Se dictó y publicó resolución mediante la cual, esta Instancia Sustanciadora ESTIMÓ que la competencia para conocer de la demanda de nulidad interpuesta por la ciudadana ANUSKA YARA YÁNEZ PAZ, actuando con el carácter de apoderada de la sociedad mercantil INVERSIONES MONTE ÁVILA 22, C.A, asistida por el abogado IVÁN DARÍO SEIJAS BRIZUELA, contra la nota de autenticación plasmada por la NOTARÍA PÚBLICA PRIMERA DE CARACAS, MUNICIPIO LIBERTADOR, el día 23 de agosto de 2017; signada en los registros de la Notaría con el Nº 13, inserta en el tomo 217, folios 78 al 82, así como contra el Poder otorgado por el ciudadano CARLOS ENRIQUE SANOJA MARTÍNEZ, el cual se declaró autenticado mediante nota la de autenticación impugnada, le correspondería a los Tribunales pertenecientes a la Jurisdicción Civil Ordinaria; ORDENÓ la remisión del presente expediente a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, a los fines de la decisión correspondiente.

Esta Corte declaró: PROCEDENTE la solicitud realizada por la representación judicial de la Procuraduría General de la República. DECLARA LA EXPROPIACIÓN del inmueble identificado como "´4 DE FEBRERO´ ubicado en la carretera sin nombre, extensión que abarca el Consejo Comunal 7 de Octubre, sector 4 de Febrero, población de Tinaquillo, municipio Tinaquillo, estado Cojedes", propiedad de la empresa Inversiones Tinaquillo, C.A. ORDENA a la empresa Inversiones Tinaquillo, C.A., el retiro del cheque correspondiente al pago de la justa indemnización de acuerdo a lo establecido en el presente fallo.

Esta Corte declaró: Que es COMPETENTE para conocer el recurso de apelación ejercido contra la decisión dictada por el Tribunal Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 22 de mayo de 2017, que declaró: IMPROCEDENTE la medida cautelar solicitada interpuesto por el abogado CHRALES W. FRÍAS DUARTE, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 150.328, actuando en su propio nombre y representación, contra la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTOS DE VIVIENDAS. 2. DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto y en consecuencia, FIRME la sentencia apelada.

Se dictó sentencia mediante la cual esta Corte se declaró COMPETENTE para conocer la apelación interpuesta contra la decisión dictada por el Juzgado Superior de Transición de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital el 9 de julio de 2004, que declaró con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana JHOJANA ESTHER JIMÉNEZ NODA, contra la ASAMBLEA NACIONAL. 2.- DESITIDA la apelación. 3.- Conociendo en consulta, REVOCÓ la sentencia apelada y en consecuencia, declaró SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto. Se ordenó publicar, registrar, notificar, dejar copia de la presente decisión y remitir el expediente al Tribunal de orígen.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró 1. Que es COMPETENTE para conocer el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada el 14 de noviembre de 2011, por el Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, que declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por las apoderadas judiciales de la Sociedad Mercantil FERTICAL GUAYANA, C.A., contra el acto administrativo contenido en el certificado Nº 010-10 del 9 de febrero de 2010, emitido por la DIRECCIÓN ESTATAL DE SALUD DE LOS TRABAJADORES DE BOLÍVAR Y AMAZONAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL). 2. HOMOLOGADO el desistimiento. Se ordenó publicar, registrar, notificar, dejar copia de la presente decisión y remitir el expediente al Tribunal de origen.

Esta Corte declaró: que es COMPETENTE para conocer la apelación interpuesta contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 12 de junio de 2017, que declaró con lugar el recurso interpuesto por la ciudadana MERCEDES JOSEFINA MARTÍNEZ MORENO, contra la INSTITUTO AUTONOMO DE POLICIA DEL MUNICIPIO VARGAS DEL ESTADO VARGAS. 2.- DESITIDO el recurso de apelación interpuesto. 3- PROCEDENTE la consulta de Ley y en consecuencia, CONFIRMA la sentencia apelada.

Esta Corte declaró: Que es COMPETENTE para conocer de la solicitud de expropiación formulada. PROCEDENTE la solicitud realizada por el sustituto de la Procuraduría General de la República, en consecuencia: DECRETA LA EXPROPIACIÓN del inmueble identificado como "SAN ANTONIO", ubicado en la Calle Guaicaipuro Cruce con Calle Padre Odriozola, Parroquia Cúa, Municipio Rafael Urdaneta del estado Bolivariano de Miranda, determinándose que el referido lote de terreno afectado, pertenece al ciudadano Américo Pérez, titular de la cédula de identidad Nro. V-3.663.934, ello en atención al Decreto Nº 8.892, de fecha 29 de marzo de 2012, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.896 del 2 de abril de 2012, mediante el cual "fueron creadas Áreas Vitales de Vivienda y de Residencia (AVIVIR)" .Se ORDENA a la Administración el pago de la justa indemnización de acuerdo a lo establecido en la motiva del presente fallo.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró 1. Que es COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre en fecha 1 de julio de 2015, que declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el apoderado judicial de la ciudadana SILVIA DEL CARMEN ANTUARES RODRÍGUEZ, contra el acto administrativo N° 0189, del 6 de mayo de 2013, emitido por la GOBERNACIÓN DEL ESTADO SUCRE, que resolvió suspenderla del Cargo por un lapso de 2 años sin goce de sueldo. 2. SIN LUGAR la apelación y en consecuencia, se CONFIRMÓ el fallo apelado. Se ordenó publicar, registrar, notificar, dejar copia de la presente decisión y remitir el expediente al Tribunal de orígen.

Esta Corte declaró: QUE ES COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesta por el abogado Donato Aníbal Viloria, actuando en representación de la Procuraduría General del estado Guárico, contra la decisión proferida por el Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Guárico el 4 de febrero de 2015, que declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial incoado por la ciudadana PABLA ALBIRA MÉNDEZ DE ROMERO, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO GUÁRICO. 2- DESISTIDA la apelación interpuesta. 3- PROCEDENTE la consulta de Ley y en consecuencia, CONFIRMA con las modificaciones expuestas la sentencia apelada.

Se dictó Sentencia Interlocutoria Con Fuerza Definitiva en la medida cautelar de suspensión de efectos solicitada por la ciudadana Yenni Ana Domenica Falone Rosales, actuando en su carácter de Vicepresidenta de la Sociedad Mercantil QUÍMICOS DE SEGURIDAD C.A (QUISECA), asistida por el Abogado Carlos Vicente Torrealba Tovar, contra el acto administrativo contenido en el Acta de Fiscalización sin número y sin fecha, dictada en fecha 5 de octubre de 2016, por la SUPERINTENDENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS SOCIOECONÓMICOS (SUNDDE), a través de la cual se le sancionó por el presunto incumplimiento de la providencia administrativa N° 070/2015, de conformidad con el artículo 46 de la Ley Orgánica de Precios Justos, vigente para el momento de ocurrencia de los hechos. Esta Corte declaró: 1. IMPROCEDENTE la medida solicitada; 2. ORDENA anexar copia certificada de la presente decisión al expediente signado bajo la nomenclatura Nº AP42-G-2016-000237.