Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer de la apelación incoada en fecha 4 de octubre de 2010, por el apoderado judicial del recurrente, contra el fallo dictado por el Juzgado a quo, en fecha 28 de septiembre de 2010, mediante el cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el abogado Miguel Sequera Adriani, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano EVELIO RAMÓN LIZARDO RODRÍGUEZ, contra las "FUERZAS ARMADAS POLICIALES DEL ESTADO TRUJILLO". 2.- SIN LUGAR la apelación ejercida. 3.- CONFIRMÓ el fallo apelado. Se ordenó notificar y remitir, el presente expediente.

Se dictó desición mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer el recurso de apelación ejercido funcionarial interpuesto por la ciudadana MARIS NAVARRO DE LEAL, titular de la cédula de identidad Nº 5.289.439, asistida por el abogado Alberto José Rivero González, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 40.893, contra la decisión dictada en fecha 18 de marzo de 2010, por el Juzgado Superior Contencioso Administrativo del Estado Falcón, que declaró inadmisible in limine litis el recurso contencioso administrativo interpuesto contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO FALCÓN. 2.- DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto. 3.- FIRME la sentencia apelada. Se ordenó remitir el expediente al Tribunal de origen.

Se dictó decisión a través de la cual esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesta. 2.- CON LUGAR la apelación ejercida. 3.- ANULÓ la sentencia apelada. 4.- SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial ejercido.- Se ordenó remitir el expediente al Tribunal de origen.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- SU COMPETENCIA para conocer de la apelación interpuesta por la representación judicial del ciudadano CÉSAR JOSÉ BURELLI VALERO en contra de la sentencia dictada en fecha 15 de febrero de 2011, por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital. 2.- CON LUGAR, la apelación interpuesta. 3.- REVOCA el fallo de fecha 15 de febrero de 2011, dictado por el referido Juzgado Superior. 4.- CON LUGAR el recurso de nulidad interpuesto por la representación judicial del Colegio Universitario de Caracas en contra de la providencia administrativa Nº 00264-08 de fecha 25 de junio de 2008, emanada de la Inspectoría del Trabajo en el Este del Área Metropolitana de Caracas.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1) QUE ES COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto por la abogada Margarita Navarro de Ruozi, actuando con el carácter de apoderada judicial del Municipio Sucre del Estado Miranda, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 16 de octubre de 2009, mediante la cual declaró con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesta por la ciudadana LUZ MARINA RODRÍGUEZ NIEVES contra el CONCEJO DEL MUNICIPIO SUCRE DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA. 2) SIN LUGAR la apelación interpuesta por la representación judicial del Organismo recurrido. 3) CONFIRMÓ el fallo proferido por el A quo. Se ordenó remitir el expediente al Tribunal de origen.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer de la apelación ejercida por el abogado Nelson López Vásquez, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil PUERTOS DE SUCRE contra la decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Nor-Oriental (hoy denominado Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre) en fecha 25 de febrero de 2010, mediante la cual declaró el con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por la ciudadana EMILYS DEL VALLE SIVIRA FLORES, asistida por la abogada Yanny Margarita Gómez Salaya, contra la mencionada sociedad mercantil. 2.- SIN LUGAR la apelación incoada. 3.- CONFIRMÓ la sentencia apelada. Se ordenó remitir el expediente al Juzgado de origen.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró IMPROCEDENTE LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN DE EFECTOS requerida de conformidad con lo previsto en el artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, por los apoderados judiciales de la sociedad mercantil MAPFRE LA SEGURIDAD C.A. DE SEGUROS en el marco de recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto contra el acto contra el acto administrativo de fecha 8 de abril de 2008, emanado del antiguo Consejo Directivo del INSTITUTO AUTÓNOMO PARA LA DEFENSA Y EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO (INDECU), hoy, Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS). Se ordenó notificar.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró:1.- QUE ES COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesta, por la abogada YVIS MARINA PARRA BARRIOS, actuando en su propio nombre, contra el fallo dictado por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo, Agrario y de Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, el 16 de septiembre de 1997, mediante el cual declaró desistido el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la referida ciudadana, contra la Providencia Administrativa N° 8, de fecha 8 de mayo de 1995, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN VALERA-ESTADO TRUJILLO, que declaró sin lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos incoada por la misma contra la empresa C.A. Electricidad de Los Andes (C.A.D.E.L.A.). 2.- SIN LUGAR la apelación interpuesta por la parte recurrente.3.- CONFIRMÓ el fallo apelado. Se ordenó remitir el expediente al Tribunal de origen.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: DESISTIDO el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos por la abogada Alba Marina Rondón de Roa, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 48.502, actuando con el carácter de apoderada judicial de la ASOCIACIÓN CIVIL DE GARANTÍAS DE RIESGO AUTOMOTRIZ contra el Memorando N° 06.00910, de fecha 14 de julio de 2010, emanado del INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, mediante el cual ordenó a sus oficinas ubicadas en todo el territorio nacional, "(¿) Que se abstengan de aceptar, hasta nuevo aviso, pólizas de responsabilidad civil de vehículos emitidas por cualquier forma asociativa o administradora de riesgos que no estén debidamente autorizadas por la Superintendencia de Seguros (¿)". Se ordenó archivar el expediente.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte: 1.- Declaró que es COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 8 de noviembre de 2007, por el abogado Pedro Antonio Barrios Pérez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 41.946, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana YENI YANEZ DÍAZ, titular de la cédula de identidad Nº 7.991.607 contra el MINISTERIO DE SALUD (hoy MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD). 2.- SIN LUGAR la apelación interpuesta. 3.- CONFIRMÓ, la sentencia dictada por Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 29 de octubre de 2007, que declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto. Se ordenó remitir el expediente al Tribunal de origen.