-Se dictó y publicó decisión mediante la cual se proveyó sobre el escrito de pruebas presentado por el apoderado judicial de la parte actora, de la siguiente manera: En cuanto al mérito favorable de los autos se advierte que ello no constituye medio de prueba alguno, pues el Juez está obligado a pronunciarse sobre todo lo alegado y probado en las actas en base a los principios previstos en el art. 509 del CPC; Respecto al mérito favorable de las documentales indicadas en el numeral 1 del escrito, las admite cuanto ha lugar en derecho se requiere por no ser manifiestamente ilegales ni impertinentes, salvo su apreciación en la definitiva y por cuanto la misma cursa a los autos, manténganse en el expediente; En cuanto a la documentales indicadas en el numeral 2 la admite.

- Se dictó y publicó decisión mediante la cual se proveyó sobre el escrito de pruebas presentado por el apoderado judicial de la parte actora, de la siguiente manera: En cuanto a las documentales promovidas en el Capítulo I, particulares "Primero, Segundo, Tercero Cuarto Quinto y Sexto", de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil y cursantes a los folios 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, al 230 del expediente judicial este Tribunal las admite cuanto ha lugar en derecho se requiere, salvo su apreciación en la sentencia definitiva, por no ser manifiestamente ilegales ni impertinentes.

Se dictó y publicó decisión mediante la cual se proveyó escrito de pruebas presentado por la demandante de la siguiente manera: 1.En relación al mérito favorable de los autos se advirtió que lo que consta en autos no constituye medio de prueba, sino que está dirigido a la apreciación a los ppos. de comunidad de la prueba y de exhaustividad por lo que corresponderá a la CSCA su valoración. 2.En relación a las documentales promovidas y consignadas se admitieron por no ser manifiestamente ilegales ni impertinentes. 3.En relación a la prueba de informes solicitadas se admitieron, por no ser manifiestamente ilegales ni impertinentes, en consecuencia, a los fines de la evacuación de las pruebas de informes solicitadas, se ordenó oficiar a cada uno de los respectivos Presidentes de las Cámaras indicadas por la parte promovente en su escrito de pruebas, para que informen lo requerido, concediéndole a cada una de las mismas cinco (5) días de despacho.-

Se dictó decisión mediante la cual ésta Corte declaró: 1.- La NULIDAD de las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al lapso de fundamentación a la apelación. 2.- Se REPONE la causa al estado de que se notifique a las partes del presente fallo, para que una vez que conste en autos su notificación, el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN, de contestación a la fundamentación de la apelación, de conformidad con lo establecido en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró:1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial del ciudadano ALAND ALEXANDER CARTAYA GARRIDO, titular de la cédula de identidad N° 11.551.604, contra la sentencia dictada en fecha 12 de junio de 2008 por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, que declaró inadmisible el recurso contencioso administrativo funcionarial incoado por el referido ciudadano contra el INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO ZAMORA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA. 2.- CON LUGAR la apelación interpuesta. 3.- REVOCA la sentencia apelada. 4.- ORDENA remitir el presente expediente al Tribunal de origen, a los fines de que dicte sentencia en la presente causa.

1.- INCOMPETENTE por la cuantía para conocer de la presente demanda por cumplimiento de contrato interpuesta por el abogado Francisco Lepore Girón, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 39.093, actuando en su condición de representante judicial de la sociedad mercantil CONSTRUCCIONES LUIS MORO 7000 C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil VII de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 26 de enero de 2005, bajo el Nº 69, Tomo 481-A-VII, en razón del acto administrativo contenido en la Providencia Administrativa de Cierre Nº PF-CJ-0007-2009 de fecha 2 de octubre de 2009, emanada del FONDO NACIONAL PARA EDIFICACIONES PENITENCIARIAS (FONEP). 2.- En consecuencia, plantea el conflicto negativo de competencia y ORDENA la remisión del presente expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de que ésta resuelva el conflicto de competencia suscitado en el presente caso.

Esta Corte declara: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso apelación ejercido en fecha 23 de octubre de 2007, por el abogado Rómulo Hernández, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 26.318, actuando en su carácter de apoderado judicial de la parte recurrente, en contra de la decisión dictada por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 18 de octubre de 2007, mediante la cual declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos por la ciudadana MARÍA ELISA VILLALOBOS, titular de la cédula de identidad N° 4.147.659, debidamente asistida por la abogada Gloria Romero, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 30.266, contra la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO MIRANDA. 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido. 3.- Se CONFIRMA la decisión apelada.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por el ciudadano HÉCTOR LUIS PÁEZ JIMÉNEZ, , asistido por el abogado José Danilo Montes Cárdenas, contra la decisión proferida por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 8 de mayo de 2012, que declaró inadmisible el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra el SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS (SAREN), adscrito al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA; 2.- CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto; 3.- REVOCA el fallo apelado; 4.- SE ORDENA la remisión del expediente al Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso de la Región Capital, con el objeto de que revise las causales de inadmisibilidad del recurso contencioso administrativo funcionarial, exceptuando la causal analizada en la motiva del presente fallo.

1.- COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 12 de diciembre de 2011, por el abogado Jaime Ruiz, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 102.995, actuando con el carácter de representante legal de la ciudadana OBSÁLIDA JOSEFINA OCHOA DE ÁVILA, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital el día 29 de septiembre de 2011, a través de la cual declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA (DEM); 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido; 3.- Se CONFIRMA el fallo apelado.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer de las apelaciones al recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la abogada Teresa Herrera, en su carácter de apoderada judicial de la ciudadana BLANCA SEBASTIÁN DE MENDOZA, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 11 de febrero de 2008, que declaró PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial ejercido por el referido ciudadano contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS FINANZAS. 2. HOMOLOGADO el desistimiento. 3. Conociendo en Consulta se declara el DECAIMIENTO DEL OBJETO.