La Corte declaró IMPROCEDENTE la medida de suspensión de efectos solicitada por el abogado Olinto Méndez Cuevas, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil BANVALOR, BANCO COMERCIAL, C.A., contra el acto administrativo contenido en el Oficio Nº SBIF-II-GGIBPV-GIVPV3-19108, del 24 de septiembre de 2010, emanado de la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. NOTIFÍQUESE a la ciudadana Procuradora General de la República; a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras; al Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE), así como a la Junta Administradora del BANVALOR BANCO COMERCIAL, C.A. Se ordenó la notificación.

La Corte declara QUE ES COMPETENTE para conocer el recurso de apelación interpuesto por la abogada Mariangela Hamana Valera, actuando con el carácter de apoderada judicial de la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SANTIAGO MARIÑO DEL ESTADO NUEVA ESPARTA, contra el auto dictado por el Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta de fecha 2 de febrero de 2010. CON LUGAR la apelación interpuesta. REVOCA parcialmente el auto dictado en fecha 2 de febrero de 2010. INADMISIBLE conforme a derecho la inspección judicial referida al situado constitucional de la Alcaldía del Municipio Mariño del Estado Nueva Esparta.

La Corte declaró COMPETENTE para conocer de la presente causa; DESISTIMIENTO del mencionado recurso de apelación interpuesto por la parte recurrida; Conociendo en consulta el fondo del asunto, se REVOCA la sentencia consultada y; Conociendo del fondo de la presente causa, se declara SIN LUGAR el recurso funcionarial interpuesto.

La Cortre declaró SIN LUGAR la demanda por incumplimiento de contrato e indemnización por daños y perjuicios, interpuesta por los abogados Alfredo Abou-Hasan Fernández, Álvaro Prada Alvíarez y Víctor Manuel Vilanchá, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil RUISALCA, C.A., -identificada en el encabezado del presente fallo- contra la JUNTA LIQUIDADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INAVI). CON LUGAR la reconvención interpuesta por el abogado Pedro Betancourt López, actuando con el carácter de apoderado judicial del INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INAVI), contra la sociedad mercantil RUISALCA, C.A., para lo cual ordena la realización de una experticia complementaria del fallo, en los términos expuestos en el presente fallo. CONDENA en costas a la sociedad mercantil RUISALCA, C.A. Se ordenó la notificación.

La Corte declaró SIN LUGAR la demanda por resolución de contrato, interpuesta por el abogado Alfonso Albornoz Niño, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 18.235, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil DISTRIBUIDORA BENCAVEN DISTRIBECA C.A., contra el BANCO CENTRAL DE VENEZUELA. En consecuencia, se condenó en costas a la empresa DISTRIBUIDORA BENCAVEN, C.A. Se ordenó la notificación.

La Corte declaró SIN LUGAR la demanda por cobro de bolívares interpuesta por el abogado Pablo Rodríguez Delgado, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 68.894, quien actúa con el carácter de apoderado judicial de la CORPORACIÓN TX DE VENEZUELA C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda el 30 de abril de 2003, bajo el Nº 69, Tomo 46-A-Pro., contra la "ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SANTIAGO MARIÑO DEL ESTADO ARAGUA". Se condenó en COSTAS a la parte demandante, con fundamento en lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil. Se remitió copia certificada del presente fallo al Alcalde del Municipio Santiago Mariño del Estado Aragua y al Contralor Municipal.

La corte declaró QUE ES COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesta el 25 de abril de 2008, por la abogada María Polo, actuando con el carácter de apoderada judicial del Estado Carabobo, contra la sentencia dictada por el referido Juzgado Superior, en fecha 22 de noviembre de 2007; DESISTIDA la apelación ejercida por la representación judicial de la Gobernación del Estado Carabobo; QUE ES COMPETENTE para conocer de la consulta del fallo dictado el 22 de noviembre de 2007, a tenor de lo previsto en el artículo 33 (hoy artículo 36) de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público, en concordancia con lo estipulado en el artículo 70 (hoy artículo 72) del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. PROCEDENTE la referida consulta por las razones expuestas en la parte motiva del presente fallo. NULA la senetencia apelada; SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial.

La Corte declaró SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos interpuesto por la sociedad mercantil LABORATORIOS WYETH, S.A., contra la Resolución N° SPPLC/0076-2006 de fecha 26 de diciembre de 2006, emanada de la SUPERINTENDENCIA PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA LIBRE COMPETENCIA. Se ordenó la notificación.

La Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo declara SIN LUGAR el recurso de nulidad interpuesto.

La Corte declara QUE ES COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesta por la representación judicial de la querellante, contra el fallo dictado en fecha 30 de noviembre de 2009, por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de La Región Capital, mediante la cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana ZULAY COROMOTO RODRÍGUEZ DE CARTA, contra el Acto Administrativo contenido en la notificación de fecha 31 de Julio de 2008, suscrita por el Presidente de la Junta Liquidadora del FONDO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO. SIN LUGAR la apelación ejercida por la representación judicial de la querellante. CONFIRMA la decisión apelada.