Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer y decidir en primer grado de jurisdicción el recurso contencioso administrativo de abstención o carencia interpuesto por el SINDICATO DE MOVIMIENTO DE TRABAJADORES ORGANIZADOS DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES DE VENEZUELA (MOTORMAV), contra la omisión del DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE INSPECTORÍA NACIONAL Y OTROS ASUNTOS COLECTIVOS DEL TRABAJO DEL SECTOR PÚBLICO. 2.- ADMITE el referido recurso; 3.- ORDENA citar al ciudadano DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE INSPECTORÍA NACIONAL Y OTROS ASUNTOS COLECTIVOS DEL TRABAJO DEL SECTOR PÚBLICO, requiriéndole que informe en un lapso de cinco (5) días de despacho contados a partir de que conste en autos su citación, sobre la causa de la abstención denunciada por el demandante en el presente procedimiento. 4.- ORDENA notificar a las ciudadanas Procuradora General de la República y Fiscal General de la República.

Se dictó auto mediante el cual se ordenó solicitar al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Nor-Oriental información relacionada con la presente causa, de conformidad con lo previsto en el artículo 39 de la Ley de la Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la cual deberá ser remitida a esta Corte dentro del lapso de cinco (5) días de despacho, más seis (6) días continuos que se le conceden como término de la distancia, contados a partir de la fecha en que conste en autos el recibo de su notificación.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte ordenó oficiar al Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo de la Región Central, para en un lapso de cinco (5) días de despacho, más dos días continuos que se le conceden como término de la distancia, contados a partir de la fecha en que conste en autos el recibo de su notificación, remita información concerniente a si el lapso para el ejercicio del recurso ordinario de apelación ya transcurrió, ergo, si la sentencia está definitivamente firme o, si fuese el caso, informe si alguna de las partes involucradas en la presente causa interpuso recurso ordinario de apelación.

Esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer de la consulta del fallo dictado por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial de la Región Sur en fecha 18 de mayo de 2009, mediante el cual se declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana ELIZABETH MONTOYA PÉREZ, titular de la cédula de identidad Nº 5.361.682, asistida por la abogada Mary Graterol Petti, antes identificada, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO APURE. 2.-HOMOLOGADO EL DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN formulado por la abogada María Eloína Utrera Ramos, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado ajo Nº 134.292, actuando con el carácter de apoderada judicial de la ciudadana Elisabeth Montoya Pérez.

Se dictó mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Ratifica su COMPETENCIA para conocer y decidir la demanda por cumplimiento de contrato conjuntamente con medida cautelar de embargo; 2.- DECRETA medida preventiva de embargo sobre bienes muebles propiedad de la sociedad mercantil GRUPO SANTA INÉS, C.A, por la cantidad de NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA BOLÍVARES (Bs. 9.445.870,00); 3.- IMPROCEDENTE la medida cautelar de embargo sobre bienes muebles propiedad de la sociedad mercantil SEGUROS CONSTITUCIÓN, C.A; 4.- Se ORDENA, que se libren los Oficios y se comisione al Juzgado Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo; 5.- Se ORDENA la remisión del expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, con el objeto de que se sustancie el procedimiento establecido en los artículos 602 y 603 del Código de Procedimiento Civil.

Esta Corte declara Su COMPETENCIA para conocer de la apelación interpuesta por el apoderado judicial de la parte recurrente, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital que declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana CARMEN DOLORES FLORES, asistida por la abogada Yasmini Zambrano Fuentes, contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO CARRIZAL DEL ESTADO MIRANDA; CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto; REVOCA el fallo; PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto; ORDENA la reincorporación del recurrente; ORDENA la realización de una experticia complementaria del fallo; NIEGA lo relativo al pago del bono vacacional solicitado.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- CON LUGAR el recurso de apelación ejercido por el abogado Alberto Rivas Sánchez, actuando como apoderado judicial de la Federación Médica Venezolana; 2.- ANULA la decisión de fecha 23 de noviembre de 2010, dictada por el Juzgado de Sustanciación de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo; 3.- CONFORME A DERECHO la pretensión de cobro e intimación de costas procesales incoada por los abogados Víctor Álvarez Medina, Álvaro Ledo Nass, Gilberto Hernández Kondryn y Carlos Milano Fernández, actuando como apoderados judiciales de los ciudadanos Rosalía Dávalos Briceño, Pedro José Valente y José Manuel González, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad números 4.088.400, 4.356.765 y 2.977.128, contra la Federación Médica Venezolana; 4.-ORDENA constituir el Tribunal Retasador de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Abogados.

Esta Corte declara QUE ES COMPETENTE para conocer la apelación interpuesta por la apoderada judicial de la "ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SUCRE DEL ESTADO MIRANDA", contra el fallo dictado por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante el cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por los apoderados judiciales de la ciudadana ANA PIÑANGO PALMA contra la mencinada Alcaldía; CON LUGAR la apelación interpuesta; SE REVOCA la sentencia y conociendo del fondo; PARCIALMENTE CON LUGAR, el recurso contencioso administrativo funcionarial; ORDENA el pago de los intereses relativos a la prestación de antigüedad acumulada al 19 de junio de 1997; ORDENA el pago de los intereses de mor ; NIEGA lo relativo a los adelantos de prestaciones sociales de fechas 1º de diciembre de 2001 y 1º de diciembre de 2007 y; NIEGA los intereses sobre prestaciones sociales de fecha 1º de diciembre de 2001.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- Su COMPETENCIA para conocer de los recursos de apelación interpuestos en fechas 25 de mayo de 2011 y 6 de junio de 2011, por la representación judicial de la empresa COMPLEJO SIDERÚRGICO DE GUAYANA C.A. (COMSIGUA), contra los autos de fecha 19 de mayo de 2011 y 26 de mayo de 2011, dictados por el Juzgado de Sustanciación de esta Corte Segunda. 2.- PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto en fecha 25 de mayo de 2011 por la representación judicial del COMPLEJO SIDERÚRGICO DE GUAYANA C.A. (COMSIGUA), contra el auto dictado por el Juzgado de Sustanciación de esta Corte en fecha 19 de mayo de 2011, en consecuencia: 2.1.- Se CONFIRMA el auto dictado por el Juzgado de Sustanciación de esta Corte en fecha 19 de mayo de 2011, mediante el cual se declaró inadmisible la prueba de experticia.

Esta Corte declara: 1.- Su COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación interpuesto por la parte recurrente, contra la sentencia dictada en fecha 23 de septiembre de 2010 por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante la cual mediante el cual se declaró inadmisible el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto conjuntamente con solicitud de medida cautelar innominada por la abogada Yenny Valentina Quintero, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 53.339, actuando con el carácter de apoderada judicial del ciudadano Carlos González Parrado, portador de la cédula de identidad Nº 9.489.253, contra el Concejo Municipal del Municipio Carrizal del Estado Miranda 2. CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 1. Se REVOCA la sentencia apelada. Se ORDENA la Juzgado a quo proceda a dictar la sentencia definitiva en la presente causa.