prestaciones sociales interpuesta por el ciudadano LUIGGI JESÚS MÁRQUEZ VÁSQUEZ, debidamente asistido por la abogada Ruth Milena López Maza, contra el CUERPO DE POLICÍA SOCIALISTA DEL ESTADO MONAGAS; 2.- Conociendo de la consulta prevista en el artículo 84 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, CONFIRMÓ con las modificaciones expuestas en la parte motiva de la presente decisión, el fallo dictado en fecha 9 de junio de 2017, por el referido Juzgado.

Esta Corte declaró Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital en fecha 7 de marzo de 2017, que declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el abogado Manuel Assad Brito, actuando en su condición de apoderado judicial del ciudadano WILLIAMS RAFAEL DÍAZ, contra el INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S). 2. SIN LUGAR la apelación ejercida y en consecuencia, se CONFIRMA la sentencia apelada.

Esta Corte declaró: SIN LUGAR la demanda por vía de hecho interpuesta conjuntamente con medida cautelar innominada por la abogada Carmen Olanda Arias García, actuando con el carácter de apoderada judicial de los ciudadanos Ricardo Antonio Bugalio Casas y Carmen Rosa Cumare Hernández de Escalante, en su condición de representante administrativo y gerente general, de la sociedad mercantil ISIBA, C.A. (HOTEL STANFORD), contra "la actuación írrita e inconstitucional" presuntamente desplegada por la SUPERINTENDENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS SOCIOECONÓMICOS (SUNDDE).

Esta Corte ORDENÓ notificar al Superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (S.E.N.I.A.T), a los fines que remita a este Órgano Colegiado copia certificada del Manual Descriptivo de Cargos o del Registro de Información de Cargos del mencionado Servicio Nacional, dentro del lapso de diez (10) días de despacho siguientes, contados a partir de la fecha en que conste en autos el recibo de su notificación.