Esta Corte declaró: 1.- ACEPTA LA COMPETENCIA declinada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región de Los Andes mediante sentencia dictada el 19 de septiembre de 2011, para conocer, en primer grado de jurisdicción, del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el ciudadano HÉCTOR JULIO RODRÍGUEZ contra la Providencia Administrativa Nº UF-015, dictada en fecha 3 de febrero de 2011 por la COORDINACIÓN GENERAL DE LA UNIDAD OPERATIVA PARA LA RESERVA FORESTAL TICOPORO, DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE. 2.- ORDENA la remisión del expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, a los fines de continuar con la tramitación del recurso contencioso administrativo de nulidad.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.-SU COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por la abogada Zulay Matos Betancourt inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 77.659, actuando con el carácter de apoderada judicial del ciudadano DENYS ALBERTO ORTEGA, titular de la cédula de identidad Nº 12.398.029, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 30 de julio de 2008, que declaró INADMISIBLE la querella interpuesta conjuntamente con acción de amparo cautelar contra el acto administrativo Nº 008003, de fecha 13 de octubre de 2006, emanado de la ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE CARACAS. 2.-DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto, en consecuencia, queda FIRME el fallo apelado.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con acción de amparo cautelar por el abogado Alberto Rodríguez Campins, actuando en su carácter de apoderado judicial de los ciudadanos JUAN GÓMEZ y RAQUEL DALILA BLANCO NATERA, titulares de las cédulas de identidad Nros. 4.612.064 y 10.989.668, respectivamente, contra el acto administrativo S/N de fecha 29 de enero de 2004, emanado de la CONTRALORÍA INTERNA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL MENOR (INAM), contentivo de la declaratoria de responsabilidad administrativa y sanción de multa por la cantidad de quinientos cuarenta y nueve unidades tributarias (549 UT), de conformidad con lo previsto en los artículos 91 y 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

Esta Corte declara: Su COMPETENCIA para conocer de la consulta de Ley con motivo a la decisión de fecha 7 de junio de 2011, dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial, interpuesto conjuntamente con Amparo Cautelar por el ciudadano GIUSSEPPE DOMINGO BALBO DE LA CRUZ, asistido por la abogada Gregoriana Soto Velasco, contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN; Conociendo de la consulta prevista en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial Orgánica de la Procuraduría General de la República, CONFIRMA el fallo dictado en fecha 7 de junio de 2011 por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital.

Esta Corte declara: 1.- COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 27 de junio de 2011, por el abogado Ricardo Andrés Cruz Bavaresco, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil FERRETERÍA EPA S.A., contra la decisión dictada en fecha 20 de junio de 2011, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo del Estado Zulia, mediante la cual declaró inadmisible por caducidad el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la referida sociedad mercantil contra la DIRECCIÓN ESTADAL DE SALUD DE LOS TRABAJADORES DEL ZULIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES. 2.- CON LUGAR el recurso de apelación. 3.- Se REVOCA el fallo apelado. 4.- Se ORDENA remitir el presente expediente al Tribunal de origen, a los fines que dicte sentencia en la presente causa, a los fines que se pronuncie sobre las restantes causales de inadmisibilidad y de ser procedente continúe con la sustanciación d.....

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: 1. Ratifica la COMPETENCIA para conocer y decidir en primer grado de jurisdicción el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la abogada Luisana Guevara Pacheco, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 115.937, actuando con el carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil INVERSIONES LNH, C.A., contra el Acta de Inspección Nº CNC/IN/AI/2011/N001 y el Acta de Procedimiento número CNC/CJ/2011-001 emanadas por la COMISIÓN NACIONAL DE CASINOS, SALAS DE BINGOS Y MÁQUINAS TRAGANÍQUELES. 2. DESISTIDO el procedimiento de autos.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: 1.- Su COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación interpuesto el 25 de noviembre de 2010 por la abogada Nolybell Castro Oropeza, en su condición de representante judicial de la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SUCRE DEL ESTADO MIRANDA, contra la sentencia proferida por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 18 de noviembre de 2010, mediante la cual declaró con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana CLARA M ORTA, contra el referido Municipio. 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto, en consecuencia: 3.- CONFIRMA el fallo apelado.

Con base en lo expuesto y efectuado el análisis del contenido de la decisión apelada, esta Corte estima que la sentencia dictada el día 10 de agosto de 2011, por el Juzgado Superior Quinto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró inadmisible in limine litis el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el abogado Godofredo Campos Pérez, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano Hogo Hernández, contra el Concejo Municipal del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital, no vulnera normas de orden público ni se encuentra en contradicción con los criterios vinculantes emanados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. En tal virtud, esta Corte declara DESISTIDO el presente recurso de apelación y, en consecuencia, FIRME el fallo apelado.

Esta Corte declara: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 15 de noviembre de 2010, por la abogada Fanny Torres, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 115.500, actuando con el carácter de apoderada judicial de la parte recurrida, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte en fecha 19 de octubre de 2010, mediante la cual declaró con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano ELEAZAR GALLEGOS DE LIMA titular de la cédula de identidad Nº 348.321, debidamente asistido por las abogadas Claudia Casal Wadskier y Solange Quintero Guevara, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 41.658 y 12.027, respectivamente, contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SAN JOAQUÍN DEL ESTADO CARABOBO. 2.- DESISTIDO el recurso de apelación; 3.- IMPROCEDENTE la consulta de Ley.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por la abogada María del Valle Marcano Mota, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 112.388, actuando con el carácter de apoderada judicial del INSTITUTO MUNICIPAL DE CRÉDITO POPULAR, contra la decisión dictada en fecha 29 de junio por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital que declaró CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la Abogada Rosa Bistoché, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 21.276, actuando con el carácter de apoderada judicial de la ciudadana DEYANIRIS COROMOTO LUCERO REQUENA, contra el INSTITUTO MUNICIPAL DE CRÉDITO POPULAR. 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3.- CONFIRMA el fallo apelado.