En el recursos de apelación interpuesto en fecha 6 de mayo de 2013, por la Abogada Haideé de Quinterio, actuando con el carácter de Apoderada Judicial de la SOCIEDAD MERCANTIL HOTEL, BAR, RESTAURANT LA TOJA, C.A., contra el auto dictado por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 30 de abril de 2013, en el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto contra la DIRECCIÓN GENERAL DE INQUILINATO DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA INFRAESTRUCTURA, hoy, MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA VIVIENDA Y HÁBITAT, esta Corte dictó decisión por medio de la cual declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recursos de apelación, 2. ORDENA la acumulación de la presente causa AP42-R-2013-000864 a la causa cursante en el expediente Nº AP42-R-2013-001509, 3. ORDENA agregar copia certificada de la presente decisión y el cierre informático del presente expediente.

Esta Corte solicitó a la Secretaría de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, con base en lo previsto en el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, para que en el lapso de cinco (5) días de despacho, contados a partir de la fecha que conste en el expediente el recibo de la notificación a que se refiere el presente auto, remita a esta Corte: la copia certificada del expediente administrativo Nº 043-2003 cursante en el expediente judicial Nº AP42-R-2006-000135 nomenclatura de dicha Corte, correspondiente al ciudadano Alfredo Rafael Montero, titular de la cédula de identidad Nº 8.195.324.

Esta Corte dictó auto para mejor proveer a los fines que se oficie al INSTITUTO DE POLICÍA DEL ESTADO ANZOÁTEGUI, para que dentro del lapso de cinco (5) días de despacho siguientes, transcurrido como fueren los cuatro (4) días continuos por el término de la distancia, a la constancia en autos de haberse practicado la notificación respectiva, remita los antecedentes administrativo del presente caso incluyendo una relación pormenorizada de los antecedentes de servicio de la referida querellante, a tenor de lo previsto en el artículo 79 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, advirtiendo que en caso del incumplimiento de esta obligación, podrá dar lugar a la sanción de multa establecida entre cincuenta (50) y cien (100) unidades tributarias (UT).

En el recurso de apelación interpuesto en fechas 2 de octubre de 2007 y 3 de abril de 2009, por la Abogada Iris Aguilar, actuando con el carácter de Apoderada Judicial de la parte recurrida, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Central, en fecha 27 de septiembre de 2007, mediante la cual declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana EDITH APONTE contra el INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN EDUCATIVA SOCIALISTA (INCES), esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto, 2. DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto, 3. ANULÓ la sentencia dictada por efecto de la consulta y 4. SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.

Esta Corte considera conveniente notificar a los ciudadanos María Aparicio Díaz, Clorinda Contreras y Homero José González de conformidad con lo dispuesto en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, por remisión expresa del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, para que informen, en un plazo máximo de diez (10) días de despacho, contados a partir de que conste en autos el recibo de su notificación, si mantienen interés en que sea sentenciada la presente causa, así como también para que aleguen las razones que justifiquen sus inactividades, las cuales serán apreciadas y ponderadas por esta Corte, con la advertencia de que la falta de comparecencia ante este Órgano Jurisdiccional en el lapso indicado, hará presumir de pleno derecho la pérdida de interés en la misma y en consecuencia, se declarará extinguida la instancia y se ordenara el archivo del expediente.

En el recurso de apelación interpuesto en fecha 23 de abril de 2014, por el ciudadano JOSÉ MANUEL NÚÑEZ ROMERO, debidamente asistido por la Abogada Rosa Maribel Aguilera, contra la sentencia dictada en fecha 14 de abril de 2014, por el Tribunal Superior Noveno en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, mediante la cual declaró Inadmisible la acción de amparo constitucional ejercida contra el INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO, esta Corte dictó decisión por medio de la cual declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto, 2. SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido, 3. CONFIRMA la sentencia de fecha 14 de abril de 2014, por el Tribunal Superior Noveno en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital.

En el recurso de apelación interpuesto en fecha 29 de enero de 2013, por el ciudadano JULIO RAMON CASTILLO HERNÁNDEZ contra el fallo dictado por el Juzgado Superior (Accidental) en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Apure y Municipio Arismendi del estado Barinas en fecha 13 de diciembre de 2012, que declaró la Reposición de la Causa al estado de notificación de las partes en el recurso funcionarial interpuesto contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO APURE y declaró la nulidad en las actuaciones posteriores a la admisión del recurso, esta Corte dictó sentencia que declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto 2. CON LUGAR la apelación interpuesta 3. ANULA la decisión apelada

En la consulta prevista en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, del fallo dictado por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 18 de diciembre de 2013, mediante el cual declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial por el ciudadana ERIKA BEATRIZ GRANADILLO DE ALVAREZ, contra la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA por órgano del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA PLANIFICACIÓN Y FINANZAS, esta Corte dictó sentencia por medio la cual declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer de la consulta prevista en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 2. CONFIRMA con reforma el fallo, por efecto de la consulta obligatoria

En el presente recurso de apelación interpuesto en fecha 13 de diciembre de 2004, por el Abogado Alejandro Blanco Villanueva actuando con el carácter de Apoderado Judicial del recurrente, contra la decisión dictada en fecha 9 de febrero de 2004, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, que declaró Sin Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por por los Abogados Jesús Montes de Oca Escalona y Nancy Rosario Montaggioni Rodríguez, actuando con el carácter de Apoderados Judiciales del ciudadano LUBEN IOSIF DELGADO LÓPEZ, contra la CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO SUCRE DEL ESTADO MIRANDA, esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1.- SU COMPETENCIA para conocer la apelación, 2.- CON LUGAR la apelación, 3.- REVOCA el fallo y 4.- CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.

En los recursos de apelación ejercidos en fechas 28 y 30 de julio de 2009, por la Representación Judicial de la parte querellante y Apoderados Judiciales de la Contraloría y Procuraduría del estado Bolivariano de Miranda, respectivamente, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 22 de julio de 2009, que declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana YENNY COROMOTO LEÓN GUERRERO contra la CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer de los recursos de apelación ejercidos; 2. SIN LUGAR los recursos de apelación interpuestos; 3. CONFIRMA el fallo apelado.