Por las razones anteriormente expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA notificar al ciudadano PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO COJEDES -tercero coadyuvante-, y a la ciudadana PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA, para que expresen su conformidad o disconformidad respecto a la solicitud de homologación del desistimiento formulado por las partes, para lo cual se le conceden diez (10) días de despacho, más tres (3) días continuos concedidos como término de la distancia, contados a partir de la notificación respectiva; transcurrido dicho lapso, este Órgano Jurisdiccional proveerá sobre la petición de la parte demandada.

Por las razones expuestas esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, declara: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto el 5 de agosto de 2010, por el abogado Julio Tova Boso, actuando con el carácter de apoderado Judicial de la ciudadana Liris Coromoto Navarro, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Contencioso Administrativo de Circunscripción Judicial del Estado Falcón, en fecha 29 de junio de 2010, mediante la cual declaró inadmisible la querella funcionarial incoada. 2. SIN LUGAR la apelación interpuesta por el abogado de la ciudadana recurrente contra la decisión antes señalada. 3. CONFIRMA la decisión proferida por el aludido Juzgado.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto el 26 de mayo de 2010, por la abogada Marisela Cisneros Añez, en su carácter de apoderada judicial del ciudadano ELIO BARRIENTOS DELGADO en contra de la sentencia dictada el 25 de febrero de 2010 por el Juzgado Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró inadmisible el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la parte recurrente contra la MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA, con motivo de la solicitud de diferencias por ajuste de la pensión de jubilación y pago de complementos de prestaciones sociales, corrección monetaria e intereses de mora. 2. DESISTIDO el recurso de apelación. 3. En consecuencia, queda FIRME la sentencia dictada en fecha 25 de febrero de 2010.

Por las razones antes expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- Que es COMPETENTE para conocer la apelación interpuesta por el abogado Erick José Martínez Cerrada, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano ANGEL ALBERTO GOMEZ.2.- CON LUGAR la apelación interpuesta. 3.- REVOCA la sentencia apelada. 4.- ORDENA al Juzgado Superior Civil, Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, pronunciarse sobre el mérito del presente asunto.

Por las razones expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, declara: 1. Que es COMPETENTE para conocer la inhibición formulada por la ciudadana DEYANIRA MONTERO ZAMBRANO, actuando con el carácter de Jueza del Juzgado Superior Contencioso Administrativo del Estado Falcón, en el recurso contencioso administrativo de nulidad incoado conjuntamente con solicitud de amparo cautelar, por el abogado Gabriel Puche, apoderado judicial de DAMELIS IRAIDA CHIRINOS ACACIO, contra el Acto Administrativo de fecha 30 de enero de 2003, dictado por la JUEZA PROVISORIA DEL JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, AGRARIO Y DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO FALCÓN. 2. CON LUGAR la inhibición planteada. 3. Se ORDENA NOTIFICAR a Deyanira Montero Zambrano, Jueza del Juzgado Superior Contencioso Administrativo del Estado Falcón de la decisión de autos, dentro de las 24 horas siguientes a la publicación del presente fallo.

Esta Corte declara HOMOLOGADO EL DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN presentado por abogado Ángel Marot, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 22.547, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano JOSÉ ANTONIO GUERRERO ANGULO, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 263 y 264 del Código de Procedimiento Civil.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer de la apelación ejercida en fecha 15 de marzo de 2011, por la ciudadana INTA RADICA NARINESINGH RAMCHARAN, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 11 de marzo de 2011, que declaró improcedente la medida cautelar de suspensión de efectos solicitada en el marco del recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la prenombrada ciudadana contra la CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO CARRIZAL DEL ESTADO MIRANDA. 2.- PROCEDENTE la solicitud de desistimiento presentada por el abogado Jesús Eduardo Alfonso, actuando con el carácter de Síndico Procurador del Municipio Carrizal del Estado Miranda. 3.- DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto. 4.- FIRME la sentencia apelada. Se ordenó remitir el expediente al Juzgado de origen.

Por las razones expuestas esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, declara: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto el 25 de enero de 2011 por DEYSI ROSANA FLORES ZAPATA, actuando en su propio nombre y representación, contra el auto dictado en fecha 24 de enero de 2011 por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital; 2. CON LUGAR la apelación interpuesta por la abogada Deysi Rosana Flores Zapata, contra el auto dictado por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital. 3. Se REVOCA parcialmente el auto de fecha 24 de enero de 2011, dictado por el referido Juzgado, únicamente en lo referente a la inadmisión de la prueba de exhibición solicitada al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales;4. Se ADMITE la prueba de exhibición promovida y se ORDENA al Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo practicar la prueba de exhibición solicitada por la recurrente.

En virtud de los planteamientos precedentemente expuestos, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley declara: 1.- La NULIDAD PARCIAL del auto emitido por este Órgano Jurisdiccional en fecha 9 de agosto de 2010, únicamente en lo relativo a la fijación por cartelera de la boleta de notificación a las partes recurrente en virtud de no constar en autos el domicilio procesal de las mismas, así como la nulidad de todas las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al mismo. 2.- REPONE la causa al estado de que se libren las notificaciones a que hubiera lugar, para que se de inicio al procedimiento de segunda instancia establecido en los artículos 87 y siguientes de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, contado a partir de que conste en autos la última notificación de las partes.

esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto el 6 de octubre de 2010, por las abogadas Glenny Márquez y Tibisay Aguilar Hernández, en su carácter de apoderadas judiciales del INSTITUTO AUTÓNOMO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSPORTE (INSETRA), en contra de la sentencia dictada el 9 de agosto de 2010 por el Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la representación judicial del ciudadano ORLANDO VILLEGAS VÁSQUEZ, con motivo de cobro de indemnizaciones por enfermedad ocupacional agravada con ocasión al trabajo, daños y perjuicios y daño moral. 2. DESISTIDO el recurso de apelación. 3. IMPROCEDENTE la consulta de Ley con ocasión a decisión de fecha 9 de agosto de 2010.