La Corte dictó decisión mediante la cual declaró INADMISIBLE la demanda por indemnización por daños y perjuicios derivados de siniestro eléctrico interpuesta por el abogado Omar Eulises Arévalo, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 37.076, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana MARÍA DE JESÚS DEL CARMEN MONCADA GIL, titular de la cédula de identidad Nº 4.953.430, contra la entonces sociedad mercantil ELECTRICIDAD DE LOS ANDES COMPAÑÍA ANÓNIMA (CADELA), hoy fusionada en virtud del Decreto Nº 4.492 de fecha 15 de mayo de 2006, dictado por el Ejecutivo Nacional, y publicado en Gaceta Oficial Nº 38.441 de fecha 22 de mayo de 2006, a la sociedad mercantil C.A. DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO ELÉCTRICO (CADAFE), de conformidad con el artículo 35.5 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y en concordancia con el artículo 255 del Código de Procedimiento Civil.

La Corte declaró Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por el abogado Gustavo Pinto, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 25.663, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano EDUARD EMIL ISTÚRIZ BLANCO, titular de la cédula de identidad Nº 12.683.461, contra la decisión dictada el 9 de enero de 2008, por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO ACEVEDO DEL ESTADO MIRANDA; 2. DESISTIDO el mencionado recurso de apelación, en consecuencia, declara FIRME el fallo apelado.

La Corte dictó decisión mediante la cual declaró QUE ES COMPETENTE para conocer de la consulta del fallo dictado por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 29 de octubre de 2010, mediante el cual se declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial por los abogados Ronald Golding Monteverde, Miriam Noria Guzmán y Karina Querales Rodríguez, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la ciudadana MARLENE GÓMEZ DE MUÑOZ, contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN. Conociendo de la consulta prevista en el artículo 72 del Decreto Nº 6.286, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, CONFIRMA la decisión dictada en fecha 29 de octubre de 2010 por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital.

La Corte declaró Su COMPETENCIA para conocer en consulta del recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el abogado Stalin Rodríguez, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana MARÍA TERESA ALARCON AVENDAÑO, contra decisión dictada por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 21 de octubre de 2010, que declaró PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial ejercido por la referida ciudadana, contra la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, por órgano del MINISTERIO DE EDUCACIÓN (hoy MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN); CONFIRMA el fallo consultado

La Corte declaró Que es INCOMPETENTE para conocer y decidir en primer grado de jurisdicción de la demanda por "cobro de Bolívares", incoada por el abogado Luis Orlando Moreno Santos, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Número 4.971, actuando en su carácter apoderado judicial de la sociedad mercantil denominada GRUPO NOVOCA. C.A., contra el INSTITUTO DE VIVIENDA Y HÁBITAT DEL ESTADO MIRANDA (INVIHAMI), plenamente identificadas en autos, en consecuencia: DECLINA la competencia en el Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital con facultades de distribución, y se proceda de conformidad con la Ley.

La Corte declaró Su COMPETENCIA para conocer de la apelación interpuesta por la abogada BRISMAR ALCALÁ GUACUTO, contra el fallo dictado por el referido Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 30 de julio de 2008, mediante el cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la mencionada abogada contra la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA; CON LUGAR el recurso de apelación; REVOCA la sentencia; CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto; en consecuencia; ORDENA la reincorporación; ORDENA el pago de los sueldos dejados de percibir; ORDENA la realización de una experticia complementaria.

La Corte declaró Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 17 de junio de 2010, por la representación judicial de la parte querellada, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Contencioso Administrativo del Estado Nueva Esparta, en fecha 4 de junio de 2010, mediante la cual se declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano ENDRICK JOSEPH FERNÁNDEZ ÁVILAN, asistido por la abogada Mercedes Marín Cardona, contra el INSTITUTO NEOESPARTANO DE POLICÍA DEL ESTADO NUEVA ESPARTA. CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto. SE REVOCA el fallo apelado. Conociendo el fondo del asunto, se declara SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.

La Corte declaró Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por el ciudadano ALEXANDER JOSÉ PALMA HENRIQUEZ, contra la sentencia del 12 de julio de 2010, dictada por el Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra el SERVICIO BOLIVARIANO DE INTELIGENCIA NACIONAL, CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto; Se REVOCA el fallo apelado; PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto y, en consecuencia, se anula el acto administrativo Nro. DG-121-09, de fecha 1º de octubre de 2009, dictado por la DISIP, únicamente en lo relativo al retiro del ciudadano Alexander José Palma Henríquez.

La Corte ordenó Notificar al FONDO DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA COOPERATIVAS Y EMPRESAS ALTERNATIVAS DEL ESTADO ANZOÁTEGUI (FONDEPMI) y a la ciudadana GLEYSI COROMOTO SALAZAR MUJICA, para que dentro de lapso de cinco (5) días de despacho, contados una vez vencidos los cuatro (04) días continuos que se otorgan como término de la distancia contados a partir de que conste en autos la última de las notificaciones, de cumplimiento a lo ordenado en la presente decisión.

La Corte declaró Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por el ciudadano JOVANNI ALBERTO RODRÍGUEZ ABAD, contra la sentencia del 4 de noviembre de 2010, dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Contencioso Administrativo y Agrario en San Fernando de Apure, que declaró improcedente la acción de amparo constitucional interpuesta contra el INSTITUTO NACIONAL DEL MENOR; CON LUGAR la apelación interpuesta; REVOCA la sentencia apelada; CON LUGAR la acción de amparo constitucional interpuesta, y en consecuencia se ordena al INSTITUTO NACIONAL DEL MENOR SECCIONAL APURE, a acatar y dar cabal cumplimiento a lo ordenado en la Providencia Administrativa Nro. 0066-08, de fecha 24 de abril de 2008, emanada de la Inspectoría del Trabajo en San Fernando de Apure, mediante la cual se declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos realizada por el ciudadano JOVANNI ALBERTO RODRÍGUEZ ABAD.