En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer la consulta de Ley prevista en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, de la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 6/6/2011, la cual declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano CARLOS MANUEL CORDERO, contra el acto administrativo Nº D-100.300.711.2007 de fecha 28 de septiembre de 2007, dictado por el DIRECCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIO DE INTELIGENCIA Y PREVENCIÓN (DISIP) hoy, SERVICIO BOLIVARIANO DE INTELIGENCIA NACIONAL (SEBIN) y 2. CONFIRMA el fall.

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer la consulta de Ley prevista en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, de la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, en fecha 24 de noviembre de 2011, mediante la cual declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto conjuntamente con amparo cautelar y subsidiariamente medida cautelar de suspensión de efectos por el ciudadano ALÍ DANIEL RODRÍGUEZ CHIRINOS, debidamente asistido por el Abogado Gilbert Díaz, contra la providencia administrativa de fecha 26 de noviembre de 2010, dictada por la Directora General del CUERPO DE POLICÍA DEL ESTADO LARA y 2.- CONFIRMA, la sentencia sometida a consulta.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: TEMPESTIVA la solicitud de aclaratoria del fallo dictado el 9 de octubre de 2014, presentada en fecha 10 de marzo de 2015, por el Abogado Leonardo José Ospino, actuando con el carácter de Apoderado Judicial del INSTITUTO MUNICIPAL DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO DE BARQUISIMETO (IMAUBAR), que declaró Con Lugar la demanda interpuesta por los Abogados Eva González Silva y Jesús Da Silva Vásquez, actuando con el carácter de Apoderados Judiciales del ciudadano JOSÉ GONZÁLEZ CONDE, contra el referido Instituto; IMPROCEDENTE la aclaratoria solicitada.

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte ORDENA al Instituto Autónomo de Policía del estado Bolivariano de Miranda y a la ciudadana Rosalba Ofelia Rivero Amundarain, de conformidad con lo previsto en el artículo el 39 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, que en el lapso de cinco (5) días siguientes a la constancia en autos de su notificación, remitan los informes médicos consignados ante el citado Instituto por la mencionada ciudadana, así como información relevante del estatus de la querellante desde febrero de 2012 hasta diciembre de 2013, dentro del referido Instituto.

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer la consulta de Ley prevista en el artículo 72 del del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, de la sentencia dictada en fecha 10 de junio de 2014, por el Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, mediante la cual declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana YINETH ARELIS PÉREZ LARA, debidamente asistida por la Abogada María Teresa Pereira, contra la CORPORACIÓN DE SALUD DEL ESTADO ARAGUA, adscrito a la Gobernación del estado Aragua y Declara CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer la consulta de Ley prevista en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana BEIDA PÉREZ DE LAUCHO, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO ANZOÁTEGUI, 2. ANULA por orden público la sentencia consultada, 3. INADMISIBLE la solicitud de nulidad de los Decretos Nros. 65 y 118 de fechas 23 de febrero y 6 de mayo de 1999, publicados en la Gaceta Oficial Extraordinaria del estado Anzoátegui Nros. 797 y 852, respectivamente, suscritos por el Gobernador del mencionado estado, por haber operado la caducidad y 4. PARCIALMENTE CON LUGAR la querella funcionarial interpuesta.

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación interpuesto por la ciudadana LIZETTE COROMOTO HERNÁNDEZ DE NUÑEZ, contra el auto dictado por el Juzgado de Sustanciación de esta Corte el 30 de octubre de 2014, en el cual omitió pronunciase sobre las dos pruebas de exhibición promovidas en los literales "B" y "C" del Capítulo denominado "PRUEBA DE EXHIBICIÓN" del escrito de promoción de pruebas, 2. CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto y 3. ORDENA al Juzgado de Sustanciación de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo a pronunciarse sobre las dos pruebas de exhibición promovidas por el Apoderado Judicial de la ciudadana Lizette Coromoto Hernández de Nuñez, en los literales "B" y "C" del Capítulo denominado "PRUEBA DE EXHIBICIÓN" del escrito de promoción de pruebas.

En el recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido conjuntamente con acción de amparo constitucional, interpuesto por el ciudadano Rafael Simón Torres Jiménez, contra la Resolución de fecha 19 de julio de 2000, emanada del Consejo Universitario de la Universidad de Carabobo, esta Corte dictó auto mediante ORDENO notificar al Rector de la UNIVERSIDAD DE CARABOBO, para que en el lapso indicado, consigne original o copia certificada la Resolución de fecha 19 de julio de 2000, emanada del Consejo Universitario de la Universidad de Carabobo, así como copia certificada del llamado a dicho concurso y su publicación en prensa; y los demás recaudos que se indican.

En esta misma fecha, esta Corte dictó auto para mejor proveer mediante el cual a la GOBERNACIÓN DEL ESTADO PORTUGUESA, para que dentro del lapso de cinco (5) días de despacho siguientes a la constancia en autos de haberse practicado la notificación respectiva, una vez transcurrido el lapso de cinco (5) días continuos del término de la distancia, remita las antes mencionadas I Convención Colectiva del estado Portuguesa y la II Convención Colectiva de los Empleados Públicos del Ejecutivo Regional del estado Portuguesa, a tenor de lo previsto en el artículo 79 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación ejercido en fecha 28 de octubre de 2014, por el Abogado César Echenagucia, actuando con el carácter de Apoderada Judicial de la Sociedad Mercantil CONSTRUCTORA INMOBILIARIA JYE, C.A., contra la sentencia dictada en fecha 2 de octubre de 2012, por el Tribunal Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró inadmisible la demanda interpuesta contra el FUNDACIÓN CARACAS (FUNDACARACAS), 2. CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto, 3. ANULA la decisión apelada y 4. ORDENA al Juzgado A quo conceder un lapso de diez (10) días despacho, a los fines que la parte actora reforme su demanda.