Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: IMPROCEDENTE la medida cautelar solicitada por los abogados Alfredo Ramos, Luis Rafael Oquendo Rotondaro y Marisol Marques, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 13.461, 19.610 y 40.202, respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil PEPSI COLA VENEZUELA, C.A., contra el acto administrativo contenido en el auto de fecha 31 de octubre de 2001, emanado de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN EL ESTADO MONAGAS, que declaró procedente la inscripción y registro del SINDICATO DE TRABAJADORES Y DISTRIBUIDORES DE GASEOSAS Y PRODUCTOS EMBOTELLADOS, SUS SIMILARES, CONEXOS Y AFINES DE LA EMPRESA PEPSI COLA VENEZUELA C.A. DEL ESTADO SUCRE.

Esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer de la consulta de Ley con motivo a la decisión de fecha 20 de septiembre de 2011, dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró con lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el apoderado judicial de la Sociedad Mercantil SERVICIOS DE PERSONAL LA ARENISCA, C.A., contra la DIRECCIÓN ESTADAL DE SALUD DE LOS TRABAJADORES (DIRESAT) MIRANDA, DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL). 2.- PROCEDENTE la consulta. 3.- se REVOCA el fallo dictado en fecha 20 de septiembre de 2011, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, y conociendo en el fondo se declara: 4.- SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer de las apelaciones interpuestas en fechas 20 de mayo y 2 de junio de 2011, por los abogados Ramón José Gregorio Colmenares Salas, actuando en su propio nombre y Tabatta I. Borden Cabrera, actuando con el carácter de sustituta de la Procuradora General de la República, contra la decisión dictada el 26 de abril de 2011, por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante la cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el apoderado judicial del ciudadano RAMÓN JOSÉ GREGORIO COLMENARES SALAS, contra el CUERPO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, PENALES Y CRIMINALÍSTICAS (CICPC). 2. - SIN LUGAR la apelación ejercida. 3.-HOMOLOGA el desistimiento. 4.- CONFIRMA la sentencia dictada en fecha 26 de abril de 2011. Se ordenó notificar y remitir el expediente.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer de la apelación ejercida por el MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS, contra el auto dictado por Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 29 de julio de 2011. 2.- CON LUGAR la apelación ejercida. 3.- Se ANULA PARCIALMENTE el auto de fecha 29 de julio de 2011. En consecuencia: 3.1.- Se ADMITEN las siguientes pruebas documentales: A- Punto de cuenta al Vicepresidente. B- Informe del Secretario. C- Informe de la Comisión. D- Resolución que prorrogó lapso de ejecución. E- Resolución mediante la cual se conforma la Comisión. F- Punto de donde se recomienda al Vicepresidente, aprobar las jubilaciones especiales. G- Decreto Presidencial N° 7.187. H- Decreto Presidencial N° 7.283. I- Decreto Presidencial N° 7.284. J- Decreto Presidencial N° 8.223.

Se dictó decisón mediante la cual esta Corte: 1. Declaró que es COMPETENTE para conocer las apelaciones interpuestas. 2. Declaró SIN LUGAR la apelación ejercida por la representación legal de la Procuraduría Genaral de la República. 3.Declaró CON LUGAR la apelación ejercida por el apoderado judicial de la parte recurrente 4. REVOCÓ la sentencia apelada. 5. Declaró PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso cont. adm funcionarial incoado, en consecuencia, 5.1. Ordenó la reibcorporación de la recurrente, 5.2. Ordenó el pago de los sueldos dejados de percibir desde su ilegal retiro hasta su efectiva reincorporación y 5.3 Se ordenó realizar experticia complementeria del fallo. Se ordenó la notificación de las partes y a la Procuraduría del Estado Miranda y la remisión del expediente al Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte, declaró: 1. IMPROCEDENTE la solicitud de acumulación de la presente causa a la contenida en los expedientes Nº AP42-N-2010-000392 y Nº AP42-2010-000138 (nomenclatura de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo), solicitada por la abogada Mercedes Caycedo Lares, actuando con el carácter de apoderada judicial de la Sociedad Mercantil Nestlé de Venezuela, S.A. 2.Se ORDENA pasar el expediente al Juzgado de Sustanciación, a los fines que libre el cartel de emplazamiento a los terceros interesados, tal y como lo dejó establecido en el auto de fecha 11 de agosto de 2008.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer el recurso de apelación ejercido por el abogado Jean Carlos Lovera, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano RAFAEL JOSÉ FALCÓN VELASQUEZ, contra la decisión dictada en fecha 10 de febrero de 2011, por el Juzgado Superior en lo Civil Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, que declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto conjuntamente con amparo cautelar y subsidiariamente con medida cautelar innominada contra el SERVICIO NACIONAL INTEGRADO ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT). 2.- DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto. 3.- FIRME la sentencia apelada.

En el presente cuaderno separado, esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por la abogada María Olimpia Labrador, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 78.133, actuando con el carácter de apoderada judicial de la ciudadana María del Carmen Noya, titular de la cédula de identidad Nº 10.345.657, (contra los autos dictados por el Juzgado de Sustanciación de este Órgano Jurisdiccional en fecha 9 de mayo de 2012, mediante los cuales providenció las pruebas promovidas por las partes, así como las respectivas oposiciones, en el marco del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con solicitud de amparo cautelar por las apoderadas judiciales de la aludida ciudadana, contra la CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO CHACAO DEL ESTADO MIRANDA. y, 2.- Sin LUGAR el recurso de apelación interpuesto, en consecuencia, FIRME los autos apelados.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1. COMPETENTE para conocer en primer grado de jurisdicción la demanda de nulidad interpuesta conjuntamente con acción de amparo cautelar y, subsidiariamente, medida cautelar de suspensión de efectos, por el abogado Freddy Ovalles Párraga, apoderado judicial de los ciudadanos ALEXIS MÉNDEZ HERNÁNDEZ Y OTROS, contra la causa Nº 2004-2006/113-"YI HUNG_SOITAVE", de fecha 11 de agosto de 2011, dictada por el TRIBUNAL DISCIPLINARIO DEL COLEGIO DE INGENIEROS DE VENEZUELA, mediante la cual se aplicó "Amonestación Privada" a cada uno de los profesionales señalados. 2. ADMITE el recurso ejercido. Asimismo se ORDENA remitir el presente expediente al Juzgado de Sustanciación para que conozca sobre la caducidad de la acción y, en el caso de no encontrarse caduco, ordene abrir cuaderno separado a los fines de tramitar la solicitud de suspensión de efectos y la continuación del proceso. 3. IMPROCEDENTE el amparo cautelar solicitado.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró EXTINGUIDA LA ACCIÓN por la PÉRDIDA DEL INTERÉS en la acción de amparo cautelar acordado en el marco del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la abogada Silvia Manuitt Tinedo actuado con el carácter de apoderada judicial de las ciudadanas MARÍA AIDA MANUITT TINEDO y LISBETH APONTE PAZ CASTILLO, contra el acto administrativo contenido en el Acuerdo Nº 83-2001 de fecha 27 de agosto de 2001 dictado por el CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO JOSÉ TADEO MONAGAS DEL ESTADO GUÁRICO y contra los concejales del respectivo municipio: RAÚL SILVA, ELBA ATENCIO, URSULO CASTRO, CARLOS ROMERO y JOSÉ CASTILLO. Se ordenó remitir el expediente al Tribunal de origen.