La Corte declaró Que es COMPETENTE para conocer del recurso de apelación ejercido el 17 de diciembre de 2010, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante la cual negó la medida de embargo preventivo solicitada por la sociedad mercantil C.A. HIDROLÓGICA VENEZOLANA (HIDROVEN), contra las sociedades mercantiles SEGUROS CARABOBO C.A. y CONSTRUCCIONES SIETE Y CERO, C.A. en la demanda por ejecución de fianzas incoada. ANULA PARCIALMENTE el auto del 15 de febrero de 2011, sólo en lo que respecta a la remisión de la causa al Juez ponente, a los fines de que dictara la decisión correspondiente. REPONE la causa al estado de que se realicen las notificaciones a que hubiere lugar para que se inicie el procedimiento de la causa previsto en el artículo 87 y siguientes de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

La Corte ordenó notificar a las partes para que en el lapso de cinco (5) días de despacho siguientes, contados una vez vencidos los cinco (5) días continuos que se conceden como término de la distancia, computados a partir de que conste en autos la última de las notificaciones ordenadas, consignen ante este Órgano Jurisdiccional el medio de autocomposición procesal que consideren pertinente, y de ser el caso, manifiesten su voluntad de dar por terminada la presente causa.

La Corte ACEPTA LA COMPETENCIA para conocer y decidir la demanda por indemnización de daños y perjuicios intentada por los abogados Hans Sydow, Yolenny Ramos Hurtado y Gabriella Ducharne, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil SISTEMAS TERMINALES EDVIN YRAUSQUIN, C.A. (STEY), contra el INSTITUTO AUTÓNOMO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MAIQUETÍA (IAAIM), creado por la Ley del Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía, publicada en la Gaceta Oficial Nº 29.585 de fecha 16 de agosto de 1971, estimada en la cantidad de trescientos sesenta millones cuatrocientos ochenta y ocho mil setecientos sesenta y tres bolívares con cuatro céntimos (Bs. 360.488.763,04). Se ordenó la notificación.

La Corte declaró DESISTIDO el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por los abogados ORLANDO VIERA BLANCO y GABRIEL LÓPEZ JAÉN, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 28.840 y 62.589, respectivamente, actuando en su nombre y representación, contra la Providencia Administrativa Nº 019/09, de fecha 26 de agosto de 2009, emanada del INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL, mediante la cual declaró "(...) una serie de BIENES DE INTERÉS CULTURAL, entre los cuales incluye urbanizaciones, avenidas, parques, casas, edificios, iglesias y fachadas, entre otros, sin que conste la motivación para declarar cada uno de ellos como tal, transgrediendo de esta forma los requisitos consagrados por la Ley". Se ordenó el archivo del expediente.

La Corte declaró Ratificó la COMPETENCIA para conocer y decidir en primer grado de jurisdicción el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el abogado Henry Roberto Gutiérrez Casique, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 123.278, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil MERCANTIL C.A., BANCO UNIVERSAL, contra acto administrativo de efectos particulares contenido en la Resolución S/N de fecha 12 de mayo de 2009, emitida por la Presidencia del INSTITUTO PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS EN EL ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS (INDEPABIS), DESISTIDO el procedimiento de autos.

La Corte declaró QUE ES COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesta por el apoderado judicial del ente recurrido, contra el fallo dictado por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 20 de mayo de 2008, mediante la cual declaró con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la abogada Aura Elena Rincón de Kassar, actuando con el carácter de apoderada judicial del ciudadano ORESTES SIFONTES RIGUAL, identificados en el encabezado del presente fallo, contra el INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS). CON LUGAR la apelación ejercida. REVOCA el fallo dictado por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 20 de mayo de 2008. SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto. Se ordenó notificar.

La Corte ACEPTÓ LA COMPETENCIA para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad, incoado conjuntamente con solicitud de "medida cautelar innominada de suspensión de efectos del acto recurrido". ORDENÓ la remisión del expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Corte, a los fines de que examine los requisitos de admisibilidad del recurso interpuesto, salvo la relativa a la competencia, la cual ya ha sido analizada por esta Corte , y continuara con la tramitación de la presente causa.

La Corte declaró IMPROCEDENTE LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN DE EFECTOS requerida de conformidad con lo previsto en el artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, por el apoderado judicial de la sociedad mercantil ORGANIZACIÓN PAFI, C.A., en el marco de recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto contra el acto administrativo S/N de fecha 8 de marzo de 2010, notificado en fecha 11 de agosto de 2010, emanado del INSTITUTO PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS EN EL ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS (INDEPABIS), a través del cual se acordó sancionar a la referida empresa con multa por la cantidad de Dos Mil Quinientas Unidades Tributarias (2.500 U.T.), equivalentes a Ciento Treinta y Siete Mil Quinientos Bolívares Fuertes sin Céntimos (Bs. F. 137.500,00). Se ordenó notificar.

La Corte ACEPTÓ LA COMPETENCIA para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con pretensión de amparo constitucional. ORDENÓ la remisión del expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Corte, a los fines de que examinara los requisitos de admisibilidad del recurso interpuesto, salvo la relativa a la competencia, la cual ya ha sido analizada por esta Corte, y continuara con la tramitación de la presente causa. Se ordenó la remisión de copia certificada del presente fallo al Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Región Central

Se dictó decisión en la cual se ordenó: notificar al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes, a los fines de que en el lapso de cinco (5) días de despacho siguientes, a partir de que conste en autos la notificación del presente auto y una vez vencidos los siete (7) días continuos, que se conceden como término de la distancia, remita a este Órgano Jurisdiccional, la copias certificadas de la Diligencia suscrita por la representante judicial de la Gobernación del Estado Mérida, a través de la cual solicitó se declarara el abandono de trámite y cómputo de los días transcurridos desde la mencionada solicitud hasta el pronunciamiento realizado por el Juzgado, es decir, de los días transcurridos entre la solicitud y el auto de fecha 20 de enero de 2011, todo ello del expediente judicial contentivo de la acción de amparo interpuesta por el ciudadano Jairo de Jesús Ángulo contra la Gobernación del Estado Mérida.