Se dictó decisión mediante la cual se proveyó con relación al escrito de promoción de pruebas presentado por la parte demandada en la presente causa, a través de la cual en ralación con el principio de la comunidad de la prueba se señaló que el análisis y la valoración del mismo le corresponderá a la CSCA en la sentencia de fondo; se admitió la documental con mérito promovida y se ordenó mantener en el expediente; y se admitieron las documentales aportadas al proceso en el escrito de promoción de pruebas, en cuanto a derecho se requiere, por cuanto no se observa que sean ilegales o impertinentes, quedando a cargo del Juez de mérito la apreciación y valoración de dichos instrumentos al momento de dictar la sentencia de fondo.

Se dictó decisión mediante la cual se proveyó con relación al escrito de promoción de pruebas presentado por la parte demandante en la presente causa, a través de la cual se admitieron las documentales promovidas, en cuanto a derecho se requiere por cuanto no se observa que sean ilegales o impertinentes, quedando a cargo del Juez de mérito la apreciación y valoración de dichos instrumentos al momento de dictar la sentencia de fondo y, por cuanto dichas documentales reposan en el expediente, se ordenó mantener en el mismo.

En fecha 07 de agosto de 2014, este Juzgado de Sustanciación dictó auto mediante el cual admitió la presente demanda de nulidad interpuesta conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos por el ciudadano Juan Enrique Malver Maldonado actuando en su carácter de presidente de la sociedad mercantil Inversiones EAMS 1229, C.A. asistido por el abogado Freddy José Paredes Dugarte, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 104.007, contra la sociedad mercantil Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos, S.A. (PDVAL). Asimismo, se ordenó notificar a la ciudadana Fiscal General de la República a los ciudadanos Procurador General (E) de la República, Ministro del Poder Popular para la Alimentación y Presidente de PDVAL, a quien se le solicitó los antecedentes administrativos del caso, finalmente se ordenó abrir cuaderno separado para tramitar la medida cautelar solicitada.

En fecha 7 de agosto de 2014, este Juzgado de Sustanciación se pronunció sobre la medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar en la demanda interpuesta por el Instituto Nacional de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria (INAPYMI) contra la sociedad mercantil Industria Pieles y Afines, C.A. (IPACA).

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer de la consulta de Ley, a la cual fue sometida la decisión dictada por el Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, en fecha 4 de noviembre de 2013, mediante la cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por los ciudadanos VÍCTOR RAMÓN MARÍN, MARÍA MARÍN, MAYLIVI MARÍN Y VÍCTOR MIGUEL MARÍN, en su condición de herederos únicos y universales de la ciudadana LILIAN COROMOTO LÓPEZ DE MARÍN, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO FALCÓN., y 2. Se CONFIRMÓ con las modificaciones expuestas, el fallo sometido a consulta de Ley.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1.- COMPETENTE para conocer de la apelación ejercida por la abogada Nayibis Peraza, antes identificada, actuando en su carácter de apoderada judicial del MUNICIPIO CHACAO DEL ESTADO MIRANDA, contra la decisión de fecha 22 de enero de 2014 dictada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró con lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la empresa REPRESENTACIONES FRITZ-FRANZ C.A. contra la Resolución Nº R-LG-10-00168, dictada el 26 de noviembre de 2010, emanada de la DIRECCIÓN DE INGENIERÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO CHACAO. 2.- SIN LUGAR la apelación ejercida por la representación judicial de la parte recurrida en nulidad. 3.- Se CONFIRMA el fallo apelado.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró lo siguiente: COMPETENTE para conocer del fallo dictado por el Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 9 de octubre de 2013, mediante el cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana RAYZA DEL ROSARIO LUNA PALMA, contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SUCRE DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA 2. PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación ejercido, en consecuencia; 3. REVOCA PARCIALMENTE el fallo apelado únicamente con respecto al pago de los intereses correspondientes al artículo 668 de la Ley Orgánica del Trabajo de 1997. 4. CONFIRMA los demás aspectos del fallo dictado por el Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 9 de octubre de 2013.

Esta Corte declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto, ANULA el fallo dictado en fecha 31 de marzo de 2014 por el iudex a quo y declara SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual: 1. ACEPTÓ la competencia declinada por el Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, para conocer la demanda de nulidad interpuesta por la ciudadana EDDI TOVAR COLORADO, contra la COMISIÓN NACIONAL EVALUADORA DE INCAPACIDAD RESIDUAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE REHABILITACIÓN Y SALUD EN EL TRABAJO adscrita al INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.), 2.- SE ORDENÓ remitir el presente expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Corte a los fines que se pronuncie sobre la admisibilidad de la demanda de nulidad incoada con excepción de la competencia.

Esta Corte declaró: 1. VÁLIDOS los escritos de fundamentación a la apelación presentados por ambas partes. 2.- La NULIDAD de las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al lapso de fundamentación a la apelación. 3.- Se REPONE la causa al estado de iniciar el lapso de contestación a la fundamentación de la apelación, contado a partir que conste en actas la última de las notificaciones de las partes y, por consiguiente, la continuación del procedimiento de segunda instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 92 y siguientes de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.