En el recurso de apelación interpuesto por la Abogada Erika Díaz, actuando con el carácter de Apoderada Judicial del Municipio Páez del estado Bolivariano de Miranda, contra la sentencia dictada en fecha 22 de junio de 2009, por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante la cual declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto, por la ciudadana ALBA YARILY GAETA TORRES contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO PÁEZ DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, esta Corte dictó decisión por medio de la cual declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto. 2.- PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3.- REVOCA PARCIALMENTE el fallo apelado.

En el recurso contencioso administrativo funcionarial conjuntamente con amparo cautelar y subsidiariamente medida cautelar de suspensión de efectos interpuesto por la ciudadana Marlene Josefina Ledezma, debidamente asistida por el Abogado Luis Rizek Rodríguez, contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución Nº 074-2010, de fecha 4 de junio de 2010, dictado por la Contralora Interventora de la Contraloría Municipal del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital, esta Corte dictó decisión por medio de la cual declaró: 1. Su Competencia para conocer el recurso de apelación interpuesto; 2. Con Lugar el recurso de apelación interpuesto; 3. Anula el fallo apelado; 4. Improcedente las solicitudes de amparo cautelar y medida cautelar de suspensión de efectos.

En el presente recurso contencioso administrativo funcionarial 1.- Su COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, con sede en Maracay, estado Aragua, en fecha 7/11/2007, la cual declaró Inadmisible por haber operado la Caducidad en el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana CARMEN ELENA MONCADA, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO ARAGUA, 2.- CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto y 3.- REVOCA el fallo apelado y ORDENA a dicho Juzgado revisar las causales de inadmisibilidad con excepción de la caducidad y de ser el caso, tramitar y decidir el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.

En la demanda de expropiación interpuesta con medida cautelar innominada de ocupación, posesión, uso y administración de bienes, por el Abogado Adelso José Aranda Contreras, actuando como sustituto de la Procuradora General de la República, contra la Sociedad Mercantil Aluminio de Venezuela, C.A., esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1. Su Competencia para conocer la demanda interpuesta con medida cautelar innominada; 2. Admite la demanda; 3. Procedente la medida cautelar innominada; 4. Otorga a la República Bolivariana de Venezuela, la Ocupación, Posesión, Uso y Administración de todos los bienes inmuebles, muebles y bienhechurías pertenecientes a la Sociedad Mercantil Aluminio de Venezuela, C.A.; 5. Ordena comisionar a los Juzgados Ejecutores de Medidas de la Circunscripción Judicial que corresponda previa distribución de Ley, la ejecución de la medida acordada; 6. Ordena remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación; 7. Ordena abrir cuaderno separado.

Esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, declara: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto, contra la sentencia de fecha 29 de noviembre de 2010 dictada por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital; 2.- Con Lugar el recurso de apelación; 3.- Revoca el fallo apelado; 4.- Improcedente la medida cautelar de suspensión de efectos solicitada.

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación interpuesto en fecha 10/05/2010, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental en fecha 3/05/2010, que declaró Improcedentes las medidas cautelares solicitadas de amparo constitucional y suspensión de efectos conjuntamente con el recurso contencioso administrativo de nulidad, por la Sociedad Mercantil MIGO LARA, C.A., contra el acto administrativo de fecha 21/01/2010, del INSTITUTO PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS EN EL ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS (INDEPABIS) y 2.- ORDENA LA ACUMULACIÓN del presente cuaderno al expediente Nº AP42-N-2011-000042, de la nomenclatura de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer en primera instancia del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con acción de amparo cautelar, por la Sociedad Mercantil REPRESENTACIONES AEREOMAR AGENTES ADUANALES C.A., contra la Providencia Administrativa N° SNAT/INA/GRA-DAA-2010-026 de fecha 5/11/2010, emanada del SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT), 2. ADMITE el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con acción de amparo cautelar, 3. IMPROCEDENTE la acción de amparo cautelar solicitada y 4. ORDENA remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Corte, a los fines de que la causa continúe su curso de Ley.

En el recurso de apelación interpuesto en fecha 17 de febrero de 2011, por el Abogado Ernesto Márquez, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de la Sociedad Mercantil LITORAL PROTECCIÓN INTEGRAL C.A., contra la sentencia dictada en fecha 9 de febrero de 2011, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, mediante la cual declaró Desistido el procedimiento en el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con amparo cautelar contra el auto de fecha 7 de diciembre de 2009, dictado por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO VARGAS, esta Corte dictó sentencia por medio de la cual declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto; 2. CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto; 3. REVOCA el fallo apelado; 4. ORDENA reponer la causa.

En la Demanda por Cobro de Bolívares interpuesta por los Apoderados Judiciales de la Empresa C.V.G. Electrificación del Caroní C.A (EDELCA) contra la Sociedad Mercantil Transeguros C.A. de Seguros, esta Corte declara: 1.- Su Competencia para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de fecha 22 de mayo de 2009 dictada por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital; 2.- Con Lugar la Apelación Intepuesta; 3.- Revoca el Fallo Apelado; 4.- Ordena al referido Juzgado reponer la causa al estado de continuar con el transcurso del lapso para dar contestación a la demanda y posterior oposición o aceptación de las cuestiones previas opuesta por el demandante.

En el recurso de apelación interpuesto por el ciudadano VICENTE RAMÓN ANDARA PEÑA, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, de fecha 10 de diciembre de 2009, que declaró la Perención breve de la instancia, en el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto conjuntamente con acción de amparo cautelar, contra el acto administrativo Nº PRE 241-08, de fecha 30 de julio de 2008, emanado del Presidente de la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA (CVG), esta Corte dictó decisión por medio de la cual declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer de la apelación interpuesta; 2. CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto; 3. REVOCA la sentencia apelada; 4. ORDENA al referido Juzgado que conozca en primera instancia del recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto y se pornuncie sobre la acción de amparo cautelar solicitada.